Por…   Roger Pilon

ObamaCare fue un error desde el principio, un esfuerzo masivo por parte del gobierno federal de tomar y controlar un sexto de la economía —de hecho, esa parte que concierne los detalles más complejos e íntimos de nuestra vida, nuestra salud. Es el ejemplo más ambicioso hasta la fecha de la arrogancia política que los progresistas han mostrado por ya más de un siglo, la creencia de que el Estado puede resolver todos nuestros problemas.

A finales de junio la Corte Suprema tuvo una oportunidad de frenar esa arrogancia. Cuatro miembros de la corte, liderados por el juez Kennedy, lo hubieran podido lograr. Pero el juez titular, Roberts, se unió a los cuatro jueces que son un destacado ejemplo de la arrogancia moderna, escribiendo a favor de que la Corte respalde casi la totalidad de esta monstruosa intrusión en nuestra libertad y en la misma teoría de la Constitución. Y lo hizo con el razonamiento más ligero posible para decidir una cuestión constitucional —el precedente. Si el precedente tuviera el peso que Roberts le ha dado recientemente, todavía estuviéramos andando en trenes segregados y enviando a nuestros hijos a escuelas segregadas.

Así que consideremos detalladamente esta decisión —que, para ser claros, demorará en ser digerida. La Corte rechazó el principal argumento de la administración a favor del mandato individual, basado en el poder del congreso de regular el comercio interestatal: “El poder de regular el comercio presupone la existencia de actividad comercial a ser regulada”. Pero esa es una victoria estrecha para los que argumentamos que “no comprar un seguro” no es un acto de comercio. ¿Qué tan seguido el congreso intenta regular el “no-comercio” en virtud de su poder de regular el comercio interestatal? Lo mejor que cualquiera ha podido contestar ha sido que esta fue la primera vez que el congreso había intentado tal expansión de su poder. Y porque no hay “comercio”, la Corte rechazó el argumento parasítico de la Cláusula de lo Necesario y Adecuado también, la cual le provee al congreso los medios para ejecutar sus otros poderes.

Pero Robert se creyó el segundo argumento usual de la administración —que la penalidad por no comprar el seguro es un impuesto, aún cuando la administración abandonó ese argumento durante el curso del litigio, e incluso cuando denominarlo un “impuesto” pareciera implicar la Ley Anti Requerimiento Judicial (Anti Injunction Act), que impediría que la Corte siquiera decida este caso hasta que alguien fuese forzado a pagar el impuesto, lo que no ocurrirá hasta dentro de un par de años. Aún así la Corte aparentemente hizo a un lado el impedimento de la Ley Anti Requerimiento Judicial —hablando de desorden— en su apuro de respaldar ObamaCare.

Así que ahí está el fundamento de la decisión: el mandato individual es constitucional basándose en el poder del congreso de cobrar impuestos. El congreso puede “cobrarle un impuesto” a aquellos que no compran un seguro de salud aprobado por el Estado. ¡No pregunte que tipo de “impuesto” es ese! No es un impuesto sobre el ingreso. Tampoco es un arancel, una contribución, un impuesto sobre consumos específicos —los únicos tipos de impuestos reconocidos bajo la Cláusula de Impuestos en la Constitución— donde Roberts pretende fundamentar el poder del Congreso; y seguramente no es “uniforme a lo largo de EE.UU.”, como es requerido para esos impuestos. Es sui generis, que es una manera de decir que es inconstitucional —si tomamos en serio a la Constitución.

¿Pero ese es el problema no? Como lo aclararon James Madison, el principal autor de la Constitución, Thomas Jefferson y prácticamente todos los demás presentes en el momento de la fundación, el poder de cobrar impuestos —el primero de los 18 poderes enumerados del congreso— así como el poder de prestar —el segundo poder enumerado del congreso— estaba diseñado para permitirle al congreso obtener los fondos necesarios para ejecutar sus otros poderes o fines enumerados. No era, como Madison lo dijo claramente en el Federalista 41, y muchas veces en el congreso, un poder independiente de cobrar impuestos para cualquiera que sea el propósito. Busque a lo largo de esos 18 poderes enumerados y no encontrará el poder de establecer ObamaCare o cualquier cosa parecida. Y por favor no diga que el poder de cobrar impuestos sirve al poder de comerciar, lo cual a su vez autoriza el mandato individual, porque la Corte rechazó ese segundo salto lógico en su decisión.

Pero todo eso se perdió en 1937 cuando la Corte del New Deal, presionada por la amenaza de rehacer la Corte de Roosevelt, de repente “encontró” que el congreso tenía un poder independiente de cobrar impuestos y gastar para lograr “el bienestar general”, un poder que había pasado desapercibido para la Corte durante 150 años. Ese es el “precedente” para la decisión de hoy —la cual, como el precedente mismo, pone a la Constitución de cabeza, dándonos de hecho un gobierno ilimitado.

Recaerá en el congreso, entonces, deshacer esta monstruosidad, si puede. En virtud de la Constitución, como está escrita, la atención médica sería provista como cualquier otro servicio que se ha mantenido en gran medida libre del control estatal. Pero empezando con los controles de salarios y precios de la Segunda Guerra Mundial y con las ventajas tributarias que se le dieron al seguro de salud provisto por los empleadores, se ha dado una intromisión estatal tras otra en lo que constituye un ejemplo de libro de texto de cómo el gobierno puede arruinar completamente lo que los mercados libres más la caridad voluntaria pueden ordenar de manera eficiente, mientras que se respetan los derechos y la dignidad de la gente durante el proceso.

Esa es una visión, la visión de los Fundadores, que el congreso puede restaurar, incluso si la Corte ha fracasado en cumplir su deber esta vez.

Suerte en sus vidas…