El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón ílvarez de Miranda, ha subrayado hoy en el Congreso que el Fondo para el Empleo y Sostenibilidad Local, la segunda fase del Plan E, no cumplió los objetivos con los que nació, en buena parte por los errores con los que fue diseñado por el Gobierno.
ílvarez de Miranda ha comparecido ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para informar sobre el informe de fiscalización de las actuaciones que realizaron los ayuntamientos españoles con cargo a ese fondo, que distribuyó más de 4.850 millones de euros para financiar 25.262 proyectos de inversión y 5.173 actuaciones de naturaleza social.
Se beneficiaron del mismo 8.705 municipios, 12 mancomunidades, 4 agrupaciones de municipios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Un fondo que cumplió su propósito, a juicio del senador socialista Nicanor Sen, quien ha destacado los 455.000 empleos que permitió crear o mantener, pero que, en opinión del diputado del PP Guillermo Mariscal, se convirtió en "un manual" de cómo no deben hacerse las cosas y contribuyó a elevar el díéficit a niveles insostenibles.
El parlamentario de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha coincidido en que el fondo fracasó, pero lo ha atribuido a la mala ejecución del mismo por parte de los ayuntamientos, por lo que ha defendido el papel del Gobierno como agente dinamizador de la economía y el empleo.
Criterio de población frente a necesidad
El presidente del Tribunal de Cuentas ha subrayado que el fondo no cumplió los objetivos con los que nació, en buena parte debido a que el dinero se repartió en función de criterios de población, con lo que se eliminó desde el principio la oportunidad de actuar donde las necesidades fuesen más acuciantes.
Alguna de las conclusiones del informe que refuerzan ese planteamiento es que sólo el 15 % de los entes locales priorizaron la creación de empleo como criterio para el reparto de las ayudas, cuando era uno de los principales propósitos del plan.
Según el Tribunal de Cuentas -que ha analizado en su informe 643 proyectos de inversión y 84 actuaciones sociales-, el 38% de los contratos se adjudicó a empresas que declararon que no iban a necesitar contratar nuevos trabajadores.
Y las empresas que se comprometieron a contratar nuevos trabajadores incumplieron ese compromiso en el 13 % de los contratos.
Además, casi una de cada tres entidades no incluyó en las cláusulas de los contratos la obligatoriedad de que el personal contratado estuviera en situación de desempleo.
De hecho, el 69% de los contratados ya estaban integrados previamente en las estructuras de las empresas.
De los trabajadores contratados procedentes del desempleo, un 27 % seguía trabajando en junio de 2013, un 11 % de ellos para la empresa que le contrató para realizar trabajos con cargo al Fondo.
Al margen del empleo, el Tribunal cuestiona que el 42 % de los contratos se hiciera por procedimiento negociado (el 88 % de ellos sin publicidad) y critica la demora en el inicio de las actuaciones, la falta de procedimientos y criterios de selección y la toma de decisiones políticas sin evaluar adecuadamente las diferentes alternativas.
