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Autor Tema: Holdouts: La alternativa de un nuevo default...  (Leído 168 veces)

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Holdouts: La alternativa de un nuevo default...
« en: Noviembre 28, 2012, 06:35:53 pm »
Por...  Híéctor Giuliano 





El nuevo fallo del juez Griesa contra la Argentina actúa como detonante de una situación financiera explosiva para la administración Kirchner: el dilema de blanquear o no un nuevo default.
 
El pedido de embargo de la fragata Libertad en Ghana, pese a su gravedad intrí­nseca, es un problema comparativamente menor por su alcance que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que avaló la sentencia Griesa en otra causa de Fondos Buitre por reclamo de holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010). Y la sentencia ejecutiva ulterior de Griesa, del 21.11, amenaza ahora desbordar el tema.
 
Esta nueva nota sobre el asunto busca entender las alternativas que se presentan con el nuevo fallo Griesa y las opciones que tendrí­a nuestro paí­s ante los nuevos acontecimientos que se están produciendo, si bien todo lo que pueda decirse al respecto está condicionado por el secreto que rodea siempre lo vinculado al real estado de situación del endeudamiento público argentino.
 
Alcances del fallo Griesa
 
El hecho que una parte de los holdouts no adhiriera al Megacanje 2005-2010 e iniciara juicios contra la Argentina en el exterior, el hecho que la administración Kirchner dejara “en el limbo” el tratamiento de estos holdouts, el que no se intentara efectuar al menos depósitos en consignación equivalentes a los de los bonistas que sí­ entraron en el canje y el hecho que el paí­s no dejara abierta la puerta de nuevos canjes ví­a suspensión de la Ley Cerrojo 26.017 suponí­an ya una exposición bastante seria, desde el punto de vista legal, para esta administración.
 
Y que todo ello ocurriera mientras el gobierno seguí­a proclamando y efectivizando su “vocación pagadora” a ultranza de los servicios de la Deuda Pública y jactándose de una posición fiscal supuestamente favorable mientras su argumento legal sigue basándose en la situación de Emergencia Financiera de la Ley 25.561 y conexas, exponí­a además a nuestro paí­s a que, temprano o tarde, esos juicios le iban a ser desfavorables.
 
Si no se planteaba la cuestión de la ilegitimidad de la deuda pese a las cuatro investigaciones legales en curso –Olmos I (con sentencia en firme), Olmos II, Megacanje y Denuncia contra los altos funcionarios responsables del endeudamiento argentino– si no se determinaban claramente los lí­mites de la solvencia fiscal para poder afrontar la deuda que resultase legí­tima según tales investigaciones y si no se juzgaba a los funcionarios superiores intervinientes y a los corresponsables internos y externos de las operaciones irregulares y fraudulentas del endeudamiento contra el Estado Argentino, cualquier estrategia de fondo estaba perdida de antemano.
 
Los resultados desfavorables de tales juicios eran sólo una cuestión de tiempo porque los fallos pendí­an como una “espada de Damocles” sobre el gobierno argentino, una espada que ahora parece estarle cayendo encima.
 
Las sentencias en Nueva York contrarias a la Argentina habrí­an venido así­ a poner fin a esta situación.
 
El nuevo fallo Griesa del 21.11.2012, despuíés del aval obtenido de la Cámara de Apelaciones, reitera otro suyo anterior del 23.2 de este mismo año que da la razón completa a los Fondos Buitre litigantes (NML-Singer y otros) obligando a la Argentina a pagar el 100 % del Valor Nominal de los bonos reclamados, más los intereses desde el default de fines de 2001 y sus costas.
 
En este caso, la resolución del juez favorece a los acreedores por 1.450 MD[1] (1.333 MD por Capital y 117 por Intereses) pero esta sentencia abre la puerta inmediatamente a que, por conexidad, sea generalizada a todos los holdouts una vez sentada jurisprudencia.
 
