La firma de convenios de doble imposición se ha disparado desde que, en 2009, el G20 inició una ofensiva contra los paraísos fiscales. Los países opacos se lanzaron a rubricar acuerdos fiscales con otras Administraciones para salir de las listas negras. Hoy, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la firma de convenios de doble imposición con Jersey, Guernsey y la Isla de Man, tres territorios de la Corona británica que formaban parte de la lista española de paraísos fiscales aprobada en 1991.
El Gobierno rechaza que se pueda alcanzar un acuerdo similar con Gibraltar, territorio que tambiíén tiene la consideración de paraíso fiscal para la legislación española. Sin embargo, Exteriores entiende que cualquier pacto supondría reconocer de facto la soberanía del Peñón. la colaboración tributaria entre la autoridad fiscal española y gibraltareña es prácticamente nula. Ello convierte al Peñón en un destino privilegiado para los defraudadores españoles. Gibraltar ofrece una legislación atractiva para ubicar empresas y trasladar beneficios que salen de otras jurisdicciones, especialmente de España, sin pagar los correspondientes impuestos. Para Hacienda, resulta prácticamente imposible descubrir si detrás de un trust o de un fondo con sede en Gibraltar se encuentran contribuyentes españoles. Esa opacidad ha servido al blanqueo de capitales. Así se demostró durante la operación Ballena Blanca, que desarticuló la mayor trama de blanqueo descubierta en España.
El hecho de aparecer en la lista de paraísos fiscales supone un importante hándicap para las empresas y contribuyentes españoles que invierten o realizan negocios en esos países ya que no pueden aplicar los beneficios fiscales que contempla la legislación en el impuesto sobres sociedades o en el IRPF.
