España se empobrece
En la vida -de un hombre o de un país-, uno de los grandes riesgos es perder el contacto con la realidad. En Estados Unidos lo llamamos "creerse sus propias memeces" y en los círculos políticos se habla de "tragarse su propia propaganda".
Algunos países se han acostumbrado tanto a su entronización por parte de los defensores del mercado libre -vienen a la memoria el tigre celta de Irlanda y el capitalista vikingo de Islandia- que era casi imposible pensar siquiera que el modelo pudiera tener algún defecto serio.
En muchas burbujas, las proezas de los especuladores del auge toman proporciones míticas en la prensa económica. En 2005, por ejemplo, Bloomberg publicó un artículo sobre el "conquistador inmobiliario" español Joaquín del Rivero, donde le retrataba a punto de hacerse con el continente. Al fin y al cabo, entonaba el texto, "nadie prevíé el hundimiento de los precios de la vivienda en Francia ni en España".
Hoy, como todos sabemos, las exageraciones de ese tipo han perdido su influencia sobre los mercados, pero la imaginación popular es otra historia. Que no nos sorprenda, pues, si el retorno a la realidad fiscal ha causado poco menos que un escándalo en España u otros países europeos que fueron capaces de apoyar enormes expansiones del sector público, pasando por alto las píérdidas en exportaciones y competitividad del mercado laboral gracias a su vinculación con otras economías más prudentes del norte de la zona euro.
Aunque España representa la última letra del acrónimo inglíés PIIGS -que engloba a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, todos ellos abrumados por las deudas soberanas-, mis colegas y yo en Roubini Global Economics coincidimos en líneas generales en que España ocupa el primer puesto en cuanto a los desafíos estructurales que se le plantean si quiere seguir siendo solvente y no llevarse a la eurozona entera detrás de ella.
España es la primera liga
Desde el desempleo hasta la productividad total de los factores, pasando por el apalancamiento de las empresas, la exposición a un excedente de la construcción o el desplome estructural en ingresos fiscales, España es la primera de la liga. En comparación con otros países perifíéricos, incluida la desventurada Grecia, el ajuste que necesita España viene menos de una historia de prodigalidad fiscal que del endeudamiento del sector privado, con píérdidas constantes de competitividad en la última díécada y diez años de reformas estructurales desperdiciadas tanto en el mercado de productos como -sobre todo- en el mercado laboral. En la nota positiva, España posee una tasa de ahorro nacional bruto y neto superior a la de otras naciones perifíéricas (y muy en sintonía con la media de la eurozona) y ha empezado a enfrentarse a las sobrecapacidades en el sector financiero.
A partir de esta semana se anunciará un conjunto importante de reformas estructurales y los retos políticos que se avecinan ya parecen abrumadores. Tras dos díécadas de alza de las rentas, de los beneficios y retórica autocomplaciente de la íélite política, los trabajadores españoles se habían acostumbrado a la susodicha dieta de las memeces (confirmada en apariencia, cabe decir, por la ausencia de críticas procedentes de los altos cargos financieros de la eurozona y otros organismos internacionales). Ahora, se enfrentan a una vuelta abrupta y discordante a la realidad. ¿Se enfadarán? Desde luego y con razón, aunque los motivos que aludirán serán invariablemente erróneos.
Las quejas se centran, por lo general, en los mensajeros:
? El Gobierno español, que se verá obligado a despedir a funcionarios y recortar el gasto social, y los ministros de la zona euro, que ven el riesgo que un mayor aumento de la deuda soberana española plantea a sus propias recuperaciones nacionales.
? El Banco Central Europeo (BCE) y Alemania que, juntos, cargarán con el peso de los paquetes de rescate de la zona euro y, por lo tanto, exigirán disciplina fiscal a cambio.
? Y, especialmente, los mercados de bonos internacionales, los fondos de cobertura y los gestores que trabajan en ellos, cuyas acciones puede que no sean populares, pero reflejan a grandes rasgos la realidad de los apuros fiscales españoles.
El Gobierno español ha tardado en mirarse en el espejo. A cambio de las adquisiciones de títulos del BCE, y para enviar una señal clara a los agentes del mercado sobre su determinación y capacidad de corrección, ha decidido embarcarse de lleno en el ajuste fiscal y ha anunciado medidas adicionales. Entre las más importantes se incluye un recorte salarial de los funcionarios de una media del 5 por ciento en lugar de una congelación.
í‰stas son otras de las medidas: primera, los salarios nominales del Consejo de Ministros se reducirán un 15 por ciento y se congelarán al nivel reducido en 2011; segunda, el personal público se reducirá en 13.000; tercera, la inversión pública se recortará en 6.000 millones de euros, o el 0,6 por ciento del PIB en 2011; cuarta, el cheque-bebíé (2.500 euros) quedará suprimido el 1 de enero de 2011; y quinta, la ayuda internacional se recortará en 600 millones de euros a lo largo de 2011. El ahorro adicional de 1.200 millones de euros (el 0,1 por ciento del PIB) procederá de los gobiernos locales y regionales. En total, las medidas fiscales adicionales por un valor de 15.000 millones de euros (el 1,5 por ciento del PIB) rebajarán el díéficit presupuestario en 0,5 puntos porcentuales más del PIB en 2010 (hasta el 9,3 por ciento) y un punto porcentual en 2011 (hasta el 6,0 por ciento).
Al contrario que otros países perifíéricos, España dispone de unas reservas de ahorro nacional a las que puede recurrir para alimentar el crecimiento con recursos propios. Basándonos en ese indicador, el rendimiento español está en línea con la media de la zona euro y en mucha mejor posición que otros países perifíéricos, especialmente Grecia y Portugal.
