El problema es la soberbia ...

[OCIN]

Por...  Alberto Benegas Lynch (h)


Alberto Benegas Lynch (h) señala la soberbia de funcionarios públicos quienes, pretendiendo coordinar las vidas de otros, causan todo tipo de entuerto que luego ellos pretenden resolver arrogándose todaví­a más poder.
 
Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los siete pecados capitales se subsumen en la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones (no siempre tan ficciones) que “el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la reprensión más justificada, el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a íél […] El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que íél carece; el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros están en lugares más altos que íél”.

Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Ya de por sí­ íésta terminologí­a resulta un tanto estrafalaria ya que gobernar significa mandar y dirigir lo cual, en una sociedad libre, deberí­a estar reservado a cada cual. En este sentido recuerdo una vez más que Leonard E. Read nos enseña que, para ser preciso, se deberí­a haber recurrido a otra expresión porque la utilizada es tan inapropiada como serí­a el denominar al guardián de una empresa “gerente general” ya que la función del monopolio de la fuerza es limitarse a velar por los derechos de las personas siendo funcionarios de la población que los contratan y pagan para que le sirvan.

Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y el mandamás, en lugar de proceder como efectivo guardián de los derechos los conculca con lo que se cumple la profecí­a de Aldous Huxley en su terrorí­fica antiutopí­a, en la que muchos piden ser sometidos para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima (lo cual es infinitamente peor que el Gran Hermano orwelliano).

En todo caso, sea con Orwell o con Huxley estamos frente a una situación en donde peligra la libertad y las autonomí­as individuales frente a los crecientes zarpazos del Leviatán. Etienne de La Boíétie ha escrito que en realidad “son, pues, los propios pueblos los que se dejan o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con solo dejar de servir, romperí­an sus cadenas”.

Si observamos cada una de las intervenciones estatales que en esta instancia del proceso evolutivo tienen lugar fuera de la estricta protección a los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, concluimos que la ridí­cula y contraproducente soberbia del gobernante desconoce la armoní­a del orden natural y los consecuentes procesos espontáneos con lo que la descoordinación y los fenomenales desajustes arruinan la concordia y conducen a la miseria moral y material.

Son espectáculos dantescos que para los observadores colocan a los megalómanos en situaciones tragicómicas, mientras las cacareadas “juntas de planificación”, “consejos sociales”, “expertos en desarrollo comunitario” y demás dislates dictaminan sus estropicios con seriedad digna de un pelafustán y sin sonrojarse mientras declaman absurdos justificativos con la idea de mitigar los resultados alarmantes de su gestión en todos los ámbitos donde meten la nariz de la manera más torpe y grotesca que pueda uno imaginar. Desconocen el orden natural y pretenden sobreimprimir un desorden que ellos conciben en sus calenturientos desvarí­os.

De este enjambre nacen las expresiones rimbombantes y cacofónicas con la intención de cubrir sus despropósitos como las citadas “programación funcional equilibrada”, “planificación logí­stica paralela”, “ dirección global balanceada”, expresiones que solo pueden surgir de mentes ofuscadas y de un calado muy menor. Resulta en un teatro de muy mala calidad prestar atención a los discursos de ministros y presidentes frente a las cámaras, habitualmente en cadena nacional y con tonos elevados recurriendo a lenguaje de guerra, supuestamente para vencer a enemigos que ellos mismos crean y que todo quedarí­a tranquilo en la paz de los arreglos contractuales libres y voluntarios si  desaparecen simplemente de la escena y dejan  de provocar embrollos de diversa naturaleza.

¡Ah! se suele exclamar, esto quiere decir que hay que dejar las cosas liberadas a su suerte sin que nadie administre la asignación de recursos. Craso error, hay que dejar que cada uno administre lo suyo y no meterse compulsivamente con el fruto del trabajo ajeno. De eso precisamente se trata. Este comentario va especial aunque no únicamente dirigido a muchos colegas economistas que en gran medida de un tiempo a esta parte han sido entrenados para manipular las haciendas del prójimo. De ahí­ el chiste —en verdad no tan chiste— de una persona que presenciaba un desfile militar y constató que luego de la marcha de soldados, tanques y misiles apareció una agrupación de hombres vestidos de traje gris por lo cual le preguntó a su vecino de que se trataba. Recibió como respuesta “son economistas, no sabe el daño de que son capaces”.

