Drago Capital ve temblar el suelo bajo sus pies. La firma de inversión creada por Luis Iglesias y Oleguer Pujol vive sus peores momentos despuíés de que Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ordenara ayer su detención y posterior puesta en libertad con cargos por posible blanqueo de capitales y estafa, para registrar sus oficinas y domicilios. El magistrado busca documentos que vinculen el dinero oculto de la familia Pujol con la compra de las oficinas del Banco Santander realizada en 2007, en la que ellos actuaron como intermediarios.
El cerco a la familia Pujol, personalizado aquí en torno a Oleguer, el pequeño de la saga, ha culminado con el episodio mediático del jueves. Sin embargo, hace más de un año y medio que, con el inicio de las investigaciones y las sucesivas informaciones en medios, el clima de presión en torno a la firma extendiera una opinión de sospecha sobre su reputación. Ni siquiera la desvinculación de Oleguer Pujol de la gestora distrajo la atención sobre íél ni sobre Drago Capital, que barajó incluso la opción de cambiar de nombre.
En este contexto, algunos profesionales han preferido ir desvinculándose de la gestora para emprender nuevos retos profesionales. El pasado verano, uno de los primeros ejecutivos en cambiar de aires fue Josíé García, que se trasladó a Londres para trabajar en el hedge fund Chenavari. La última baja significativa tuvo lugar hace unos días, cuando el director de inversiones, Javier Catena, un profesional con dos díécadas de trayectoria, presentó su dimisión para embarcarse en otro proyecto, a pesar de llevar menos de un año en Drago Capital.
A pesar de todo, Luis Iglesias y su equipo han seguido adelante durante este tiempo, como si la investigación sobre Oleguer Pujol les fuera ajena, aunque eran conscientes de que tambiíén ellos estaban siendo seguidos muy de cerca por las fuerzas policiales. Este entorno de presión, alimentado periódicamente por el goteo informativo en torno a Oleguer, consiguió convertir en sospechoso a todo lo vinculado a la firma y a sus profesionales, a pesar de que los protagonistas del sector inmobiliario se conocen las vergí¼enzas de cada uno.
Aun con todo, durante este tiempo Drago Capital había sido capaz de cerrar dos de las operaciones inmobiliarias más importantes del año, como han sido la compra del edificio Castellana 200, en la que el inversor final es el fondo de pensiones canadiense PSP, y los activos inmobiliarios del fondo Inmoseguros, con la promotora estadounidense Lennar Corporation como sponsor financiero. Ambas inversiones ascienden a cerca de 150 millones cada una. En teoría, todo seguía funcionando con apariencia de normalidad, pero era un espejismo.
A sólo unos días de la cita del 9-N, el acopio de información vinculada a las actividades de Drago Capital ha puesto en jaque a Iglesias y Pujol, pero va más lejos. Tambiíén ayer, la Policía Judicial fue a la sede madrileña del despacho Gómez-Acebo & Pombo, ya que uno de sus socios, el abogado Iván Azinovic, es el asesor legal de la gestora. Algo parecido ocurrió en Valencia, donde agentes policiales requirieron información a la firma Atitlán Capital sobre una inversión conjunta realizada en 2011 en oficinas de Bankia.
Esta situación judicial extraordinaria, independientemente de su evolución, ha sembrado de dudas el futuro de Drago Capital. Esta misma semana, la gestora de fondos de pensiones canadiense PSP se desplazó a Madrid para realizar una auditoría interna, durante lunes y martes, para evaluar su relación de asociación con la firma española. Por otro lado, la semana que viene Lennar Corporation está citada para firmar la compra de los activos de Inmoseguros… salvo que las pesquisas de la Audiencia Nacional indiquen lo contrario.
Hasta la fecha, la gestora de activos controla una variada cartera de inmuebles repartidos por la Península. Uno de los más destacados es el edificio Gran Vía 32, antigua sede de Prisa y ahora gancho comercial de Primark, a los que se suman un lote de 100 sucursales de Bankia adquirido junto al hedge fund Cerberus, varios edificios singulares en Portugal e inmuebles hoteleros y vacacionales en Canarias. En total, activos bajo gestión por valor de 2.600 millones sobre los que pesa la duda reputacional de su hombre clave.