Pero existe un agravante –ya analizado en trabajos anteriores– que potencia los efectos de esta sentencia y es que, aparte de la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana por parte de todos los gobiernos argentinos –desde el Proceso Militar hasta la fecha– la administración Kirchner incorporó además, en el Megacanje 2005, la Cláusula del Acreedor más favorecido, que establece que si a posteriori del canje nuestro paí­s concedí­a a los bonistas que no entraron en dicha reestructuración de Deuda (los holdouts) condiciones más favorables que a los que sí­ lo hicieron, tales ventajas deben ser extendidas a la totalidad de quienes ingresaron.
 
Ello significa que si las condiciones de los juicios perdidos entran bajo esta cláusula – cosa que puede ser discutible pero que es válida en principio (hasta el año 2014) – los montos a pagar por la Argentina se multiplicarí­an y el paí­s entrarí­a en un nuevo default por imposibilidad de pago.[2]
 
Se reitera y destaca que la Cláusula del Acreedor más favorecido es nueva y fue incorporada por la actual administración con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005.
 
Pero volviendo al fallo del juez Griesa y a su interpretación cabe hacer algunas observaciones y comentarios más.
 
Desde un punto de vista “beníévolo” el duro fallo del juez Griesa pareciera resultar explicable por varias razones concurrentes: a) la píérdida de paciencia frente a demandas que se estiran indefinidamente, b) las imprudentes declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y el Ministro de Economí­a Lorenzino amenazando desconocer los fallos, y c) la inconsistencia de la posición adoptada por la Argentina – asistida por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York – en el sentido, ya citado, de dejar indefinidamente impagos los bonos de los holdouts.
 
Pero, por otro lado, resulta rara o sospechosa cierta parcialidad del juez contra la Argentina, por otras razones[3]: a) la contundencia o impulsividad en la forma de manifestar su enojo por las declaraciones del gobierno Kirchner, b) un paquete de medidas muy duras, como son la extralimitación de disponer la sentencia y la ejecución de la sentencia a la vez, la fijación de un plazo perentorio (el 15.12, fecha en que deben abonarse unos 3.500 MD por cupones ligados al PBI) y por la totalidad del importe para el depósito de garantí­a, la aplicación de una cláusula aceleratoria a los reclamos acreedores (pago de la totalidad de los bonos y no solamente de los vencimientos hasta la fecha), además de interferir en los pagos de los bonistas que sí­ entraron en el Megacanje 2005-2010 (que afecta derechos de terceros); y c) una posible intencionalidad polí­tica, vinculada con el agravamiento de la situación financiera y polí­tica interna del gobierno Kirchner (8N, 20N, 8D)  y tambiíén, eventualmente, a la presión de la colectividad judí­a en relación con el problema Irán-AMIA, dada la estrecha vinculación del fondo Singer (el mismo de la fragata) con las relaciones entre Israel y los Estados Unidos.
 
La nueva sentencia del juez Griesa, de todos modos, vino a desnudar la extrema vulnerabilidad de la estrategia jurí­dica, financiera y polí­tica del gobierno argentino.
 
Un blanqueo del default
 
Nuestro paí­s – como lo venimos diciendo continuamente – se encuentra en otra etapa más de su Crisis de Deuda Perpetua, una crisis permanente por incapacidad de repago de una deuda impagable frente a la que sólo le queda vivir pagando intereses, capitalizando una parte de los mismos, refinanciando la totalidad de los vencimientos de capital y tomando nueva deuda.
 
El gobierno ya no dispone de superávits gemelos – fiscal y externo – y habrí­a agotado sus posibilidades de seguir aumentando la Deuda Intra-Estado por la peligrosa descapitalización del Banco Central (BCRA), el riesgo cierto de desfinanciamiento de la ANSES (casi el 60 % del FGS-Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad del Sistema Previsional está prestado al Fisco), el desví­o de fondos del BNA-Banco Nación (que tendrí­a un tercio de su cartera de críéditos concedida al Estado) y el uso permanente del dinero de organismos oficiales para cubrir vencimientos de la Deuda (AFIP, Loterí­a, FFRE, PAMI, etc.).
 
