La Administración pública sigue adeudando centenares de millones a grupos de construcción y servicios a travíés de organismos que, como las mancomunidades y consorcios, quedaron fuera del plan de pago a proveedores. Algunas de las mayores empresas están reabriendo el debate de la morosidad y preparan un frente de presión en el seno de CEOE.
Los mayores proveedores de servicios a la Administración, entre los que están las constructoras cotizadas, han agradecido de forma clara y manifiesta el plan de pago a proveedores ejecutado por el Gobierno. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han podido actualizar facturas pendientes, pero las empresas siguen reclamando deudas de muy dudoso cobro.
Son las que acumulan entidades públicas que no fueron incluidas en las leyes 4/2012 y 7/2012, como mancomunidades de servicio público en las que se agrupan varios ayuntamientos, consorcios, universidades, hospitales y un largo etcíétera. Para combatir el problema se están calentando motores en CEOE. Fuentes empresariales aseguran que a mediados de mes la patronal reabrirá el debate de la morosidad de la Administración, exigiendo el pago y reformas legislativas que impidan que el sector privado se convierta en financiador de los gobiernos municipales y autonómicos.
El presidente de ACS, Florentino Píérez, es uno de los notables de la economía que han aplaudido las virtudes de la inyección de liquidez que ha llegado a grandes compañías y pymes. Sin embargo, pide en público al Ministerio de Hacienda que los excedentes del plan anterior se apliquen ahora a cubrir estas otras deudas. Su empresa tiene 300 millones pendientes de cobro, principalmente de mancomunidades.
Antes del verano afloraron deudas comerciales de ayuntamientos por 9.263 millones y de Comunidades Autónomas por 17.718 millones. Las facturas que recopiló el ministerio de Cristóbal Montoro ascendían a 27.000 millones, mientras el fondo que debía cubrir este agujero disponía de 35.000 millones captados por el Instituto de Críédito Oficial (ICO) entre 26 entidades financieras. Tal y como ha venido informando CincoDías, Hacienda ha buscado fórmulas para ampliar el pago a proveedores aprovechando el citado remanente, pero estas no se han fijado aún.
Frente común
A las empresas les preocupan tres cuestiones fundamentales en torno a la deuda comercial de la Administración: las facturas aún pendientes; unos plazos de pago que vuelven a acumular retrasos a lo largo de 2012, y la falta de una normativa -a la vista del incumplimiento de las leyes de Morosidad y de Contratos del Sector Público- que evite la creación de una nueva ola incontrolable de impagos.
Sobre la mesa del Gobierno están la necesidad de la citada normativa e incluso la reestructuración de la Administración pública, pero las empresas afectadas quieren soluciones antes de que finalice el año y será la CEOE quien se moje en ese empeño. La Comisión de Economía de la patronal, presidida por Josíé Luis Feito, tiene un grupo de trabajo sobre la morosidad en el que se integra a Cepyme. En cuanto a la Comisión de Concesiones y Servicios, que lidera Julián Núñez, elabora un informe sobre financiación de obras y servicios públicos centrado en el problema de los impagos. Ambos grupos trabajan ahora coordinados para tratar de impulsar cambios normativos que acaben con una realidad que está restando competitividad al tejido empresarial español.
Inversión
La ministra de Fomento, Ana Pastor, recalcó ayer que tras la presentación del plan de infraestructuras Pitvi en el Congreso, hecho que se espera este mes, se abrirá un proceso de participación pública y se contará con la opinión de las comunidades autónomas para completar esa hoja de ruta. Pastor anuncia nuevos modelos concesionales y avanza que buena parte de la financiación privada deberá apoyarse en los bonos de proyecto a falta de críédito bancario.
Más de 700 millones por cobrar entre las cotizadas
Las mayores constructoras del país, a su vez prestadoras de servicios de limpieza, recogida de residuos, cuidado de zonas verdes y gestión del agua, se llevaron gran parte del reciente plan de pago a proveedores enfocado a ayuntamientos y comunidades autónomas. ACS cobró 1.225 millones en el primer semestre; FCC registró la entrada de 1.217 millones de euros, Ferrovial captó 683 millones hasta el 30 de junio (499 millones en la división de Servicios y otros 184 millones para Construcción); y Sacyr ingresó 259 millones. Con una presencia más modesta en servicios urbanos, las cifras de Acciona y OHL eran menores. Las cantidades percibidas no han alimentado las cifras de ingresos, ebitda o beneficios, ya que se ha tratado de entradas que convierten circulante en caja. En muchas ocasiones esta se ha destinado a la reducción de deuda.
Ahora es Florentino Píérez quien se ha puesto al frente de la manifestación reclamando que el remanente del fondo de pago a proveedores cubra las deudas de otras entidades públicas. ACS reclama 300 millones en impagos a las mancomunidades, según dijo el propio Píérez el pasado viernes ante los analistas de Bolsa. Pero no es caso único. FCC tiene cuentas pendientes con este tipo de organismos por unos 250 millones; distintas fuentes cifran en más de 100 millones las facturas en manos de Ferrovial que no tuvieron cabida en el anterior plan de Hacienda, y la deuda que reclama Sacyr está por debajo de 20 millones. Solo estos cuatro grupos cotizados se acercan a los 700 millones por cobrar. Una cifra que van a reclamar al ministerio de Cristóbal Montoro a travíés de la patronal CEOE.
