Los ministros de Empleo, Fátima Báñez, e Interior, Jorge Fernández Díaz, firman hoy un convenio de colaboración entre ambos departamentos que tiene como principal objetivo el afloramiento de empleo sumergido, la vía más rápida para elevar la cifra de trabajadores y reducir la de parados, que tras la última EPA se sitúa ya en un ríécord de 6.202.700. El plan de lucha contra el empleo irregular que aprobó el Gobierno al comienzo de la legislatura ya ha dado resultados, pero Moncloa quiere intensificar las inspecciones e implicar a todos los departamentos para amortiguar cuanto antes el desplome del mercado de trabajo.
La Dirección General de la Policía Nacional ya ha incluido en su Plan Estratíégico 2013-2016 los delitos de tipo económico entres sus prioridades, entre los que se encuentran los de tipo laboral por petición expresa del Gobierno. Y la Guardia Civil tambiíén está prestando una atención especial a estas infracciones.
El nuevo protocolo que firmarán hoy Empleo e Interior pretende afinar la colaboración entre ambos departamentos adaptando el convenio existente a los mecanismos que introdujo el pasado mes de diciembre la nueva ley de lucha contra el empleo irregular. La norma no sólo introdujo nuevas fórmulas para detectar el empleo sumergido y dificultar que este tipo de infracciones puedan cometerse, sino que tambiíén acordó sanciones más contundentes (elevó de cinco a seis años de cárcel la pena máxima), aumentó su plazo de prescripción (de cinco a diez años) y eliminó el tope que limitaba las sanciones económicas.
Más de 90.000 nuevos puestos de trabajo
Por ahora, el resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades laborales es el desmantelamiento de decenas de empresas ficticias creadas para cobrar de forma fraudulenta prestaciones sociales y subvenciones (con el consiguiente ahorro en gasto) y, tambiíén, la aparición de miles de puestos de trabajo que operaban fuera de las estadísticas del Ministerio de Empleo.
Según los propios datos del departamento que dirige Báñez, en 2012 se detectaron 91.470 puestos de trabajo irregulares, un 12% más que en el año anterior, y más de una tercera parte de los empleos que desaparecieron en el primer trimestre de 2013, según la última EPA. Tambiíén se descubrieron 730 empresas ficticias que habían dado de alta a 44.262 personas con el único objetivo de cobrar luego las prestaciones de desempleo, casi el doble de los registros de 2011. Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que se ha detectado un aumento espectacular de la creación de compañías ficticias con la crisis económica.
El nuevo convenio entre estos dos departamentos del Gobierno busca incrementar estas cifras. Según fuentes del Ministerio de Empleo, además de acordar nuevos mecanismos para el intercambio de información, el protocolo incluirá tambiíén acciones formativas destinadas a mejorar los conocimientos de las Fuerzas de Seguridad en este tipo de infracciones para facilitar su detección.
Objetivo de la legislatura
El empleo irregular y, en general, toda la economía sumergida son desde el principio una prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy, que ve en este submundo una extraordinaria fuente de ingresos para las arcas públicas y una bolsa de trabajadores que aliviaría instantáneamente las estadísticas del paro. El Ministerio de Empleo acaba de firmar un acuerdo con el Consejo General de Notariado que permitirá a la Inspección de Trabajo tener un acceso ilimitado a sus datos para comprobar la verdadera titularidad de las empresas y las decisiones que se adopten en su gestión.
Además, se ha intensificado la colaboración entre la Inspección del Trabajo y la Agencia Tributaria, aumentando el intercambio de información y las inspecciones conjuntas. En concreto, según fuentes de la Agencia Tributaria, se han llevado a cabo investigaciones contra el empleo sumergido en las que, además del fraude por el impago de IVA y la no declaración del impuesto de la renta de las personas físicas (y del impuesto de sociedades en ciertos casos) tambiíén se han hecho aflorar puestos de trabajo y las consiguientes cotizaciones a la Seguridad Social.