El Díéficit creciente del Presupuesto Nacional y las medidas de Emergencia Financiera en materia Monetaria, Cambiaria y Bancaria a las que viene apelando la administración Kirchner para poder sostener su Polí­tica de re-Endeudamiento Público estarí­an llegando así­ a un tope o lí­mite de maniobra.
 
Ello hace que se aceleren cada vez más los tiempos ante la presión para que el gobierno vuelva al Mercado Internacional de Capitales para tomar más y nueva Deuda Externa, siguiendo para ello los lineamientos secuenciales de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de Economí­a Boudou, que prevíé el arreglo con los Holdouts y con el Club de Parí­s como pre-requisito de una nueva ola de endeudamiento externo de la Argentina.
 
En este sentido, el discurso de los economistas del Partido de la Deuda es, en esencia, el mismo que el discurso del gobierno K: que el cuadro de situación de la Deuda Pública no es malo, que la Deuda es “manejable”, que el paí­s está cumpliendo bien sus compromisos externos, que nos estamos “des-endeudando”, que el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 no ha fracasado porque se puede pagar (a costa de más deuda y más intereses, por supuesto) y que estos “episodios” – como la fragata y el fallo Griesa - son sólo parte de erróneos planteos de forma que no afectarí­an la supuesta “solvencia” argentina si el gobierno Kirchner se aviene a las exigencias de sus acreedores.
 
Pero frente al nuevo grave cuadro de situación del endeudamiento público – Nación, Provincias, Municipios, Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Oficiales, Fondos Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia en firme – el Gobierno, los grandes Partidos Polí­ticos opositores y los grupos de  medios de comunicación (oficialistas o no) coinciden en subestimar los peligros ciertos de la Deuda, alabar los supuestos íéxitos de negociación – como el Megacanje 2005 – y circunscribirse a repetir la mentira de que el paí­s se está “des-endeudando”, que las actuales presiones son coyunturales y no estructurales o institucionales dentro del Sistema de la Deuda, y que con un cambio de actitud de la presidenta las “soluciones” estarí­an algo así­ como “a la vuelta de la esquina”.
 
Con sus reiteradas declaraciones enfáticas de “vocación pagadora” y su práctica de pagos de servicios a ultranza con Deuda Intra-Estado el gobierno Kirchner coincide en esto con los grandes medios, los economistas y los polí­ticos del establishment en cuanto a la aceptación de las reglas de juego del Sistema de la Deuda y tambiíén parece coincidir en una esperanza fáctica de ayuda de “nuestros amigos del Norte” (y de otras partes del Mundo, incluyendo de nuestro paí­s) por “hacer buena letra” en materia de Deuda (que es algo parecido al error del gobierno Galtieri durante la Guerra de Malvinas).
 
Esta esperanza se grafica hoy en las engañosas referencias a otros paí­ses-modelo  endeudados que colocan obligaciones a tasas de interíés relativamente bajas en el mercado internacional (del orden de un 5 %) – como Perú y Bolivia, Brasil y Chile – sin reparar en el problema de fondo que tales tí­tulos se colocan sin verdadera capacidad de repago porque están condenados a ser refinanciados en el futuro.
 
El dilema del gobierno K.
 
En la vida de los Estados, como en la vida de los hombres y de las instituciones, hay momentos clave para la toma de decisiones que pueden significar puntos de inflexión en materia económica, polí­tica interior y/o geopolí­tica.
 
Si estas oportunidades se pierden o dejan pasar probablemente no se vuelven a replantear en el futuro.
 
í‰ste es uno de los significados profundos del conocido refrán chino que asocia Crisis y Oportunidad; y su sentido bien puede aplicarse hoy a la nueva Crisis de Deuda que vivimos.
 
El vaciamiento organizado de las reservas del BCRA durante el año 2001[4] llevó a la Crisis de Deuda de ese año y al fin de la Convertibilidad, que se sostení­a con endeudamiento externo.
 
