Las grandes fortunas nacionales pueden respirar aliviadas. El Plan Antifraude que está elaborando el Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros el 5 de marzo excluye un endurecimiento de la fiscalidad de las sicav, el instrumento de inversión preferido por los mayores patrimonios. En vez de eso, el citado plan pretende aumentar la presión sobre el pequeño contribuyente, como ayer denunciaron los inspectores de Hacienda.
Este colectivo y tambiíén el de tíécnicos de Hacienda han pedido a la Agencia "mano dura" con las sicav, puesto que consideran que este instrumento goza de un trato fiscal privilegiado que rompe la igualdad de los contribuyentes. Pero sus peticiones no han sido escuchadas pese a que el Gobierno prometió estudiarlo e incluso lanzó varios globos sonda el año pasado en el sentido de que podría incluir un endurecimiento de su tratamiento fiscal dentro de la subida de impuestos actual (IVA, plusvalías, etc.) como medida para contentar a sus socios parlamentarios de izquierdas.
Estos globos sonda habían sembrado la alarma entre los propietarios de sicav y las gestoras y bancos privados que las comercializan, hasta el punto de que se ha iniciado un -todavía de forma incipiente- movimiento para llevarse estos vehículos a Luxemburgo aprovechando una posibilidad abierta por la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, para olvidarse definitivamente de estas amenazas a incertidumbres.
Ahora todos ellos podrán respirar tranquilos, puesto que el Ejecutivo de Zapatero no les va a meter mano en lo que queda de legislatura (salvo sorpresa que nunca se puede descartar en la situación actual del Gobierno). Ni siquiera va a meterse con la fórmula de sacar el dinero sin tributar -en teoría el rescate del dinero es lo que debe tributar- mediante reducciones de capital.
Según fuentes conocedoras de los trabajos de elaboración del plan, tambiíén ha descartado otras medidas solicitadas por los profesionales, como la creación de una policía fiscal o la reforma del ríégimen de módulos, uno de los principales focos de fraude según los inspectores. Lo más llamativo del plan será el aumento de las penas para el delito fiscal, que subirán de uno a seis años, y el alargamiento del plazo de prescripción de cinco a 10 años. Para ello, se reformarán el Código Penal y la Ley General Tributaria.
De látigo a paladín de las sicav
El director de la Agencia Tributaria -que es el órgano que está elaborando el plan-, Luis Pedroche, se ha convertido en el principal defensor de la fiscalidad de las sicav, pese a que fue el instigador de la ofensiva inspectora contra estos instrumentos en 2005, que sembró el pánico en el sector y que provocó un enfrentamiento entre Hacienda y el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe. Políémica que cerró Pedro Solbes al ponerse de parte de Conthe y reconocer la competencia exclusiva del supervisor para determinar si las sicav cumplen los requisitos para acceder a su ventajoso trato fiscal.
Este giro de Pedroche ha llegado a tal punto que, según fuentes de la Agencia, ha llegado a espetar a algunos inspectores de Hacienda que tienen envidia de los que pueden permitirse tener una sicav, y que por eso tienen tantas ganas de cambiar su tributación.
En los últimos meses se ha vivido una nueva escalada de la eterna políémica sobre si la tributación de las sicav es justa (e inevitable en un mundo globalizado) o si es una situación de privilegio de los grandes patrimonios que supone un agravio para el resto de los inversores. Es de todos conocido -empezando por la CNMV- que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos 'mariachis' (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes.
Pero tambiíén es cierto que este asunto se presta a una gran demagogia y a ese populismo de ricos frente a pobres al que tan aficionados somos en España, y que hay argumentos para defender su actual estatus: escaso impacto recaudatorio de un cambio fiscal, fuga de capitales hacia otros territorios con el consiguiente impacto en tíérminos de empleo, y que el tratamiento de las sicav es similar al de los fondos de inversión.
Más presión sobre el pequeño contribuyente
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) criticó ayer que la Agencia Tributaria les haya exigido mejorar en un 15% sus objetivos de este año con la única intención de recaudar más, lo que supondrá un fuerte aumento de la presión sobre los pequeños contribuyentes, ya que los inspectores serán instados a cerrar más inspecciones y además cobrarlas, solicitando indiscriminadamente medidas cautelares (en las que Hacienda primero cobra y, si el contribuyente gana en los tribunales, recupera el dinero a posteriori).
Según la IHE, el "desmedido afán" de la Agencia por recaudar deuda ha sido la razón por la que ha establecido estos objetivos "al margen de la realidad" e "inasumible" por el aumento de la carga de trabajo de los inspectores en un momento en que la Agencia cuenta con menos medios y su presupuesto se ha reducido, dicen, en un 6%.
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