En realidad el espectáculo que ofrecen los burócratas que se autoconsideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen: se dirigen a la audiencia como si estuviera compuesta por infradotados en el contexto de impartir órdenes irracionales a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre cómo deben ser los precios de bienes y servicios sin percatarse que las leyes de mercado operan por cuerda separada y que cada intromisión inexorablemente provoca daños de consideración.

Antes he ilustrado el tema con lo que en su momento ha dicho el periodista John Stossel respecto a lo que sucede con un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Stossel nos invita a cerrar los ojos e imaginar en regresión el motivo por el cual se encuentra ese bien disponible. Los agrimensores, los fabricantes de postes junto a las largas faenas de plantaciones, talas, transportes y cartas de críédito y a las muchas empresas que horizontal y verticalmente participan como proveedores de equipos, las tareas de alambrado, los plaguicidas, los fertilizantes, la siembra, las cosechadores, los caballos, monturas y riendas, todo el proceso de la ganaderí­a y el personal. Nadie salvo en la última etapa estaba pensando en el trozo de carne en la góndola. Cada uno estaba considerando su labor especí­fica aplicando el conocimiento del caso que no es compartido por otros que cuentan con informaciones distintas para sus diversos trabajos.

Todo esto es coordinado a travíés de los precios que actúan como si fuera un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuando y donde invertir o desinvertir. Pero luego irrumpen los megalómanos gubernamentales en base a que “no puede dejarse que las cosas se desarrollen por la anarquí­a del mercado”, situación en la que desaparece la carne, el celofán y frecuentemente el propio supermercado. Idíéntico fenómeno ocurre en el mercado cambiario, financiero o industrial.

Mucha razón tení­a el premio Nobel en economí­a Friedrich Hayek al titular su cíélebre libro La arrogancia fatal que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. Volviendo a Woody Allen, íéste escribe sobre quienes habitualmente se desenvuelven en esos ámbitos: “Nuestros polí­ticos son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo dí­a”. Esta decadencia solo puede revertirse instalando nuevos y efectivos lí­mites al poder para mantenerlo en brete, y de ningún modo esperar que los problemas se resuelvan con “gente buena” en el gobierno puesto que el tema no es de personas sino de incentivos que marcan las instituciones.

Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con ordenadores con gran capacidad de memoria para que los polí­ticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que, como queda dicho, no solo des-coordinan sino que sencillamente la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes.

No es para nada procedente la ilegí­tima extrapolación del denominado gobierno a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear incentivos para lograr objetivos comunes atentos al cuadro de resultados al efecto de conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias o si se yerra lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un paí­s donde sus habitantes naturalmente tienen muy diversos proyectos y metas que los gobernantes están supuestos de protegen siempre y cuando no se lesiones derechos de otros.

Si un  gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo habrá que indagar acerca de las polí­ticas dirigidas a ese objetivo que significa que favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no haber mediado la mencionada intervención. Este es el desbarajuste central de las llamadas empresas estatales: en el momento de su constitución significan derroche de capital puesto que se desví­an los siempre escasos recursos hací­a áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor (de hacer lo mismo que hubiera hecho, tampoco tiene sentido la empresa estatal).

De todo este enjambre que provoca la soberbia, se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes como “el derecho a la felicidad suprema” en Venezuela o la afortunadamente frustrada propuesta de la Asamblea Constituyente en Ecuador de establecer “el derecho al orgasmo de la mujer”. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho que significa que como contrapartida hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene en el mercado (es decir, que los congíéneres no se lo reconocen) y esto es otorgado por el gobierno quiere decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar lo cual significa que se ha lesionado su derecho por lo cual significa un pseudoderecho.

Es que incluso hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre (recordemos el Ministerio de la Verdad en plena mentira oficial), por ejemplo, el tragicómico Ministerio de Bienestar Social donde es seguro el malestar y así­ sucesivamente. El propio Ministerio de Economí­a constituye un despropósito porque es para manejar la economí­a que es precisamente lo que generan los desajustes señalados, es mejor recurrir más modestamente a la Secretarí­a de Finanzas Estatales.

En resumen, la soberbia de los funcionarios es la causa de tanto entuerto. La gente no deberí­a tolerar tanta arrogancia en el manejo prepotente de sus vidas y propiedades y tener presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal son los vecinos los que pagan ya que los burócratas nunca recurren a sus patrimonios (en todo caso, muchas veces, se llevan recursos para alimentar sus cuentas personales).