La Junta de Andalucía publicó ayer el nombre de las empresas y asociaciones que se beneficiaron de la concesión masiva de las ayudas para la formación de trabajadores, una resolución aprobada en diciembre de 2012 por su Consejería de Empleo que liberó a un millar de entidades de la obligación de justificar el destino de esos fondos. Según el Ejecutivo andaluz, la difusión de estos datos tiene como objetivo frenar informaciones “torticeras†sobre el fraude de los cursos que investiga la UDEF, pero los documentos conocidos este lunes refuerzan las sospechas que ya se cernían sobre la actuación de los diferentes gabinetes socialistas. Tanto los principales sindicatos como las empresas del exconsejero de Hacienda íngel Ojeda Avilíés, primer alto cargo detenido en el marco de la operación Edu, fueron algunos de los grandes favorecidos por esta medida discrecional de la Junta de Andalucía.
Del análisis de esa información del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) publicada ahora permite concluir que la Junta eximió a los dos mayores sindicatos de España, UGT y CCOO, de aclarar el destino de al menos 114 millones de euros en ayudas públicas para la formación de trabajadores, una decisión que les permitió acceder a nuevas subvenciones en posteriores convocatorias.
En el caso de UGT, El Confidencial ha podido comprobar que, en al menos 19 expedientes de concesión de estas ayudas, el sindicato vinculado con el PSOE quedó exento de justificar ante la Administración el manejo de los fondos. Sumadas, todas esas ayudas sin detallar alcanzan los 61.936.000 euros. A esa cantidad hay que añadir además los casi 700.000 euros para cursos que la Junta otorgó al Instituto de Formación y Estudios Sociales, una entidad de la órbita de UGT.
51 millones para CCOO
En el caso de CCOO, las ayudas públicas para formación que no tuvo que justificar suman en sólo nueve expedientes diferentes un total de 51 millones de euros. Otros cinco expedientes que contienen igualmente subvenciones al sindicato cercano a Izquierda Unida no han podido ser contabilizados por este periódico. Las adjudicaciones de ayudas afectan a subvenciones para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo. En algunos cursos, como el de atención especializada para enfermos de alzhíéimer, contaban con una financiación parcial (del 80%) del Fondo Social Europeo. Para dar esta formación en el año 2009, por ejemplo, el sindicato recibió 3 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La resolución publicada este lunes no es nueva para la Junta. El documento lleva la firma de la persona que ocupaba en diciembre de 2012 –fecha de la resolución– la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio ívila Cano, ya imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. Hasta hoy, el documento del SAE había permanecido oculto.
La Junta ha asegurado que no lo difundió en el momento de su aprobación hace dos años por “no ser obligatorioâ€. Sin embargo, afirma que da ahora ese paso para que “no se siga especulando con a quiíén se le dieron o se les dejaron de dar (las ayudas)â€.
Facilidades para Ojeda
La publicación llega tan sólo una semana despuíés de que el Gobierno andaluz asegurara que no había concedido subvenciones sin justificar al exconsejero de Hacienda íngel Ojeda, detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la operación policial í“scar, una pieza de la operación Edu en la que se investiga la presunta malversación masiva que se habría cometido durante años con los fondos públicos para la formación de trabajadores en las ocho provincias andaluzas.
Pese a las reiteradas negativas del Ejecutivo de Susana Díaz, el documento publicado este lunes por la propia Junta demuestra que las empresas, asociaciones y fundaciones del entramado tejido por Ojeda para captar la mayor cuantía posible de ayudas tambiíén se habrían beneficiado de esa exoneración masiva. Al menos 44 subvenciones concedidas a diferentes sociedades de la red del exconsejero de Hacienda quedaron liberadas de detallar el uso que había tenido el dinero.
Las cifras son exorbitantes. Sólo 35 de esos 44 expedientes –otros nueve no han podido ser localizados– suman 16,2 millones de euros. El más elevado de todos ellos es una ayuda por valor de 1.941.336 euros concedida en 2011 por la Junta a la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, una de las muchas marcas blancas bajo las que se escondían los tentáculos de Ojeda. La UDEF le acusa de haber captado casi 50 millones de euros en ayudas irregulares.
