Los responsables de Bankia están convencidos de que se va a producir una avalancha masiva de reclamaciones por la vía civil y de sentencias favorables para los demandantes de accionistas de la entidad, apoyándose en los informes de los peritos de la Audiencia Nacional cedidos por el Banco de España en los que se afirma que las cuentas de aquel momento «no reflejaban la imagen fiel» de la entidad.
En las escasas sentencias dictadas hasta ahora sobre demandas de accionistas particulares por mala comercialización de las acciones en la salida a Bolsa (julio 2011), los jueces se vienen inclinando a favor de los demandantes y en la entidad consideran que, a raíz del informe de los peritos, las demandas van a aumentar de forma espectacular y ya no solo por mala comercialización sino por posible engaño. Y creen que los jueces tendrán pocas dudas a la hora de sentenciar.
Ahora se entienden las palabras del presidente de Bankia, Josíé Ignacio Goirigolzarri, pronunciadas la semana pasada como respuesta al informe de los peritos. Goirigolzarri no puso en duda las cuentas de la entidad pero señaló: «BFA/Bankia tiene un músculo financiero con el que podría afrontar sin necesidad de ayudas públicas que fuera puesta en cuestión su salida a Bolsa, una hipótesis muy en el aire».
Destinatarios
El mensaje tenía dos destinatarios. Por una parte, las autoridades europeas, que fueron las que autorizaron el plan de saneamiento y recapitalización de Bankia con dinero público prestado por Europa al Gobierno español, y por otro a los miles de accionistas que en 2011 acudieron a la oferta de acciones que puso en marcha la entidad presidida entonces por Rodrigo Rato. A los primeros se trataba de transmitir la idea de que el actual nivel de solvencia del grupo BFA/Bankia le permitiría hacer frente al hipotíético pago derivado de la reversión de la operación de salida a Bolsa (3.000 millones de euros) sin tener que pedir nuevas ayudas públicas.
A los segundos, casi 350.000 inversores que acudieron a la salida a Bolsa, aunque pueden ser más porque el derecho a reclamar podría llegar hasta mayo de 2012, cuando se declaró la intervención de Bankia, en definitiva les planteaba que tienen la posibilidad de iniciar un proceso de reclamación por la vía judicial. Proceso que, reconocen fuentes cercanas a la entidad, entienden puede ser claramente favorable a quienes lo inicien.
