El Gobierno no solo supervisará a la futura fundación en la que acabará convertida La Caixa, sino que extenderá previsiblemente su control a Ibercaja, Unicaja e Kutxabank, en detrimento de sus comunidades autónomas. A travíés del Grupo Parlamentario Popular que le sustenta en el Congreso reabrió ayer la Ley de Cajas para ampliar el control sobre las futuras fundaciones de grupos bancarios supraterritoriales.
La ley del sector, aprobada el 27 de diciembre pasado, ya transfería desde los gobiernos regionales a Economía dicha tarea inspectora cuando "su ámbito de actuación" excediese el de una autonomía, dejando cierto margen interpretativo al que ayer el PP puso coto para enfado de los partidos nacionalistas CiU y PNV.
Aprovechando la tramitación de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de críédito y con una enmienda inesperada, fijaron que el patronato lo ejercerá Economía cuando el banco participado por la fundación y al que transfirió su actividad financiera capte más del 40% de los depósitos de clientes de regiones ajenas a la de origen. Entre las tareas como protector, figura la de verificar si la inversión va a proyectos de obra social y, si tuviera que designar patronos, asegurar que estíén representadas las autonomías donde invierta el dividendo social.
Cercena la expectativa que albergaban algunas regiones de mantener el control porque la obra social, única actividad que gestionarán de forma directa las fundaciones, revierte mayoritariamente en sus territorios, sin considerar el banco filial, aún cuando son accionistas mayoritarios o, incluso, únicos. Los umbrales fijados dejan poco margen interpretativo para Ibercaja, Unicaja e, incluso, Kutxabank. Fuentes de mercado indicaron que afecta a las dos primeras, mientras la entidad vasca se encuentra en un límite que rebasará con el tiempo por el desarrollo natural del negocio.
En La Caixa el trasvase de supervisores era más evidente desde la redacción original de la ley, hasta el punto de que la Generalitat elevó la píérdida de competencia al Consejo de Garantías Estutarias, asimilable al Tribunal Constitucional. La misma entidad presidida por Isidro Fainíé da pasos en esa dirección. En la Asamblea del próximo 22 de mayo, La Caixa aprobará unos estatutos donde garantiza su arraigo en España, comprometiendo su actividad "en todo el territorio", sin perjuicio de una especial dedicación a Cataluña y Baleares, por origen.
No obstante el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, mostró contrariedad. El diputado catalán acusó al PP de "adulteral" una norma que considera "acertada" para materializar una "invasión" de competencias, y defendió que el protectorado fuera ejercido por la autonomía donde radica la sede. Según su homólogo en PNV, Pedro Azpiazu, es contraria al Estatuto de Guernica, que otorga al País Vasco la competencia sobre fundaciones, en tanto desarrollen su actividad mayoritariamente allí, entendiendo por tal la Obra social. El portavoz socialista Antonio Hurtado, apuntó que generará conflictos de competencias con autonomías como Andalucía. En su defensa, el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, mantuvo que solo "aclara" lo que "ya viene señalado en la ley".
La enmienda restó respaldo al PP, que tuvo que aprobar sólo el proyecto de ley de solvencia de las entidades. Su trámite sigue en el Senado, donde algunas autonomías aún confían en cambios que les permitan vigilar sus fundaciones.
