Las dificultades tíécnicas que han planteado las empresas para aplicar el nuevo sistema de precios elíéctricos propuesto por Indusdria para sustituir a las subastas Cesur, ha alarmado a los responsables del ministerio. Hasta el punto de que este ha decidido prorrogar otros dos meses el precio intervenido que, de forma provisional (solo para este primer trimestre), aprobó el Gobierno tras anular la última subasta elíéctrica el pasado 20 de diciembre.
El jueves 27 de febrero, el ministerio celebró una reunión con todas las distribuidoras, las grandes de Unesa y las pequeñas integradas en Cide y Aseme, y el jueves pasado, mantuvo otra con las comercializadoras de referencia (las de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon). La respuesta de las compañías fue la misma: adaptar los sistemas informáticos para poder facturar a los clientes por horas los precios del mercado diario, llevaría, al menos, un año, no el mes que establecía la propuesta de real decreto con el nuevo sistema de precios. Tambiíén la propia CNMC, en su dictamen, lo consideró “insuficienteâ€, si bien, no se pronunció sobre un plazo concreto.
Por el momento, el texto modificado que se remitió el viernes al Consejo de Estado, al que ha tenido acceso CincoDías, amplía a dos meses el plazo de adaptación de los sistemas desde la aprobación del real decreto el 1 de abril, y establece que en ese periodo se aplicará el precio intervenido en estos momentos. Según la nueva propuesta, “los comercializadores de referencia dispondrán hasta el 1 de junio para adaptar sus sistemasâ€. Hasta entonces, “se aplicará con carácter transitorio el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) aprobado por resolución del 31 de eneroâ€: 48,41 euros MWh.
En este caso, cuando termine el primer trimestre el precio “se regularizará†con el del mercado diario (y los ajustes pertinentes)que resulte en los tres meses. En el caso del precio prorrogado dos meses más, se regularizaría a partir de junio aplicando la diferencia entre dicho precio y el que resulte de aplicar el nuevo mecanismo de cálculo que se aprobará el 1 de abril, fecha en que está previsto que entre en vigor el real decreto en trámite.
Por tanto, dos nuevas refacturaciones a los usuarios que vendrían a complicar la aplicación de un sistema que las empresas han denunciado tanto en sus alegaciones en la CNMC, como en el propio ministerio. A este le han recordado el caos que se produjo cuanto el anterior titular de Industria, Miguel Sebastián, decidió cambiar la facturación bimestral a mensual. En el sector no descartan que el Gobierno amplíe algo más el plazo incluido en la propuesta remitida ahora al Consejo de Estado.
El mecanismo establece dos míétodos: uno para los consumidores con contadores electrónicos con telegestión y otro para el resto, a los que se aplicará los perfiles de consumo elaborado por REE. Se trata de una doble metodología, que las organizaciones de consumidores consideran ilegal por ser discriminatoria.
Uno de los problemas que subrayan las afectadas es que solo una parte pequeña de los puntos de suministro cuenta con contador digital y no todos los digitales tiene telegestión, una obligación posterior a la de instalar los contadores inteligentes. A finales de este año, según la norma, deben haberse sustituido un 35% de los contadores con una potencia contratada inferior a 15 kW (9,5 millones sobre más de 26 millones de puntos de suministro). Pero solo una parte de los consumidores están afectados por el nuevo mecanismo de precios: los que, teniendo derecho al PVPC, hacen uso de ese derecho, algo más de 16 millones.
Rechazo de la elíéctricas por razones económicas
Además de ampliar el plazo de adaptación de los sistemas informáticos de las elíéctricas, el nuevo texto del RD por el que se fija el míétodo para calcular los precios de la electricidad para el pequeño consumidor, incluye algunos cambios respecto al que dictaminó la CNMC: simplifica algo las facturaciones; concreta las obligaciones de información de las elíéctricas el supervisor y el operador del sistema; amplía el plazo de adaptación para las nuevas comercializadoras de referencia (Cide HC-Energía y las comercializadoras municipales de Ceuta y Melilla) y clarifica el bono social, que será un 25% inferior al PVPC.
Hay quien asegura que la resistencia de las elíéctricas a aplicar los nuevos precios se debe a razones económica no tíécnicas, pues consideran que sus ingresos serán inferiores al tener que aplicar precios medios diarios a los usuarios sin contador digital, medias que les perjudican. Ellas insisten en el coste y en “la alarma socialâ€, según palabras del consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, que supondrá una medida que afecta a millones de clientes y en la que estarán implicado el operador del sistema, que debe facilitar los perfiles de los consumidores sin contadores electrónicos.
Las comercializadoras deben remitir una carta a sus clientes para informarles de los cambios cuyo modelo figura en uno de los anexos del RD.
