La asfixia económica que vive la Administración castellano manchega, y que ha provocado una guerra de declaraciones entre los actuales gobernantes en funciones y los electos, empieza a mostrar sus estragos.
Ante la falta de liquidez para hacer frente a los pagos, la Junta pidió por escrito a primeros de año a diversos proveedores que no presentasen sus facturas al cobro hasta despuíés de las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo, según han confirmado fuentes del PP a este diario.
Incluso a algunos de los proveedores, aquíéllos que llevan más tiempo trabajando con la Administración regional o cuyas relaciones son más estrechas, se les reclamó que presentasen las facturas correspondientes al ejercicio 2010 por valor de un euro. El resto, es decir toda la cantidad adeudada menos un euro, se pasaría en facturas presentadas "cuando se les comunicara". Desde luego, no en los primeros meses del presente ejercicio.
Se trata de una práctica conocida como "ingeniería contable", pues en el ejercicio en cuestión sí aparece "la obligación reconocida", aunque no se haya pagado.
Los afectados
Los más afectados por el retraso de la presentación de las facturas son, según las mismas fuentes del partido vencedor de las elecciones, empresas que se dedican a la construcción de equipamientos públicos.
Los populares han declarado que "la estrategia está clara: si perdían las elecciones, el cobro de estas facturas nos correspondería, y de hecho nos corresponderá, a nosotros. Si no las perdían, en todo caso, ganaban tiempo".
Al margen de esta petición de "aplazamiento", el retraso en el pago de facturas a proveedores está causando numerosos problemas, cuando no la ruina, a diversas pymes de la comunidad autónoma, habituales suministradores de sus servicios públicos.
Ruina empresarial
A la empresa Dokesim, que presta (o prestaba) servicios de limpieza en centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se le adeudan unos 7,5 millones de euros. A consecuencia de la demora, no ha podido hacer frente a la nómina de mayo y sus trabajadores han ido a la huelga. Como tampoco puede hacer frente a los pagos con las entidades financieras, la empresa se ha visto obligada a presentar un concurso de acreedores.
"Los retrasos comenzaron a mediados de 2010. Nuestras reclamaciones al Sescam y a la Tesorería no han tenido respuesta", han explicado fuentes de la empresa a elEconomista. Las pocas veces que han recibido algo ha sido casi peor, "porque nos han pagado enero y febrero de 2011, pero nos adeudan los meses de verano de 2010, con lo que a los bancos les tenemos que pagar nosotros". A esta empresa no se le ha pedido que presente sus facturas más tarde, ya que esta práctica al parecer se hacía con las antiguas y de más "confianza" de la Junta.
Un caso similar al de Dokesim es el de la empresa Kluh Leaner, que presta sus servicios en diferentes hospitales de la región. El de Talavera de la Reina le debe 5,4 millones de euros de los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Esta sociedad está haciendo todo lo posible por cobrar. "Nos hemos comunicado tanto con los que estaban hasta ahora como con los que van a venir", han declarado fuentes de la misma.
Otra empresa que tambiíén se dedica a los servicios de limpieza en hospitales de Toledo y de Ciudad Real ha conseguido este mes, por fin, pagar las nóminas.
Retribuciones públicas
Un proveedor de servicios de diálisis lleva sin cobrar desde diciembre de 2009 y la deuda asciende ya a 13,2 millones de euros. La Asociación de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha reclama 40 millones y un grupo empresarial dedicado a asistencia sanitaria, residencias de la tercera edad y atención a los discapacitados lleva más de un año esperando el cobro de facturas, pago que asciende a casi 70 millones de euros.
El Sescam es de nuevo protagonista de otra de las políémicas desatadas estos días entre el PSOE y el PP, la del abono de las nóminas a los funcionarios. Los empleados públicos de las oficinas provinciales del Sescam han hecho públicas sus reivindicaciones ya que, según declaran, llevan sin cobrar las dietas de viaje, que afectan a conceptos como comidas o kilometraje, desde octubre de 2010.
