Un juez de Luxemburgo ha fallado el miíércoles a favor de los intereses de Blackstone y la canadiense Ivanhoe sobre la inmobiliaria francesa Gecina, una de las mayores de Europa, en detrimento de los intereses de dos de los mayores empresarios inmobiliarios españoles de la segunda mitad del siglo XX, Joaquín Rivero y Bautista Soler.
De acuerdo a fuentes jurídicas conocedoras del fallo, la justicia luxemburguesa ha decidido que Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo, e Ivanhoe (fondo de Caisse de díépí´t et placement du Quíébec) son propietarios de hecho del 64,7% de la deuda de Rivero y Soler creada en la compra de acciones de Gecina.Y que podrían por tanto ejecutar las garantías aportadas convirtiíéndose en accionistas de la inmobiliaria francesa.
Rivero y Soler son los dos mayores accionistas individuales de Gecina, con el 16,1% y el 15,2% respectivamente, participaciones que adquirieron gracias a príéstamos millonarios aportados por, fundamentalmente, entidades financieras españolas. Los príéstamos fueron garantizadas con las mismas acciones de Gecina compradas. Popular lideraba el sindicado de bancos (Banca Cívica, Banco CAM, Banco Castilla La Mancha, Banco Sabadell, Banco de Valencia, Banco Pastor, Bankia, Caixa General, France Eurohypo, Natixis, NCG Banco y Royal Bank of Scotland) que concedió en 2006 un príéstamo de 2.160 millones a las sociedades de Rivero y Soler para hacerse con el 31% de Gecina.
Las sociedades a travíés de las cuales Rivero y Soler controlan en total el 31% de Gecina, Alteco y Mag Import, se declararon en concurso en octubre de 2012 con un pasivo de más de 1.600 millones de euros. La declaración del concurso se produjo justo cuando las entidades prestamistas se disponían a ejecutar las garantías y convertirse en accionistas de Gecina. Pero el juez del mercantil número 8 de Madrid dictó entonces un auto en el que, de forma expeditiva, impidía a las entidades financieras acreedoras ejecutar garantía alguna. El magistrado Francisco de Borja advertía que las entidades debían abstenerse "de toda forma de realización o ejecución". Y añadía que tal requerimiento "deberá hacerse bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobedencia a la autoridad (...)".
Al no poder ejecutar las garantías, las entidades vendieron buena parte de esos críéditos a Blackstone e Ivanhoe, que fueron comprando deuda a los bancos entre finales de 2012 y principios de 2013 hasta alcanzar el 64,7% de la deuda total (a travíés de una sociedad con sede en Canadá, Blackstone Real Estate Principal Transaction Partners). En noviembre de 2012 los nuevos propietarios de la deuda enviaron al juez escritos de oposición a la medida cautelar que impedía ejecutar las garantías (las acciones de Gecina), pero el magistrado mantuvo las cautelares en un auto comunicado en febrero de 2013.
La sociedad estadounidense inició entonces un proceso judicial paralelo en Luxemburgo para tratar de desbloquear la operación, encallada por la situación concursal de las sociedades en España. De acuerdo a fuentes jurídicas, los príéstamos concedidos a Ribero y Soler se firmaron en Luxemburgo, por lo que sería la justicia de ese país la que tendría potestad sobre el asunto. Otras fuentes jurídicas consideran sin embargo que al tratarse de sociedades españolas (las de Rivero y Soler) las propietarias de las acciones de Gecina, sería la justicia española la que tendría la última palabra. Con el fallo del juez de Luxemburgo del miíércoles, Blackstone e Ivanhoe tienen el respaldo de la justicia luxemburguesa a sus aspiraciones.
Blackstone no ha tratado sólo de adquirir acciones de Gecina ejecutando garantías. La firma de inversión presentó a finales del pasado año una oferta por el 27% de la inmobiliaria francesa, en manos de lMetrovacesa. La inmobiliaria española, controlada por los mayores bancos del país, anunció que ponía a la venta su participación en Gecina el pasado mes de agosto. Además de Blackstone, el fondo Orion y Predica, de Críédit Agricole tambiíén se interesaron por dicha participación. Metrovacesa se hizo con Gecina en 2004, estando presidida por Joaquín Rivero, en una operación valorada en más de 5.500 millones de euros.