Hoy, pasado más de un decenio, el problema vuelve a replantearse con muchas analogí­as: píérdida masiva de reservas por fuga de divisas, debilitamiento sustancial de las reservas internacionales del BCRA para destinarlas al pago de la Deuda Externa Pública, mayores requerimientos de moneda extranjera para atender los servicios de la Deuda Externa Privada, Inconvertibilidad por falta de respaldo en divisas de la Base Monetaria, cepo o corralito cambiario por insuficiencia de dólares, apreciación cambiaria por aumento de la Inflación superior a la Devaluación del Peso y ganancias extra-ordinarias del Sector Financiero sobre el resto de las actividades de la Economí­a Fí­sica o Real, derivadas fundamentalmente de los altos niveles de tasas de interíés cuyo piso se determina en función de la Deuda del Estado.
 
El eje básico de todas estas analogí­as y la explicación de todos estos desequilibrios es la Deuda.
 
Los portavoces del establishment siguen repitiendo la infamia de que el default declarado por el presidente Rodrí­guez Saá fue una suerte de “festejo” irresponsable de la clase polí­tica argentina cuando, en realidad, fue la mayor reacción histórica contemporánea contra la Corrupción institucional del sistema de la Deuda, sistema que estos portavoces propugnan remozar y que la administración Kirchner se empeña en mantener.
 
Hoy el dilema de un nuevo default[5] vuelve a plantearse como opción lógica y necesaria frente a la actual Crisis de la Deuda, como una necesidad de blanqueo de la insolvencia argentina para poder atender los servicios de una deuda tan ilegí­tima como impagable.
 
El gobierno pudiera y debiera invocar así­ el fallo del juez Griesa como factor causante de ese nuevo default provocando entonces un replanteo de los tíérminos de reestructuración de la Deuda bajo condiciones muy diversas a las aceptadas hasta el presente.
 
La imposición legal de las exigencias de pago a los holdouts y su extensión a todos los bonistas que entraron en el canje 2005-2010 devendrí­a así­ causal de default y servirí­a para blanquear una Crisis de Deuda que se esconde detrás de una solvencia fiscal que no existe.[6]
 
El gobierno Kirchner tendrí­a entonces, a su favor, el argumento válido que el fallo Griesa y la intransigencia de los Fondos Buitre empujaron al paí­s a este nuevo default.
 
En conclusión
 
Pocas veces los fundamentos de una oportunidad de confrontación contra la Crisis de Deuda estuvieron tan claramente presentes en la historia reciente de la Argentina como ahora.
 
El necesario replanteo por Ilegitimidad, Insolvencia y Responsabilidades de la Deuda Pública es un pre-requisito de nuestra Independencia Financiera y Económica.
 
Si existiese una administración de Gobierno que quisiera liberarse del mecanismo de servidumbre de la Deuda hoy debiera hacer, por lo menos, tres cosas inmediatas:
 
Declarar un nuevo default blanqueando la Insolvencia del Estado frente a la Deuda Pública y ordenar una Auditorí­a Total de la misma, suspendiendo el pago de los servicios hasta tanto no se tengan los resultados de las investigaciones correspondientes.
 
Suspender y revisar el contrato y la gestión del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, así­ como el de todos las entidades asesoras conexas, por su rol como fautores de la indefensión financiera y jurí­dica de nuestro paí­s frente al sistema de la Deuda.
 
Enjuiciar a todos los funcionarios superiores intervinientes en el montaje y mantenimiento del Sistema de Deuda Perpetua que rige hasta nuestros dí­as.
 
Sólo contando con los resultados de una Auditorí­a Integral de la Deuda Pública y purgando a la Administración del Estado de aquíéllos elementos que gestaron, sostuvieron y mantienen el Sistema de la Deuda Perpetua como Instrumento de Dominio podrá reestructurarse la cuota-parte de la Deuda que se determine como Legí­tima de la Argentina.
 
Y aquí­ es donde surge el gran dilema de la Corrupción ligada a la Deuda, ya que una investigación de esta naturaleza y alcance requiere una Administración no contaminada ni comprometida con el Sistema que tiene que investigar y castigar; y ello es imposible cuando el gobierno está comprometido con ese Sistema.
 
