No hay recortes, ni subida de impuestos", sino una revisión del gasto público que "equivaldrá al 0,6 por ciento del PIB, es decir, más o menos 10.000 millones". Matteo Renzi es famoso por sus juegos de palabras. Esta vez, sin embargo, el primer ministro italiano tuvo que hacer malabares verbales al presentar el Documento de Economía y Finanzas (DEF), un texto que debería explicar la programación económica para los ejercicios siguientes. En realidad, cada primavera se convierte en una ocasión más para cambiar las medidas económicas reciíén aprobadas por la Ley de Presupuestos.
Esta vez, si de un lado la situación internacional está ayudando a Italia (con la devaluación del euro que estimula las exportaciones y la inyección de liquidez del BCE que sostiene el consumo), del otro Renzi tiene que lidiar con una bomba de relojería puesta, entre las páginas del Presupuesto público, por el anterior Ejecutivo de Enrico Letta. El antecesor de Renzi, para demostrar frente a Europa la solidez de las cuentas italianas, había introducido una cláusula de salvaguardia en el programa de revisión del gasto: si Roma no encontrara recursos suficientes a travíés de la reducción de los despilfarros públicos, en 2016 el IVA se disparará al 24 por ciento (del 22 por ciento actual). Una patata caliente que está en las manos del primer ministro justo cuando la recuperación italiana muestra su fragilidad, tras los datos económicos decepcionantes de enero.
No habrá subida de impuestos
Renzi tiene pocos meses para encontrar los 10.000 millones de euros necesarios para evitar la subida del IVA. Sin embargo, el líder progresista ha decidido seguir haciendo lo que hace desde su toma de posesión: mostrarse optimista a pesar de que los resultados tardan en llegar. En su presentación del DEF, aseguró que no habrá subida de impuestos y prefirió llamar "racionalizacion del gasto" a los recortes necesarios para compensar la clausula de salvaguardia.
Un malabarismo verbal que no acaba de convencer a las autonomías: los ayuntamientos más grandes de Italia -a punto de fusionarse con sus provincias para formar la nueva entidad administrativa de las ciudades metropolitanas- están en pie de guerra y han anunciado que sus arcas no pueden aguantar más recortes. En una entrevista a la prensa transalpina, el alcalde de Turín, Pietro Fassino (hasta ahora muy cercano a Renzi), declaró que son los ministerios los que tienen que recortar gasto, y no las autonomías. "De 2010 a 2015 los ayuntamientos han contribuido al saneamiento de las cuentas públicas en más de 17.000 millones de euros. No podemos seguir reduciendo nuestros recursos" denunció Fassino.
El primer ministro, sin embargo, parece decidido a salirse con la suya. Al detallar los 10.000 millones en recortes subrayó que hay "espacio para ajustar hasta 20.000 millones"; un tijeretazo "que no pretende dañar a los ciudadanos, sino utilizar de la mejor manera el dinero publico". Y relanzó su apuesta al anunciar que tras la reducción de impuestos a familias y empresas, aprobada en 2014, habrá una nueva bajada de tasas en 2016. Pero esas medidas sólo son anuncios, pues el DEF es un documento de programación, sin normas vinculantes.
Mejor PIB y díéficit público
A la espera de leyes y resultados concretos, según Renzi, el porvenir de la economía italiana es de color rosa: Roma ha subido las estimaciones de crecimiento del PIB para 2015 del 0,6 al 0,7 por ciento. Según el Ejecutivo, se trata de cifras muy prudentes. El primer ministro explicó que el documento reciíén aprobado tiene "carácter expansivo" ya que permite "usar recursos para el crecimiento y respetar la regla de la deuda". En realidad, el impulso a las políticas del Gobierno vendrá de factores externos: el díéficit público, gracias a la recuperación y a la bajada de los intereses sobre los bonos del Tesoro, será este año del 2,5 por ciento.
El Ejecutivo, sin embargo, ha fijado un objetivo del 2,6 por ciento, es decir, hace hincapiíé en la coyuntura para ralentizar la reducción programada, obteniendo un pequeño tesoro de 1.600 millones para estimular el crecimiento. Lo mismo pasará con la abultada deuda, que no bajará en valor absoluto sino en relación al PIB, sólo a partir de 2018.
El esfuerzo vendrá de la venta de activos: según el DEF, las privatizaciones tendrán que recaudar dentro de los próximos cuatro años entre 25.000 y 30.000 millones de euros; 6.000 millones de nuevos recursor deberían llegar este año gracias a la venta de Correos y de participaciones en la elíéctrica Enel y la petrolera Eni.
Giovanni Vegezzi
