La difícil situación de las empresas de autopistas de peaje en España podría experimentar un giro si las conversaciones entre la banca acreedora de los activos en crisis y los responsables del Gobierno culminan con íéxito.
Según fuentes próximas a esas negociaciones, los bancos llevan meses intercambiando información con la cúpula del Ministerio Fomento con un único objetivo: constituir una Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
La propuesta, todavía en fase de análisis, forma parte de lo que desde el departamento que dirige Ana Pastor se define como una “solución estructural†para el sector de las autopistas una vez comprobado que la medidas de carácter paliativo, como los críéditos participativos y las cuentas de compensación, no han evitado la entrada en concurso de cinco sociedades concesionarias. Desde el Ministerio, indicaron ayer que, “de momento, no contemplamos la creación de la empresa pública como una prioridad, ya que esperamos que las medidas articuladas en los presupuestos de 2012 y 2013 tengan efectos positivosâ€.
Lo cierto es que las ayudas públicas temporales no han servido para calmar ni a los accionistas ni a la banca que participa en críéditos por valor de casi 4.000 millones de euros. Desde comienzos de año han suspendido pagos el peaje entre Madrid y Toledo, las radiales de Madrid 3, 4 y 5, el corredor entre Ocaña yla Roda y la autopista entre Cartagena y Vera. Hay otras siete sociedades concesionarias que podrían correr el mismo destino en breve.
La idea de constituir una sociedad pública de autopistas no es nueva. Fue contemplada en la pasada legislatura y, en la actualidad, la Secretaría General de Infraestructuras dirigida por Gonzalo Ferre lleva tiempo analizando la misma opción.
El Gobierno maneja, entre otros, un informe elaborado por algunas de las principales entidades financieras afectadas (BBVA, Santander y La Caixa, entre otras)en el que tambiíén se destaca la necesidad de crear la empresa pública para evitar daños colaterales.
En principio, los mayores beneficiados por la decisión serían los bancos y el Estado. Los perjudicados serían los accionistas de las empresas, que verían esfumarse casi todo el capital depositado en sus participadas. En el sector calculan que los socios han puesto de su bolsillo unos 1.500 millones de euros en total.
Al convertirse el Estado en el nuevo accionista de los activos tóxicos, mediante la compra de las acciones a su valor nominal, los bancos disminuirían el riesgo de impago de la deuda. Por su parte, al garantizarse la viabilidad de los proyectos, el Estado evitaría la temida Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la garantía última de cobro de los bancos en el caso de que las sociedades se declaren en disolución. Las RPA de todas las autopistas en crisis supera los 4.000 millones de euros.
Para que la empresa nacional tenga íéxito, el Gobierno tiene que renegociar algunas condiciones de las concesiones, entre ellas, extender los plazos de amortización de la deuda al máximo que permita la ley. Además, para evitar que la deuda asociada a los activos compute como díéficit público, la sociedad pública debería obtener del mercado más del 50% de los ingresos. Entre las opciones barajadas figura poner peajes en corredores gratuitos como la circunvalación M-50 de Madrid.
