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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene a Panamá en su lista gris, reconoció avance en la adopción de los marcos legales en una reciente reunión, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ahora el Gobierno panameño espera por una visita en junio de representantes del GAFI que, para que despuíés de una revisión satisfactoria, se proponga la eliminación de las sanciones al país en la próxima reunión global del grupo, explicó Eyda Varela, viceministra del MEF.
Panamá presentó al organismo perteneciente al Fondo Monetario Internacional (FMI) leyes sobre Delitos Precedentes, Asistencia Internacional Judicial y Contrabando, además, otro cuerpo legal que modifica el ríégimen de Custodia de Acciones al Portador, el cual ocultaba a los reales dueños de una empresa.
Además de ratificar los protocolos de la Organización de Naciones Unidas sobre controles bancarios, la acción más efectiva fue la puesta en vigor de la Ley 23, que adopta medidas para la prevención del blanqueo de Capitales y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El sistema financiero panameño fue utilizado para el lavado de billones de dólares, reconoció a mediados de marzo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien aseguró que no pueden permitir que tales acciones continúen.
El FMI advirtió entonces que si no se resuelven adecuadamente las deficiencias en materia de transparencia financiera, el impacto negativo potencial podría ser significativo.
Las proyecciones económicas del país son favorables y el crecimiento en 2015 se mantendrá estable, vaticinó la institución financiera, la cual aseguró que en los próximos años el crecimiento de Panamá sería el más elevado de Amíérica Latina, con un índice de entre seis y siete por ciento anual.
Los pobres controles contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo llevaron al país en 2014 a la lista gris del GAFI, lo que perjudica a muchas transacciones a determinadas entidades financieras, con el consiguiente perjuicio al comercio internacional.
Por tales acciones ilegales en el flujo de dinero, una de las acciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá fue la intervención de la sucursal local de Banca Privada dí¢ Andorra, tras evidencias de que facilitó transacciones con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas.