El bono social está llamado a desaparecer, tal como establece un proyecto de ley que adapta una directiva europea. Y aunque será sustituido por otro subsidio para "consumidores vulnerables", todo indica que buena parte de los actuales beneficiarios podrían perder su derecho, ya que la futura tarifa estaría ligada al nivel de rentas. Algo que hoy no sucede.
El anteproyecto de ley para adaptar la directiva europea sobre normas comunes del mercado de la electricidad incluye la desaparición del actual bono social de la tarifa elíéctrica, aunque se mantendrá un subsidio que el texto no concreta y que se amplía a los consumidores de gas natural. Estos no disfrutan en la actualidad del equivalente al bono elíéctrico.
La nueva propuesta legal, que debe superar el correspondiente trámite parlamentario, introduce el concepto de "consumidor vulnerable" de la electricidad. Esta figura se amplía al gas, en este caso, a travíés de otro anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley de Hidrocarburos para transponer otra directiva europea similar para el mercado gasístico.
Los clientes vulnerables "serán aquellos que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen" y serán protegidos por la ley. Estas condiciones se determinarán en un reglamento posterior a la aprobación de la ley, por lo que, de forma transitoria, se considerarán vulnerables los que en la actualidad tienen derecho al bono social, cuya duración estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2012.
El anteproyecto de ley, que ya ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, recoge los objetivos de la directiva europea para "reforzar las obligaciones de servicio público" del suministro elíéctrico. Los Estados miembros deben definir, según el documento, el concepto de cliente vulnerable y "establecer medidas para garantizar su suministro". En este sentido, se alude a la "pobreza energíética".
Por tanto, es muy probable que buena parte de los casi tres millones de clientes (o puntos de suministros) que cuentan en estos momentos con el bono social se queden fuera de la futura tarifa social ya que esta deberá estar ligada a la renta familiar. Algo que no sucede ahora con el bono elíéctrico español, que fue una de las primeras medidas que adoptó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y que es un derecho no ligado precisamente a los ingresos del cliente.
En unos años de fuertes subidas de tarifa, los consumidores elíéctricos están financiando una parte de la factura de los 2,96 millones que tienen bono social. Y es que aunque el coste del mismo lo asumen las elíéctricas, estas lo acaban repercutiendo en los recibos.
Los clientes que disfrutan del bono social, que entró en vigor el 1 de julio de 2009, tienen garantizada la congelación de la tarifa (tanto el coste de la energía como los peajes), que ha subido desde entonces más de un 20%. Sin embargo, no necesariamente son consumidores con rentas bajas.
Así, tienen derecho al mismo, en su primera vivienda, todas las familias numerosas (aunque sus rentas sean elevadas); los puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 3,3 kW (por ejemplo, la portería de un edificio de lujo); ciudadanos con pensiones mínimas (que pueden disponer de otras rentas) y familias con todos los miembros en paro (aunque todos ellos cobren prestación por desempleo). El bono debe solicitarse, salvo el segundo caso, que se aplica automáticamente.
Solo para ciudadanos con escasos recursos
Según las directivas europeas del gas y la electricidad, los Estados miembros deben desarrollar el concepto de cliente vulnerable. Y aunque no se ha concretado aún esta figura, las directivas ya apuntan a que las ayudas que reciban deben ligarse a la llamada "pobreza energíética y a la prohibición de desconexión", o cortes de suministro.
Por tanto, cada Gobierno deberá definir estos conceptos, aunque las directivas ya avanzan que deben ser un número relativamente reducido, como personas con incapacidad o ancianos, pero nunca si tienen ingresos elevados.
En cuanto a la desconexión, se prohibirá en momentos críticos, como en casos de temperaturas bajas. Aunque las medidas de eficiencia podrían proteger a los consumidores vulnerables, la política energíética no debe sustituir a las políticas sociales, que tampoco deberán interferir en el funcionamiento del mercado.
España es el único país de la UE que incluye medidas de protección para todas las categorías de consumidores domíésticos susceptibles de ser apoyados. Pero la nueva directiva no permitirá que se incluya a todos y limita esta política social a los consumidores que verdaderamente tengan pocos recursos o se queden temporalmente sin empresa suministradora.
La cifra
2,96 millones de clientes con derecho a TUR (y no han pasado al mercado libre) están acogidos al bono social. Un seguro contra las subidas de la luz.
