â– Los abogados han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación de este miíércoles en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
â– Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, imputado en el caso Gí¼rtel y exmarido de la ministra Ana Mato, fue despedido por el PP el pasado 11 de febrero.
â– El PP ha intentado llevar este episodio con el máximo sigilo y buena prueba es la decisión de no llegar a juicio y directamente indemnizarlo
El Partido Popular pagará 229.000 euros a Jesús Sepúlveda en concepto de indemnización por despido improcedente. A ese acuerdo han llegado los abogados de ambas partes en el acto de conciliación que tuvo lugar la mañana de este miíércoles en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).
Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, imputado en el 'caso Gí¼rtel' y exmarido de la ministra Ana Mato, fue despedido por el PP el pasado 11 de febrero. Así lo anunció la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: "El señor Sepúlveda ha dejado de prestar servicios en el PP a partir de hoy. Nos ha parecido oportuno terminar esa relación laboral… Y lo hemos hecho con la legislación en vigor. Rectificar es de sabiosâ€.
La salida de Sepúlveda del PP ha estado rodeada de políémica. Unos días antes del anuncio de Cospedal, Carlos Floriano (vicesecretario de organización del PP) declaraba que Sepúlveda no podía ser despedido porque era "funcionario de la casa". Y varios días despuíés, la Cadena Ser desvelaba que según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, lo de Sepúlveda había sido una baja voluntaria, y no un despido improcedente.
Un mes despuíés de su despido, Sepúlveda presentaba en los juzgados una demanda de conciliación con el PP por despido improcedente. Lo mismo ha hecho Luis Bárcenas, solicitando una indemnización de 900.000 euros. En este último caso, el primer acto de conciliación fracasó, así que habrá juicio: "Eso es una pasta y no se lo vamos a dar", dijo entonces Floriano.
En el caso de Sepúlveda, el PP ha intentado llevar este episodio con el máximo sigilo y buena prueba es la decisión de no llegar a juicio e indemnizarlo directamente con 229.000 euros
