Por... Daniel J. Ikenson
Para aquellos que esperan que el congreso republicano vaya a permitir que el estatuto del Banco de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im) expire el 30 de junio, dos recientes reautorizaciones de leyes por la Cámara de Representantes y una inminente ley con el respaldo de ambos partidos proveniente del Senado con el mismo objetivo, no son muy alentadoras.
¿Quíé es lo que no debería gustarnos del Banco de Exportaciones e Importaciones? La agencia oficial de críédito del gobierno de EE.UU. financia la venta de compañías estadounidenses a clientes extranjeros, incrementando las exportaciones, estimulando la producción y creando trabajos. Solo los fanáticos más cínicos y anti-gobierno podrían tener un problema con este motor fundamental de crecimiento económico y de la participación global. Bueno, no emita juicio tan rápido.
Los partidarios del Ex-Im —principalmente beneficiarios corporativos y políticos— trabajan duro para esculpir la imagen del Banco como una institución necesaria y sin costo. Pero evaluaciones más detalladas han revelado la existencia de corrupción, asistencia estatal a las corporaciones, y la tributación oculta de miles de empresas estadounidenses. Las víctimas abundan alrededor del país.
Pese a las afirmaciones del Banco de que atiende principalmente a las pequeñas y medianas empresas y que proporciona financiamiento para las transacciones que el sector privado no estaría dispuesto a financiar, en 2013, cerca del 75 por ciento de los fondos del Ex-Im fueron otorgados a diez grandes y solventes compañías, incluyendo a Boeing, Delta Airlines, Bechtel, Dow Chemical y Caterpillar. Pero otra gran compañía, Delta Airlines, protestó el año pasado por el financiamiento que el Ex-Im concedió para la venta de aviones Boeing a compañías extranjeras, como Air India. La queja de Delta se centró en que el gobierno de EE.UU., como cuestión de política pública, estaba subsidiando a su competidor extranjero al reducir el costo de Air India de adquirir aviones. Esos menores costos de capital permitieron a Air India ofrecer precios más bajos de lo que hubiera podido ofrecer de otro modo, lo cual tuvo un claro impacto negativo en los resultados finales de Delta. En pocas palabras, el Ex-Im obliga a los contribuyentes a asegurar el íéxito de algunas empresas estadounidenses a expensas de otras.
La misma dinámica se ha estado dando en el sector manufacturero de EE.UU., donde las compañías estadounidenses sufren desventajas similares porque sus proveedores están logrando que el Ex-Im subsidie las ventas a su competencia en el extranjero. En otras palabras, las transacciones del Ex-Im benefician a dos partes: los exportadores estadounidenses y los clientes extranjeros. Y, consecuentemente, esas transacciones cobran impuestos a dos partes: los competidores estadounidenses del afortunado exportador estadounidense (el costo intraindustrial) y los competidores estadounidenses del afortunado cliente extranjero (el costo posterior de la industria). De esta forma, por cada subsidio del Ex-Im que supuestamente promueve la actividad económica en EE.UU., hay serios costos impuestos a negocios estadounidenses desprevenidos.
De acuerdo con las conclusiones de un reciente estudio del Cato Institute (en inglíés), solamente los costos posteriores de la industria implican un impuesto de más de $2.800 millones al año. Las víctimas de este juego se encuentran en cada una de las 21 clasificaciones amplias de industrias manufactureras de EE.UU. que utiliza el gobierno para reunir estadísticas. Y se encuentran distribuidas en distintos estados alrededor del país. Entre las empresas grabadas de manera furtiva, se encuentran algunas como Western Digital y Seagate Technologies —dos productores de dispositivos de almacenamiento informático con sede en California que emplean a 125.000 trabajadores; Schneider Electric Holdings, con sede en Chicago, que emplea a 23.000 trabajadores en la fabricación de productos para el control del medio ambiente; y ViaSystems, una productora de placas de circuitos impresos, basada en St. Louis y tiene 12.000 empleados. Estas compañías no han recibido subsidios del Ex-Im, pero empresas en sus industrias proveedoras sí, lo que efectivamente reduce los costos de sus competidores extranjeros.
Mientras que es relativamente fácil para una compañía grande como Delta atar los cabos y ver cómo Boeing se ve favorecida a su expensa (los aviones constituyen una gran parte de los costos totales de Delta), la mayoría de las empresas manufactureras no son conscientes de que están soportando los costos de los subsidios del Estado a sus propios competidores. Pero las víctimas incluyen a productores grandes y pequeños —de equipos elíéctricos, electrodomíésticos, muebles, alimentos, químicos, computadoras, electrónicos, plásticos y productos de caucho, papel, metales, y textiles— de todo el país. Las empresas productoras de equipos de telecomunicaciones incurren en un impuesto colectivo estimado de $ 125 millones al año.
Las industrias en que las compañías sufren la mayor carga —donde los costos de los subsidios del Ex-Im son los más altos— son de vital importancia para las economías manufactureras de la mayoría de los estados. En Oregon, Delaware, Idaho, New Jersey, Nevada, y Maryland, las 10 industrias asumiendo los mayores costos suman al menos el 80 por ciento de la producción manufacturera del estado. La industria más importante se encuentra dentro de las 10 más agobiadas por estos costos en 33 de los 50 estados. La industria química, que sufre un costo de 107 millones de dólares al año, es la industria manufacturera más grande en 12 estados.
Dada la cantidad de elogios que el Ex-Im se hace así mismo en su rol como pilar sin costo de la economía, es difícil percibir los grandes daños colaterales que deja a su paso. Miles de empresas estadounidenses estarían mejor si se permitiera la expiración del estatuto del Ex-Im el 30 de junio, como estaba estipulado. Pero se están realizando esfuerzos para reautorizarlo y lamentablemente son Boeing, GE y otros de los más importantes beneficiarios del Banco los que tienen la atención del Congreso. ¿Se pronunciaran las víctimas?
