En el mundo de la globalización, de la interconexión de culturas, de la desaparición de barreras comerciales, un líder autonómico español -Alberto Núñez Feijóo- propone fusionar cajas de ahorros en base a criterios de "galleguidad". Caixa Galicia y Caixanova alcanzaron anoche un principio de acuerdo que acabará en la vicaría. Y la Xunta le concedió todas sus bendiciones, no porque la unión díé lugar a una entidad robusta en lo financiero, con márgenes de negocio espectaculares y ventajas competitivas para sus clientes, La fusión se llevará a cabo para que "Galicia permanezca en el mapa financiero de España", en palabras del mismísimo presidente del Gobierno regional.
Mientras media Europa consensúa normas financieras comunes que mejoren la transparencia y la eficiencia de los mercados, en nuestro país varios líderes autonómicos se emplean a fondo en involucionar. Y desaprovechan una oportunidad quizá irrepetible -la propia crisis- para sanear el politizado y desprestigiado sector de las cajas de ahorros. No sólo eso, mensajes como el de Feijóo contribuyen a aumentar aún más el descríédito de unas entidades necesarias e irremplazables, que conceden el 50% del críédito en España y -nunca hay que olvidarlo- desempeñan una importantísima -y desconocida- labor social.
Pese a las reiteradas peticiones de todos los organismos independientes (con el Banco de España a la cabeza), que exigen fusiones rápidas para desbloquear la circulación del dinero, sólo ha habido una unión entre cajas de distintas autonomías: la de Caja Sol y Caja Guadalajara. A íésta habría que sumarle la alianza amistosa entre Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, que les permitirá operar en bloque pero sin firmar el matrimonio.
El resto sigue oponiíéndose. La resistencia llega al extremo de que cuatro Gobiernos autonómicos -Madrid, Cataluña, Extremadura y Galicia- han recurrido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), avalado con dinero público, pactado entre el Gobierno y la oposición (todo un hito en medio de tanto garrotazo) y aprobado, precisamente, para ¡salvar a las entidades con problemas!
Ni las autonomías son un cortijo ni las cajas su sumiso banco. ¿O sí? Un reciente informe de la London School of Economics calculaba que la politización eleva la morosidad de estas entidades en más de 12.000 millones de euros. No es que la participación de políticos en sus órganos de Gobierno tenga un coste. Lo que genera un agujero es la toma de decisiones en base a criterios regionalistas y partidistas, cuando no personales, y no estrictamente financieros, como debería ser.
Ese es el precio de la galleguidad. O de la catalanidad. Mientras tanto, cientos y cientos de pymes, y miles y miles de autónomos, siguen claudicando por la falta de financiación. Porque quienes mandan en su caja de ahorros de toda la vida tienen cosas más importantes que resolver. ¿Defensa de la identidad regional o paletismo sin más? Póngale usted el calificativo.
