España dice que hace todo lo que debe para proteger sus empresas en Argentina
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josíé Manuel García-Margallo, aseguró que el Gobierno "está haciendo lo que debe hacer" para defender los intereses de las empresas españolas en Argentina, pero evitó entrar en ningún tipo de detalle.
"El Gobierno está preocupado todos los días por los intereses de las empresas españolas en Argentina y en cualquier otra parte del mundo, y la defensa de los intereses españoles (...) pasa por mantener discreción sobre las gestiones que se hacen", subrayó García-Margallo en una rueda de prensa.
El ministro respondió así al ser preguntado por una información publicada hoy por el diario "El País", según la cual el Ejecutivo español teme por la situación de compañías como Repsol-YPF en un supuesto cambio de la política de las autoridades argentinas hacia estas corporaciones.
"Puedo garantizar que la preocupación es 24 horas y 7 días a la semana" en defensa de los intereses españoles, puntualizó García-Margallo, e insistió en que "lo que hay que hacer es mantener discreción sobre lo que está pasando".
"Pero sí le garantizo que el Gobierno está haciendo lo que debe hacer", apostilló.
En los últimos días, el Ejecutivo argentino ha aumentado la presión sobre la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.
El último episodio fue el intento de incluir a funcionarios gubernamentales en la reunión del directorio de la compañía.
El incidente, registrado la pasada semana, suma un peldaño a la escalada de tensión entre el Gobierno y la petrolera, que controla Repsol, con el 57,43% de las acciones, pero está operada por el grupo argentino Petersen (25,46%).
Las autoridades argentinas responsabilizan a la empresa por los problemas de abastecimiento de combustible, la caída en la producción y la falta de inversiones, pese a que YPF duplicó sus inversiones en Argentina el pasado año en exploración y refino.
Quita de incentivos, amenazas de multa y sanciones a YPF por parte del Fisco se han sucedido desde el inicio de este año, con una píérdida en el valor de la acción de la petrolera que acumula desde entonces casi un 5%.
En el sector circulan además rumores nunca confirmados ni desmentidos de una posible nacionalización de la empresa por parte del Estado, actual titular del 0,02 % de las acciones de YPF, pero con derecho a participar de las decisiones del consejo de dirección y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.
Mientas, el Gobierno de Buenos Aires asegura que "no amenaza" a YPF, sino que le exige el cumplimiento de las leyes en defensa de los intereses del país
