Centrales sin utilizar por falta de demanda elíéctrica, más impuestos a la generación… La crisis y la última reforma energíética del Gobierno amenazan con empezar a cobrarse víctimas. Los ciclos combinados, alentados por el Ejecutivo popular en el arranque de siglo para garantizar el suministro, apenas funcionan en lo que llevamos de año a un 20% de su capacidad, lejos del 50% que necesitan para ser rentables. “La situación irá a peor y se va a poner en riesgo que instalaciones cierren o se desmantelenâ€, explicaba ayer en un encuentro con periodistas Marta Margarit, secretaria general de la patronal del gas (Sedigás). Y apuntaba a un conflicto en ciernes entre empresas y Red Elíéctrica (REE), reacia a permitir que se liquiden plantas.
“¿Candidatos a cerrar? Hay que preguntar a REE y que diga cuáles son los que se pueden cerrar y cuáles no. Su respuesta hasta ahora está siendo que no puede prescindir de ninguno. Y no es una decisión propia del ciclo, sino que se precisa una autorización administrativa. En los próximos meses veremos, pero no me puedes obligar a perder dineroâ€, zanjó Margarit. Se trata, en todo caso, de consultas preliminares, sin que de momento se haya producido ninguna petición formal, como matizó Sedigás y confirmaron las empresas consultadas. La responsable de la asociación, que incluye a las grandes compañías del sector, llegó a apuntar que habrá firmas que se planteen trasladar sus plantas a otros países.
Las elíéctricas han culpado tradicionalmente del parón de sus ciclos al boom de las renovables, que tienen prioridad de entrada en el sistema y detienen esas instalaciones, que quedan como mero back-up o respaldo para garantizar el suministro. Eso sí, la pelea de las compañías en los últimos años ha pasado porque se les retribuya la disponibilidad por si las energías limpias fallan. Lo consiguieron en la última parte del mandato del PSOE, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio. De hecho, el extitular de Industria no sólo incrementó los denominados pagos por capacidad para cubrir picos de demanda, sino que incluyó como receptor de los mismos a las centrales hidráulicas.
Claro que la alegría no fue completa. Y es que fue precisamente esa una de las partidas que tocó Josíé Manuel Soria nada más llegar al Ministerio, apenas meses despuíés, en su intento de atajar un díéficit de tarifa fuera de control, superior a los 24.000 millones. El ministro redujo esos pagos por garantía de suministro en un 10%, en volumen unos 84 millones de euros. El argumento esgrimido desde el frente contrario, desde tecnologías como la fotovoltaica o la termosolar, es que nadie obligó en su día a compañías como Gas Natural a acometer ingentes inversiones en ciclos combinados y que deben asumir el riesgo de ese desembolso.
En este escenario, la cuestión es cuánto pueden –o quieren- resistir las empresas. Como adelantó El Confidencial en abril, GDF Suez Energía España se planteaba entonces desinvertir en España ante el caos regulatorio en que se mueve el sector y a la vista del desempeño de sus ciclos combinados. “En Cartagena [el factor de carga] está en un 9%, mientras que la de Castelnou está paradaâ€, se lamentaba Loreto Ordóñez, consejera delegada de la firma en España. Hace apenas un mes, la compañía cumplía su amenaza y ponía a la venta parte de sus activos en la península. La compañía gala encargaba a Sociíétíé Gíéníérale la búsqueda de inversores para adquirir el 51% de sus dos ciclos y sus cuatro parques eólicos en un plan de desinversiones de 3.000 millones.
Falta de planificación energíética
“Es verdad que estamos en uno de los momentos de mayor exceso de capacidad. Pero lo que no se entiende bien es que se sigan primando proyectos termosolares y tengamos ociosa capacidad instalada más barata, como es el caso de los ciclos combinados –argumentan fuentes del sector-. Si se plantean solicitudes para cerrar estas instalaciones, lo normal es que REE realice un informe de la zona y decida si es necesario su mantenimiento para garantizar el suministro, que es lo primero. Otra cosa es que se eche de menos una planificación energíética. Vivimos en la incertidumbre sobre la incertidumbreâ€. Fuentes de REE no aclararon a este diario si existe un procedimiento tasado para responder a una demanda de cierre.
Margarit añadió que las instalaciones de cogeneración tambiíén están en peligro, incapaces de soportar el nuevo impuesto del 6% a la producción elíéctrica, al que se une el cíéntimo verde del 7% para el gas. Su esperanza es que el Gobierno acceda a rebajar ese gravamen “al mínimo de la directiva europea†durante la tramitación de la norma en el Senado. Según expuso la secretaria general, el impuesto supone “cuatro veces†ese umbral mínimo. “La subida de ese coste va a suponer el cierre o la deslocalizaciónâ€, remató, al tiempo que se quejaba de que el sector del gas aportará el 24% de la recaudación vinculada a los nuevos tributos. Y zanjó: “La reforma no es una reforma. Es un proyecto de ley recaudatorio. De hecho, se sigue generando díéficitâ€. Y, con el problema de fondo intacto, vaticinó una segunda reforma fiscal el año próximo.
