Por…  Dawn Paley

Una tarde de agosto, en 2008, Dante Valdez Jiménez estaba dando una capacitación en una escuela primaria, cuando un grupo de 30 hombres, algunos armados, irrumpió en la escuela de Madera, población del estado de Chihuahua en el norte de México.
Valdez fue víctima de un ataque brutal delante sus estudiantes. Entre golpes y patadas, sus atacantes le gritaban que se mantuvieran fuera de sus asuntos. Dante tuvo suerte de sobrevivir al incidente.
 
Cinco días después, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la seguridad de Valdez y otros miembros de la comunidad local, declarándolo un ataque político: Valdez es conocido por su activismo en contra Minefinders, empresa minera de Vancouver.* Dicha empresa opera una mina a cielo abierto en las cercanías de Madera. Según informaciones de Amnistía Internacional, empleados de la empresa minera participaron en los ataques.
Valdez explicó, con tono bajo y débil, que “todas las autoridades, en los tres niveles de gobierno, han hecho la vista gorda ante las personas desplazadas y la gente maltratada y golpeada.” Señaló que, aunque existe una clase entera de testigos de lo sucedido, no se ha iniciado ninguna investigación.
El atentado contra Valdez no fue un incidente aislado, sino más bien, evidencia explícita que nos recuerda la represión que sufrieron quienes se organizaron para manifestarse en contra de Minefinders, empresa que empezó su labor en México en 1994 gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La empresa comenzó operaciones en 2007 en una mina de pequeña escala cerca de Madera, de la cual extraía oro y plata con el uso de cianuro.
 
Emplazado en las alturas de la Sierra Madre, Madera aparentemente goza de la tranquilidad de pueblo pequeño y maderero. No obstante, la zona es cualquier cosa menos tranquila: se dice que a través de la Sierra Madre corre la sangrienta lucha entre el cártel más poderoso de México, Sinaloa, y el grupo de choque del cártel de Juárez, La Línea.
Según el discurso oficial, en la zona se disputan rutas de narcotráfico, además de campos extensos en los cuales agricultores campesinos e indígenas cultivan plantas de cánnabis y opio.
 
A finales de 2006 se declaró la lucha conocida como “la guerra contra las drogas” en México, campaña cuyas principales consecuencias han sido el aumento de la violencia y la militarización de varios municipios y zonas rurales a lo largo del país. El estado norteño de Chihuahua recibió un golpe especialmente fuerte. Desde el comienzo de la “guerra” hasta 2008, se calculan más de 9.000 asesinatos únicamente en Cuidad Juárez, muchos de ellos de ciudadanos inocentes.
Sin embargo, en algunas zonas como Madera, la militarización fue aprovechada por las industrias de extracción, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
 
Antes de construir la mina de Minefinders y con el fin de abrir paso al proyecto de la empresa, el pueblo histórico Dolores fue reubicado, acto que afectó a más de 60 familias. La gente local no era apasionadamente antiminera, sino que sentían que el proyecto no resultaba justo para Ejido Huizopa, el cuerpo representativo de los dueños de territorios de la comuna.
 
En 2008, cuando Minefinders pasó a la extracción de oro, las tensiones entre empresa y representantes del Ejido llegaban a un límite. En mayo de ese año, tras alcanzar un acuerdo mayoritario en una asamblea, los miembros del cuerpo levantaron barricadas en la ruta de acceso a la mina, exigiendo negociaciones serias y un acuerdo más justo con la minera. No dejaron que los trabajadores pasaran el bloqueo, sin embargo, otorgaron derecho de paso a los soldados. 
No obstante, pronto Minefinders había encontrado una salida a las protestas, la cual no consisitió precisamente en sentarse a negociar con Ejido. “La barricada contaba con una presencia permanente de soldados, quienes viajaban en camionetas de la empresa, vestidos de civil, [y] hasta ocho camiones de la empresa que vigilaban las manifestaciones y el bloqueo,” informa Valdez. La presencia de los soldados no sólo servía para intimidar a los manifestantes, sino que también para que la empresa siguiera accediendo a la mina.
Ese año los habitantes del vecino pueblo de Creel sufrieron un ataque por comandos, mientras que un grupo de soldados y policía mantuvo una presencia continua en el sitio del bloqueo en Madera durante y en el tiempo que siguió el ataque.
 
Según David de la Rosa, activista ambiental y director campesino en Madera, “hubo un ataque en la comunidad de Creel, en el cual mataron a 14 personas.” Explicó que “las autoridades tardaron 3 días en llegar a Creel. Mientras tanto, las fuerzas armadas se encontraban a sólo dos horas del sitio, cubriendo un bloqueo pacifico para apoyar a una empresa.
El bloqueo duró un año y cinco meses, periodo durante el cual, según habitantes, Minefinders puso a miembros de Ejido Huizopa de su lado por medio de incentivos económicos e intimidación.
 
“Cuando la empresa minera se dio cuenta de que teníamos el apoyo de la mayoría [dueños de territorios], empezaron a manipularnos e incentivaron a los propios miembros de Ejido para que manipularan a sus compañeros, con el fin de impedir que obtuviéramos la mayoría en las decisiones,” explica Luis Peña Amaya, uno de los miembros de Ejido Huizopa que organizaron el bloqueo.
El bloqueo da un ejemplo claro de como la militarización de la zona resultó favorable para Minefinders, ayudando a que ganara apoyo para su mina a cielo abierto.
 
Según Peña Amaya, “la presencia de la policía federal intimidaba a la gente en muchas ocasiones. Cuando nos juntamos para la asamblea decisiva, tomaron el control y rodearon la sala de la reunión.” La intrusión de la policía en la toma de decisiones de comunidades es un acto anticonstitucional en México. Sin embargo, “cuando cambió la suerte de los otros, el grupo preferido de la empresa minera, [la Policía Federal] intercedió para evitar que ejerciéramos nuestros derechos.”
Al final, el Ejido firmó un acuerdo con Minefinders, pero los problemas no se desaparecieron. El año pasado, se produjo una ruptura en la cancha de lixiviación, falla que todavía no se arregla, el cual provocó derrames contaminantes cerca de la mina. Tanto ambientalistas como organizaciones de derechos humanos comunicaron su temor de viajar al sitio, dado el férreo control que poseen los grupos de crimen organizado sobre la ruta.
 
*En enero del 2012, Minefinders fue comprado por Pan American Silver, empresa canadiense con sede en Vancouver.

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