Retira del díéficit las cantidades que espera cobrar de las desbocadas deudas de los contribuyentes con Hacienda o los 'ajustes' pendientes de las autonomías y los ayuntamientos.
Las cuentas del Estado que presenta el Gobierno en los Presupuestos se basan en diversos ejercicios de voluntarismo. Entre otros, incluyen una rebaja de su díéficit en 45.000 millones en diversas cantidades y deudas que el Ejecutivo considera que va a cobrar, en criterios de devengo, pero que costará mucho que tenga su plasmación en criterios de caja.
Esta paradoja atañe a 4,5 puntos de PIB, e incluye las partidas que tienen que devolver las comunidades y los ayuntamientos por los excesos de las entregas a cuenta del año 2008, así como todas las partidas que tiene contabilizadas Hacienda y la Agencia Tributaria como pendientes de cobro, incluidas las que están en trámite judicial.
En un momento de fuerte caída de ingresos públicos y con un díéficit que este mismo año ya rondará el 10% del PIB (unos 110.000 millones de euros), cobrar cantidades de cualquier administración es tarea ilusoria.
Por este motivo se ha optado por posponer los pagos. Al mismo tiempo, con las empresas en cuidados intensivos y el paro desbocado, los pagos a Hacienda tambiíén se vuelven, cuanto menos, complejos y delicados. En cualquier caso, a los ojos de Bruselas el Gobierno se ha enjugado esos 4,5 puntos de díéficit, y quedarán por ver cómo se ajustan en realidad.
La deuda crece
Así, la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda asciende a 37.000 millones de euros, tal como destacó en una reciente comparecencia en el Congreso Luis Pedroche, director de la Agencia Tributaria. De esta cantidad, hay 12.300 millones se encuentran ya en la vía judicial. Desde que comenzó la crisis, el montante total se ha disparado un 70%. Además, la peticiones de aplazamiento de deuda han ascendido a 10.900 millones hasta el pasado mes de junio.
A esta cantidad hay que añadir los 7.000 millones que las autonomías tienen que devolver al Estado y los 1.500 que corresponden a ayuntamientos y diputaciones. Todos estos organismos ya han transmitido al Gobierno que no les basta con los cuatro años de prórroga ofrecidos y necesitan más.
Sobre la deuda pendiente de ingresar por el Fisco pende, además, la posibilidad de prescripción (en cuatro años por norma general), por lo que parte de ese dinero se puede perder. En esta cifra se engloban no sólo las actas fiscales impagadas, sino tambiíén las liquidadas por entes administrativos diferentes a la Agencia Tributaria, pero cuya gestión sí que va a parar a las cuentas del organismo que dirige Luis Pedroche.
Según la Memoria de 2008 de la AEAT, la deuda pendiente de gestión sólo de este organismo era de casi 12.000 millones, frente a los 10.350 del año anterior.
Además, durante los 12 meses de 2008, la AEAT cargó deudas por un valor de 6.111 millones y gestionó unos 4.690 millones, lo que da buena cuenta de que año a año se acumula un remanente y crecen las cantidades con las que tiene que bregar Hacienda. Y lo que es peor, la AEAT ha sido una de las áreas castigadas por los Presupuestos, con un recorte del 6,1% ante el que Pedroche dijo sentirse "resignado".
En agosto el díéficit público del Estado ya cabalgaba con casi seis puntos de PIB y avanzaba un difícil cumplimiento de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo (8,1% sólo para la administración central). Desde Bruselas reclaman al Ejecutivo que empiece a corregir el rumbo y muestran sus dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas españolas. Sin embargo, todo hace indicar que el Ejecutivo va a tener que dar un mayor margen a ayuntamientos y comunidades para cuadrar sus cuentas y que encara un repunte del fraude fiscal.
Además, hay otros 10.000 millones en aplazamientos de deuda que tendrán que ser tambiíén tenidos en cuenta.
La FEMP reclama 3.000 millones
El Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó ayer por unanimidad pedir a las comunidades autónomas que aprueben para 2010 un fondo 3.000 millones de euros destinado a los ayuntamientos del país. En una reunión en Dos Hermanas (Sevilla), el Consejo Territorial acordó que los ayuntamientos puedan usar este dinero de forma "incondicionada".
Así lo aseguraron en rueda de prensa el presidente de la FEMP, Pedro Castro, y el titular de la federación andaluza, Francisco Toscano, que subrayaron que esta cantidad que piden es la "mínima" y debería aportarla cada comunidad en función de su número de habitantes. Los 3.000 millones de euros, que se sumarían a los 5.000 del Fondo de Inversión Local, serían el 30% de la participación de los impuestos del Estado de las comunidades, precisó Toscano antes de reiterar que este dinero es una "asignatura pendiente" desde hace treinta años porque así lo establece la Constitución en el artículo 142.
La decisión de pedir este fondo ha sido secundada por los representantes de las 17 comunidades autónomas del Consejo Territorial de la FEMP, en la que hay dirigentes del PSOE, PP, IU, CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del Partido Aragoníés (PAR).