Porque la Auditorí­a de la Deuda es el eje indispensable de todo replanteo sobre la Cuestión de la Deuda; y quien no audita o investiga un delito sobre el que existe evidencia cierta y probada es cómplice del Delito.-
 
 
Lic. Híéctor L. GIULIANO
 
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[1] Las abreviaturas MD/M$ significan siempre Millones de Dólares/Pesos y están consignadas con redondeo, por lo que puede haber mí­nimas diferencias entre totales y sumatoria de tíérminos.
 
[2] Según el último Informe de Deuda Pública de la Secretarí­a de Finanzas del Ministerio de Economí­a (MECON-SF) el total de la deuda era al 30.6.2012 de 194.000 MD: 182.700 de Deuda Performing o con cumplimiento del pago de Intereses y 11.200 MD de deuda todaví­a en default con los holdouts (de los que 6.500 MD por Capital y 4.700 por Intereses impagos acumulados desde el 2002).
 
Se especula que, además de regularizar estas cifras con los holdouts, en caso de aplicarse la Cláusula del Acreedor más favorecido los pagos diferenciales para “empardar” o equiparar el trato a los acreedores que ya ingresaron en canje 2005-2010 podrí­an costarle al Estado Argentino entre 10-12.000 MD más; aunque toda cifra sobre este punto es todaví­a muy conjetural.
 
[3] Ver el trabajo de Javier Llorens sobre “Comentario respecto del inusitado fallo del juez Griesa y su posible trasfondo” (24.11.2012).
 
Llorens explica allí­ bastante detenidamente cómo la sentencia Griesa parece más un fallo polí­tico que estrictamente jurí­dico.
 
[4] Ver el libro “La Argentina robada”, de Mario Cafiero y Javier Llorens (Macchi, 2002).
 
[5] La palabra “default” significa “incumplimiento” y equivale a “cesación de pagos”.
 
[6] Uno de los subproductos de este nuevo default serí­a la inmediata caí­da - por desvalorización generalizada - de los tí­tulos públicos argentinos, una gran parte de los cuales están hoy en poder de Agencias o Entes del Estado (como la ANSES, el BCRA, el BNA y otros).
 
La afectación alcanzarí­a entonces, en gran medida, al propio sector público pero este impacto pudiera ser atenuado cubriendo las deudas con emisión de moneda paralela o cuasi-moneda nacional (no monedas provinciales ni municipales), como medio de pago de circulación simultánea con el Peso, y que podrí­a utilizarse además para el financiamiento de Obras Públicas y de Infra-estructura que requieran insumos en moneda local.
 
Esta cuasi-moneda, bajo forma de Bono a Corto Plazo y sin Interíés, no incrementarí­a la Base Monetaria y permitirí­a el aumento de la velocidad de circulación de estos tí­tulos sin efectos inflacionarios.
 
Constituirí­a uno de los más eficaces instrumentos de independencia monetaria de la Argentina y permitirí­a prescindir de la Deuda Pública como forma de financiamiento del Estado.
 
Este tema – al que ya le dedicamos algunos trabajos anteriores – deviene siempre presente cuando se plantea el dilema de emitir Deuda o emitir Moneda, siendo que la cuasi-moneda es Deuda sin Interíés.
 
En opinión del autor de esta nota, la verdadera razón de la caí­da del efí­mero gobierno Rodrí­guez Saá no se debió al blanqueo del default, que a fines de 2001 era ya un hecho inevitable, sino al intento  de investigar la Deuda y de poner en circulación una moneda paralela – el “Argentino” – que fue abortada para salir de la Crisis de Deuda de ese año con más Deuda: 34.300 MD iniciales para cubrir la pesificación asimíétrica y vuelta al endeudamiento con Organismos Multilaterales de Críédito (FMI, BIRF y BID) y luego nueva reestructuración de Deuda (Oferta de Dubai y Megacanje 2005).
 
Nota: Como antecedentes inmediatos del problema de los holdouts analizado en el presente trabajo se considera de lectura necesaria otros dos artí­culos recientes del autor: “Holdouts: embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012) y “Holdouts y Megacanje 2005” (del 16.11.2012).


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