La gran baza fiscal socialista en la campaña electoral de 2008 se ha convertido en la primera víctima de los estragos presupuestarios. El Ministerio de Economía y Hacienda quiere eliminar completamente la deducción de 400 euros que desde el año pasado se aplican 16 millones de asalariados y pensionistas en el IRPF, según fuentes próximas al Gobierno. Frente a la idea inicial de conservar esa rebaja fiscal para los contribuyentes de rentas más bajas, Hacienda es partidaria de anularla y conseguir un ahorro superior a los 4.000 millones de euros anuales sin introducir grandes modificaciones en los impuestos.
En plena campaña electoral, Josíé Luis Rodríguez Zapatero decidió aligerar las retenciones de las nóminas de los contribuyentes en un momento en que las arcas públicas aún estaban boyantes. Revocar esa decisión, a la que se opuso el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, constituye una fórmula sencilla y relativamente indolora de subir impuestos. Porque eliminar los 400 euros implica elevar el IRPF, aunque sin tocar tipos ni otros elementos del tributo. La cantidad que Hacienda recupera con esa medida supera incluso la que se devolvió a los contribuyentes con la reforma fiscal de 2007.
Esos 4.000 millones representan casi la mitad del recorte del gasto que Economía planteó inicialmente para los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Se trata, por tanto, de una solución con gran impacto recaudatorio que concede un cierto margen en el complejo ejercicio de cuadrar las cuentas para el año próximo.
Pese al convencimiento de Hacienda de hacer desaparecer los 400 euros del marco tributario, el Gobierno se guarda un as en la manga que puede utilizar el Grupo Socialista en la negociación parlamentaria. Porque si los apoyos de los grupos de izquierda así lo requieren, Hacienda puede tener que ceder y conservar esa deducción para las rentas más bajas.
Otro de los elementos que ultiman estos días los tíécnicos del ministerio es cómo elevar la tributación sobre las rentas del capital anunciada por Zapatero. Una de las hipótesis es aumentar del 18% al 20% el tipo que grava todos los productos del ahorro, tanto el mobiliario (dividendos, intereses de cuentas corrientes...) como el inmobiliario (alquileres de pisos) y los fondos de inversión. El impacto de elevar dos puntos la tributación del capital no llega a los 1.000 millones de euros anuales, según fuentes socialistas. El coste político, sin embargo, puede resultar muy superior al de los 400 euros, pues la subida de impuestos es más evidente. La medida afectará a todo el ahorro -no habrá diferencias por productos-, que reportó a Hacienda más de 7.000 millones de euros el año pasado.
Si prospera esta iniciativa, será la segunda vez que el Gobierno socialista eleve la tributación sobre el capital. En la reforma fiscal de 2007 ya se subió del 15% al 18% el tipo general que se aplica a estos productos, aunque la simplificación que se realizó tambiíén supuso una rebaja en algunos casos. En general, las ganancias generadas en un año tributaban antes al tipo más alto que cada contribuyente tuviera en el IRPF, mientras que desde 2007 a todos los rendimientos del capital se les aplica un 18%.
Lo que Hacienda descarta completamente es una subida del IVA para aliviar las arcas públicas. Esta medida, reclamada por la CEOE y respaldada por algunos expertos, no es vista con buenos ojos en el departamento que dirige Elena Salgado. El argumento es que retraería aún más el consumo y afectaría de forma especial a los contribuyentes con menores ingresos.
A menos de tres semanas de aprobar los Presupuestos en el Consejo de Ministros, las opciones fiscales están más abiertas de lo que correspondería a una recta final de elaboración de las cuentas del Estado. El Gobierno necesita "elevar algo los ingresos y bajar los gastos", en palabras de un diputado socialista, para conseguir lo que parece imposible: que el díéficit de las administraciones públicas se reduzca del 10% que se prevíé alcance este año -la realidad puede superar fácilmente ese nivel- al 7,9% el año próximo.
