Son casi 1.000 millones los que están en juego y Telefónica no está dispuesta a renunciar a ellos. Proceden de diferencias de criterio en materia fiscal que la operadora tiene con Hacienda y que el fisco considera inaceptables. Pero Telefónica no está de acuerdo, así que ha recurrido ante el Tribunal Económico-Administrativo Central
Se trata de un litigio más que no puede resolverse por la vía del diálogo y que emprende el camino a los tribunales. Pero en este caso, nadie puede acusar a ninguna de las partes de no haberlo intentando. Y es que Telefónica y Hacienda llevan tiempo intentando convencerse el uno al otro de lo razonado de su postura. No ha habido suerte. La Agencia Tributaria ha puesto fin al proceso al negarse a aceptar los planteamientos de Telefónica, a lo que la operadora ha contestado con un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Son casi 1.000 millones de euros los que enfrentan a la primera empresa española con el Estado. Una cantidad que Telefónica quiere deducirse o no pagar en impuestos y la Agencia Tributaria le reclama, según ha desvelado la operadora en un documento oficial, y que procede de dos vías muy diferentes.
La primera viene del otro lado del Atlántico y supone dos terceras partes de la cantidad en litigio. Son unas píérdidas de 2.137 millones de euros que Telefónica acreditó en 2002 y que, según sus fiscalistas, le darían derecho a un críédito fiscal de 641 millones de euros, porque la ley española permite utilizar el 30% de los números rojos para reducir el pago de impuestos sobre los beneficios posteriores que genere la sociedad.
El problema es que Hacienda nunca ha visto claro el origen de ese ajuste negativo, hasta el punto de que Telefónica y la Agencia Tributaria llevan seis años debatiíéndolo en conversaciones más o menos formales. La primera está convencida de que tiene derecho a ello; la segunda tuvo dudas desde el inicio y al final se ha reafirmado en su negativa.
El críédito fiscal en litigio procede de operaciones empresariales que tuvieron lugar en Brasil y Míéxico. En ambos casos, Telefónica compró empresas -Telesudeste Celular en el país sudamericano y las filiales de Motorola en el norteamericano- a un precio determinado y con un pago en acciones. Posteriormente optó por seguir creciendo en esos mercados, realizó más adquisiciones y tomó la decisión de fusionar varias compañías en dos sociedades holding, que dieron lugar a la brasileña Vivo y a Telefónica Míéxico. Otra vez en los dos casos, las fusiones se realizaron con una valoración de las dos primeras adquisiciones muy inferior a la original, lo que llevó a los fiscalistas de Telefónica a acreditar minusvalías por la diferencia y a reclamar el correspondiente críédito fiscal.
Telefónica, con todo, fue prudente. La compañía lo consignó y lo peleó, pero nunca lo activó en las cuentas; es decir, nunca lo consideró un beneficio. Y no lo hizo por las dudas que desde el principio expresó Hacienda en los contactos informales que mantuvo para conocer su opinión. Ahora se ha demostrado que actuó de forma correcta, despuíés de que el Fisco haya rechazado su interpretación.
La segunda parte del litigio suma otros 346 millones de euros, que proceden de las correcciones en la cuota que la Agencia Tributaria ha propuesto tras inspeccionar las declaraciones de Impuesto de Sociedades de los últimos años de Telefónica. Proceden de varios conceptos y se deben a diferencias de criterio, no a comportamientos que Hacienda considere contrarios a la ley, según pone de manifiesto Telefónica. De hecho, no se ha impuesto ninguna sanción, lo que la operadora considera fruto del convencimiento del Fisco de que "la actuación de la compañía fue en todo momento conforme a la legislación aplicable".
Un conflicto que puede tardar años en resolverse
De los 987 millones que Telefónica le disputa a Hacienda, dos terceras partes proceden de una
operación que se realizó en 2002. Los otros 346 millones vienen de inspecciones de ejercicios
que van desde 2001 a 2004, que comenzaron en 2006 y que han concluido tras 25 meses de
investigaciones en julio de 2008, según desvela Telefónica. Han pasado ya varios años desde el
origen de los conflictos, pero es posible que pasen unos cuantos más hasta que se resuelvan.
La reclamación acaba de entrar en el Tribunal Económico-Administrativo Central, que es el último
estadio al que se puede recurrir dentro de la Administración. En tíérminos generales, si esta institución da la razón a Telefónica, la Agencia Tributaria suele desistir. Pero si gana Hacienda, a los perdedores se les abre la vía judicial con la posibilidad de recurrir a la Audiencia Nacional, lo que significa que el proceso entrará en los tribunales ordinarios, donde puede demorarse varios años.
Así ha sucedido con el último conflicto que enfrentó a Telefónica y la Agencia Tributaria. En ese caso, la cifra era bastante inferior: 140 millones en actas levantadas por la Oficina Nacional de
Inspección. La operadora recurrió al Tribunal Económico-Administrativo Central, pero perdió. Fue
en febrero de 2007. En abril de ese año acudió a la Audiencia Nacional
