El concurso de acreedores de Nozar ha marcado un hito en la forma de actuar de la Agencia Tributaria, que por primera vez ha renunciado a su condición de acreedor privilegiado y ha aceptado sumarse al grueso que suelen representar los acreedores ordinarios. A lo inusitado de esta decisión, se suma que Hacienda lo haya hecho en un políémico proceso, que dura ya más de cinco años y amenaza con dilatarse otros dos por la guerra judicial abierta entre la inmobiliaria, por un lado, la administración concursal, por otro, y como un grupo de entidades formado por BBVA, Popular, CaixaBank, Santander y, desde hace un par de meses, tambiíén Barclays.
Sin embargo, la decisión de la Agencia Tributaria tiene una clara explicación, y esta se resume en garantizarse el cobro de 55 millones de euros si sale adelante el convenio de acreedores propuesto por Nozar, al que se han suscrito el 73% de los acreedores con derecho de voto. Y aquí está una de las claves de la postura de Hacienda. Para lograr este elevado grado de aceptación, ha sido crucial la postura del fisco, ya que como acreedor ordinario de 88,3 millones de euros, ha votado a favor de la propuesta de la compañía, mientras que como privilegiado se ha adherido voluntariamente por otros 88,85 millones que la inmobiliaria le adeuda.
En total, Hacienda representa el 26,6% de la masa acreedora con derecho de voto y, por tanto, su postura ha sido determinante para alcanzar las mayorías exigidas para sacar adelante el convenio y el plan de pagos propuesto por Nozar, dos hojas de ruta que, sin embargo, llevan casi tres meses esperando la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. A cambio de su apoyo, la Agencia Tributaria se ha garantizado ser la primera en cobrar los pactados 55 millones, ya que el resto de acreedores se ha puesto a la cola, excepto aquellos con deudas inferiores a mil euros, que en total suman unos 50.000 euros y a los que se prevíé liquidar en el primer año.
Este esquema hace que, aunque el plan de pagos a 15 años diseñado por Nozar, con quitas de hasta el 75%, se incumpla, la Agencia Tributaria se garantiza un primer grueso que, según las fuentes consultadas, cree que no tiene garantizado cobrar si se opta por la postura defendida por los administradores concursales, para quiíénes la única salida que tiene la inmobiliaria es la liquidación.
La gran diferencia entre la postura defendida por los acreedores que se han adherido a convenio y los que no –estos últimos con el apoyo de los administradores concursales–, es que los primeros defienden tomar acciones rescisorias sobre operaciones que se llevaron a cabo con la banca, fundamentalmente daciones en pago, durante los dos años anteriores a la presentación del convenio. Dicho con otras palabras, Nozar y los acreedores que han suscrito el convenio defienden que se anulen un rosario de acuerdos que selló la compañía con diversas entidades, que esos bienes se devuelvan a la sociedad, y con ellos se haga frente a gran parte del plan de pagos previstos, entre otras, las deudas con Hacienda.
La primera administración concursal que se hizo cargo de este caso identificó cerca de 1.000 millones en acciones rescisorias, cifra que Nozar rebajó a algo menos de 750 millones, y que la nueva administración concursal, que entró en funcionamiento en septiembre de 2010, inicialmente ciñó a 34 demandas de nulidad.
Sin embargo, casi cuatro años despuíés, en julio y septiembre del pasado ejercicio, Cristina Jimíénez Savurido y Luis Aurelio Martín Bernardo, los actuales administradores, decidieron desistir de las acciones dirigidas contra BBVA y Banco Popular "privando a la empresa del ingreso de 42,5 millones de euros", según el dictamen elaborado por el catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid Prosper Lamothe, para quien esta decisión ha tenido un perjuicio económico en la masa activa de Nozar.
Acciones contra la gran banca
En el centro de la batalla que mantienen la treintena de acreedores que han firmado el convenio y los cuatro grandes opositores –BBVA, Popular, CaixaBank y Santander– está, precisamente, que el plan de pagos acordado y defendido por Hacienda se basa en retrotraer y anular acuerdos con la banca que la inmobiliaria cifra actualmente en 550 millones, aunque si finalmente recibe luz verde del juzgado a su convenio, podría quedar reducida a unos 350 millones en las negociaciones que la compañía está dispuesta a abrir con las entidades afectadas.
De hecho, de los 1.565 millones de euros en que se cifra actualmente la masa pasiva total de la compañía, cerca de la mitad, 737 millones, se han acogido a lo que en el convenio se conoce como opción 5.b, que se resume en que "sus críéditos serán satisfechos mediante su participación en los ingresos dinerarios directamente procedentes de acciones rescisorias y acciones de nulidad", un plan de acción que contempla que, como mínimo, en los primeros doce años "los fondos distribuibles (procedentes de estas retroacciones) lleguen a 100 millones".
Entre las entidades que sí se han adherido al convenio destacaban Bankia, Banco Sabadell, The Royal Bank of Scotland, CAM, Eurohypo, Deutsche Bank y Catalunya Banc, así como compañías del tamaño de Ferrovial, FCC, Dragados (Grupo ACS) o Colonial.
Ruth Ugalde
—
