Abengoa quiere dotar a Sevilla de otro referente pionero en las tecnologías en las que trabaja, tras la plataforma termosolar de Sanlúcar la Mayor, la única del mundo con cuatro torres solares comerciales y de I+D. Ahora, la compañía andaluza quiere levantar en la zona sur del Puerto fluvial de Sevilla una factoría que procesaría todos los residuos de la capital hispalense, medio millón de toneladas al año, en biofuel -bioetanol o biodiíésel-.
El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez, anunció formalmente la semana pasada en un foro en esta ciudad, y delante del alcalde, Juan Ignacio Zoido, la ambición de la empresa por acometer este proyecto. "Produciremos 28 millones de litros de biofuel al año y Sevilla sería un referente mundial en esta tecnología. Confío en que se genere el consenso necesario para que el proyecto se haga posible".
La inversión estimada -el proyecto se adjudicaría previo concurso, para el que Abengoa es la mejor posicionada- es de 120 millones, aunque la empresa prefiere no confirmar esta cifra. Daría empleo permanente a 165 personas, según la propia Abengoa, más otros 600 durante los 28 meses que duraría su construcción.
La peculiaridad del proyecto es que la planta, que se instalaría en una parcela de 20 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, procesaría toda la basura que actualmente llega al vertedero de Montemarta.
A prueba en EEUU
La tecnología testada por Abengoa en su planta de etanol de Salamanca permite convertir los residuos orgánicos y otros no orgánicos en etanol, biodiíésel y energía elíéctrica, según corresponda. Parte de esta tecnología, usada para producir bioetanol de restos de cultivos en lugar de cultivos alimenticios y denominada de segunda generación, se está ya implantando en una fábrica de biofuel de la Abengoa en Kansas (EEUU).
Además, la capacidad de transformación de residuos en biofuel eliminaría la necesidad de seguir usando Montemarta, y sólo haría necesario tener un vertedero de respaldo para lo no recuperable.
Ese consenso que solicita el directivo se debe a la necesidad de articular un acuerdo entre distintas entidades públicas de diferentes niveles de la Administración: ayuntamiento, Puerto de Sevilla, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que debería autorizar que las aguas de la depuradora de El Copero, cercana a la futura planta, se usaran en la misma antes de verterse al río) y Junta andaluza.
