La patronal de los bancos ha transmitido al Gobierno que se trata de una medida intervencionista y que supone volver a la etapa de tipos regulados.
La banca no quiere que el Gobierno intervenga en sus precios. Las entidades se han posicionado –con matices entre ellas– en contra del proyecto del Gobierno para desincentivar la comercialización de depósitos a plazo con una alta remuneración y, de esta forma, frenar una segunda oleada de la guerra del pasivo. El Ejecutivo quiere que las entidades que ofrezcan estos productos hagan aportaciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos.
La Asociación Española de Banca (AEB) ha transmitido al Ejecutivo en sus alegaciones a esta norma su oposición frontal al proyecto. Consideran que se trata de una medida “intervencionista†y supone un paso atrás en el sector financiero, ya que se asemeja a la etapa de tipos regulados de la díécada de los ochenta.
Opinión a favor
La nota discordante a esta opinión del sector la puso la semana pasada el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, quien señaló (despuíés de que la AEB presentara al Gobierno sus alegaciones) que está a favor. Si un banco o una caja asume más riesgo, debe pagarlo, sentenció el banquero del primer banco español.
Las cajas, por su parte, ponen el acento en la dificultad de aplicar esta limitación a los superdepósitos y en las distorsiones a la libre competencia que puede generar. Según varias entidades consultadas, la aplicación de esta penalización puede beneficiar la estrategia de pasivo de entidades que tienen sucursal en España (operan en el mercado, pero no están sometidas a la supervisión del Banco de España) ya que no están obligadas a hacer aportaciones a los fondos de garantía españoles, sino a los de sus respectivos países.
En esta situación están las filiales españolas de ING y Banco Espirito Santo.
Las cajas consultadas están de acuerdo con la filosofía de la medida: las entidades que asumen más riesgo deben pagar más por cubrirlo. No obstante, apuntan que si se articula mal la normativa podría producirse un injustificado control de precios.
Por este motivo, esta parte del sector financiero ha solicitado al Ministerio de Economía que afine su propuesta, que se inspira en una directiva europea sobre esta materia. No obstante, el regulador español tiene cierto margen de discrecionalidad para su aplicación.
Economía quiere que las entidades que comercialicen productos que superen el euribor a seis meses en 150 puntos básicos tengan que aportar más al fondo de depósitos, que tiene como función cubrir futuros quebrantos en las entidades. Ahora mismo, entrarían en esta categoría las entidades que remuneren su pasivo por encima del 3,18%. En esta situación se encuentran entidades como Banco Pastor, CAM, CatalunyaCaixa o Novacaixa, entre otras.
La guerra del pasivo se desató en marzo de 2010 ante las dificultades crecientes de la banca española para financiarse en los mercados mayoristas. Banco Popular fue el primer en lanzar un depósito del alta remuneración (al 3,75%). No obstante, fue Santander el que dio el golpe de gracia al mercado al comercializar un producto al 4%. El máximo lo alcanzó CatalunyaCaixa en octubre, con un depósito al 4,75%.
La fuerte competencia por los depósitos el pasado ejercicio ha sido una de las causas que el negocio básico de la banca (lo que ingreso por el dinero prestado menos lo que le cuesta financiarse) se haya resentido mucho, obligando a las entidades a rebajar sus costes para ganar rentabilidad.
El Gobierno prevíé aprobar la medida “en las próximas semanasâ€
Pese a las críticas del sector bancario, el Gobierno se propone aprobar la norma que controlará los precios de los depósitos a plazo de las entidades “en las próximas semanasâ€. Así lo confirmó ayer el secretario de Estado de Economía, Josíé Manuel Campa, quien justificó la medida argumentando que, en un escenario de riesgo, existe un “incentivo perverso†a las entidades para que comercialicen depósitos de alta remuneración ya que cuentan con la protección general del Fondo de Garantía de Depósitos.
Esta bolsa, a la que las entidades realizan aportaciones monetarias periódicas, cubre quebrantos en los depósitos de hasta 100.000 euros por cliente. El Ejecutivo quiere que las entidades que remuneren su pasivo 150 puntos por encima del euribor a seis meses, hagan aportaciones adicionales. De esta forma, se desincentiva la guerra del pasivo.
Reestructuración
Campa, que compareció ayer en la Comisión de Economía del Congreso, señaló tambiíén que es importante que el proceso de la reestructuración de las cajas “acabe cuanto antes†y que se haga con “un elevado grado de captación en el mercadoâ€, lo que les ayudará a mejorar la credibilidad al sector. El Gobierno ha puesto a disposición del sector bancario 15.000 millones de dinero público para mejorar su solvencia. De momento, sólo CAM, CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia van a recurrir a las arcas públicas.
La propuesta
El Ejecutivo ha aprovechado la aplicación de una normativa europea para introducir esta medida que desincentiva las ofertas de superdepósitos.
Los bancos se han posicionado en contra, ya que consideran que trata de una medida intervencionista de control de precios en las entidades.
Las cajas han puesto el acento en la dificultad de aplicar este control y en la ventaja que supone para entidades que no tienen que aportar al Fondo de Garantía.
Si se aplicase la medida ahora, estarían penalizados todos los superdepósitos que ofreciesen más de una TAE de 3,18%.
Las entidades han recurrido a los depósitos ante las dificultades que han tenido durante la crisis para financiarse en los mercados.
