Por... Javier Rodriguez Roque
Un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados pretende modificar la llamada ley de Alianza Público-Privada que permite la privatización de sectores sensibles de la economía paraguaya.
El documento, que tuvo entrada en la instancia legislativa, aprovechando que aún no fue reglamentada la ley privatizadora, determina la eliminación, entre otras cosas, de la explotación y comercialización de hidrocarburos por los empresarios privados.
Igualmente, determina que las obras de infraestructura y otras en las cuales se de participación a intereses económicos no estatales se lleven a cabo mediante contrataciones públicas en bases establecidas por las leyes ya existentes.
Esta determinación bloquearía la facilidad dada por la ley de Alianza Público-Privada al Poder Ejecutivo y especialmente al presidente de la República, para decidir unilateralmente sobre la asignación de obras y servicios a empresas nacionales o extranjeras.
El planteamiento fue presentado por el diputado Amado Florentín, líder de la bancada del partido Liberal en la Cámara Baja y al hacerlo antes de la reglamentación de la ley privatizadora permitió su envío inmediato a las comisiones de Legislación y Asunto Económicos.
Ello fue hecho despuíés que el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Alianza Público-Privada, el cual no tuvo aprobación por los magistrados.
El nuevo intento, en esta ocasión de la autoría de Florentín y su bancada, no eliminaría dicha ley, pero si fuera aprobado impediría manejar las posibles concesiones en forma directa por el Ejecutivo ignorando al Parlamento y al Poder Judicial.
