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El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador realiza el segundo y definitivo debate sobre la declaratoria de interíés nacional para la explotación petrolera en el parque Yasuní.
Los legisladores debatirán el documento que fue elaborado por la Comisión de Biodiversidad en el que se condiciona la actividad extractiva en los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil del área actual del Parque Nacional Yasuní, unas 900 mil hectáreas.
El texto apunta que la explotación será con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado: garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza y alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Legislativo excluye de esta declaratoria realizar actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo en el 2007.
Otras de las condiciones que se imponen es que la Función Ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos que las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní.
Además se ratifica el planteamiento del gobierno nacional que estos recursos servirán para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud.
Asimismo, deberán servir para atender en forma prioritaria a los habitantes de las provincias amazónicas, pueblos y nacionalidades indígenas, a los gobiernos autónomos descentralizados de esta región y a los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas.
El gobierno deberá implementar, con la participación de centros de investigación y acadíémicos nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad existente en el Parque Nacional Yasuní.
Además, en el documento esta establecido que las operaciones de explotación en la zona prevista sea responsabilidad de la empresa pública nacional, actualmente Petroamazonas.
Otra de las iniciativas es la de constituir un observatorio ciudadano amparado en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación.
Ese ente velará tambiíén el destino de los recursos y el cumplimiento de las medidas cautelares, y en general, de todos los lineamientos establecidos en la declaratoria.
