El pleno del Parlamento Europeo tiene previsto votar este jueves un informe demoledor contra la especulación del urbanismo español. Los eurodiputados exigen a las autoridades públicas que pongan coto a la corrupción y a los desmanes del sector.
De lo contrario, amenazan con congelar la entrega del multimillonario maná europeo que recibe España en forma de fondos estructurales y de cohesión. Los parlamentarios españoles del PP y del PSOE intentan torpedear la iniciativa. Vermos, pero hasta el momento han fracasado.
El informe hace responsables del caos a todos los niveles de la Administración en España del caos urbanístico: Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos." Todas las administraciones han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible que ha tenido gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas", acusa. Tambiíén retrata la "lentitud desmedida" de la Justicia española y la "laxitud en los procesos judiciales".
Blanqueo de dinero, licitaciones a dedo
El informe enumera violaciones de las directivas comunitarias de adjudicaciones de contratos públicos -es decir, denuncia licitaciones a dedo-; la no aplicación de la directiva contra el blanqueo de dinero negro; violaciones de la directiva sobre evaluaciones de impacto ambiental; infracciones de las directivas que protegen la fauna y la flora en peligro de extinción y sus hábitats naturales; la deficiente utilización de la directiva para proteger a los consumidores de prácticas comerciales desleales; la falta de respeto de la directiva que obliga a relizar una gestión sostenible del agua; considera "caótica y arbitraria" la aplicación de la ley de Costas de 1988; y un largo etcíétera de cuestiones que provocan "inseguridad jurídica", un "modelo expoliador", y "una forma endíémica de corrupción".
En el punto de mira del informe está, explícitamente como primer foco de preocupación, la Comunidad Valenciana. Tambiíén se nombra a Formentera, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cabo de Gata, y Marbella.
Para no ejecutar la amenaza de congelar ayudas comunitarias, el informe reclama que en España "se lleve a cabo una profunda revisión de la legislación"; que se "deroguen figuras legales que favorecen la especulación como el agente urbanizador"; y que se "suspendan, revisen, detengan y anulen todos los planes urbanísticos" ilegales.
España ya sufrió a principios de esta díécada una congelación de fondos europeos por valor de unos 50 millones de euros por el escándalo Pallerols en Cataluña, caso en el que se desviaron ayudas destinadas a la formación profesional. Bruselas tambiíén reclama con regularidad a los 27 países de la UE la devolución de ayudas agrícolas cuyos pagos no han sido correctamente justificados o controlados.
A la altura de Rumanía y Bulgaria
Pero si finalmente se ejecutara la amenaza del Parlamento Europeo -lo que no es seguro dadas las escasas competencias de este organismo, y desde luego no sería inmediato- España quedaría a la altura de Bulgaria y Rumanía: dos Estados donde la corrupción y las mafias están tan extendidas que la UE mira con lupa los fondos que les entrega, e incluso ha llegado al extremo de suspenderlos.
El caso español ha llegado a la Eurocámara en buena parte por las miles de denuncias presentadas por extranjeros que dicen haber comprado propiedades en España de buena fe. Pero que se sienten timados porque las urbanizaciones resultaron ser ilegales y han sido expropiados.
Ciudadanos que dicen que su derecho fundamental a la propiedad privada ha sido violado; que se sienten desprotegidos; que denuncian que las autoridades públicas locales y los abogados estaban compinchados; y que reclaman que el peso de la ley no recaiga tanto sobre ellos como sobre los promotores y los constructores que los embaucaron, y las administraciones públicas que dieron pie a la situación.
