En la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo están representados de forma igualitaria el Gobierno y las patronales y sindicatos más representativos y a todos les acusan, en este informe de “menoscabo†de estos fondos públicos; de abusos en la subcontratación de los cursos y de falta de control y evaluación de las subvenciones gestionadas por ellos.
Así, el Tribunal de Cuentas, en el informe conocido hoy, es claro al denunciar “deficiencias e incumplimientos†en la ejecución de los planes de formación del año 2010. De todas estas irregularidades, la principal es “una excesiva subcotratación de la actividad subvencionada, difícilmente justificable en numerosas ocasionesâ€.
Según este organismo, la subcontratación en materia de subvenciones, tambiíén de formación, debe tener “un carácter excepcional†y, sin embargo, se ha convertido en práctica habitual de las patronales y los sindicatos.
De hecho, en 2010, este informe fiscalizador constató “un incumplimiento generalizado del porcentaje de subcontratación del importe de la actividad subvencionadaâ€, que tiene como tope el 50%, según la Ley General de Subvenciones. En concreto, el Tribunal ha probado que en el 75,6% de los 300 convenios firmados en la convocatoria de 2010 el porcentaje de subcontratación superó el citado 50%. Es más, en uno de cada cuatro de estos convenios (76) se subcontrató la totalidad de la subvención concedida.
Además, el informe critica el abuso por parte de patronales y sindicatos de la excepción legal que desde 2006 permite en el caso de las subvenciones para formación que no se pidan las tres ofertas que exige la ley para el resto de concesión de ayudas públicas. Así, critica que “de facto†muchas empresas que vienen prestando servicio a las organizaciones empresariales y sindicales se han convertido “en las beneficiarias de una cuantía significativa de la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo no a ellas, sino a patronal y sindicatosâ€.
En suma, el Tribunal de Cuentas cifra en 25,3 millones las cantidades de las subvenciones que se han adjudicado directamente, sin presentar las tres ofertas exigidas para el resto de subvenciones. Concretamente, el informe indica que en 2010 la Fundación Laboral de la Construcción –donde están CEOE, Comisiones Obreras y UGT del sector– adjudicó de forma directa 12,2 millones; la patronal de las pymes (Cepyme), 6,1 millones ( además de otros 1,6 millones para su propio plan de formación); CEOE, 4,3 millones y UGT, 1,1 millones.
De momento, a la espera de conocerse el contenido completo de este informe fiscalizador, se ignora quíé demandará el Tribunal de Cuentas para estas cantidades adjudicadas como consecuencia de una subcontratación que considera “excesiva y difícilmente justificableâ€. Podría reclamar el reintegro de lo que no se pueda justificar, ya que aunque la ley permite que no se pidan las tres ofertas, los receptores de la subvención sí deben justificar por quíé subcontratan a esa empresa en concreto, indican fuentes conocedoras de la normativa. Por ahora, el Tribunal solo demanda que se estudie la idoneidad de mantener la excepción a que las subvenciones para formación no estíén sujetas a la obligación de estudiar tres ofertas para subcontratar el servicio.
El informe de fiscalización de estos fondos correspondientes a 2010 tambiíén pone de manifiesto otras deficiencias. En concreto, “se ha comprobado una elevada multiparticipación en cursos por parte de numerososos alumnosâ€. Por ejemplo, el documento provisional señala que solo 398 alumnos efectuaron un total de 6.068 acciones formativas y resalta especialmente a “determinadas personas que hicieron más de 50 cursos†con cargo a la misma convocatoria de ese año. Esto es “contrario a los principios de igualdad y objetividad en el acceso a los planes de formación, así como a los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de recursos públicos, al verse limitado el acceso de otros alumnos a esta formación subvencionadaâ€, indica el Tribunal.
Además, critica la falta de control de estos fondos porque “las entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horario que permitieran determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formaciónâ€. Igualmente reprocha “incumplimientos†a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas, ya que se limitaron a medir la satisfacción de los alumnos mediante encuestas. Finamente, critica los bajos rendimientos financieros obtenidos, porque a pesar de que las entidades se beneficiaron de 426 millones de fondos públicos, solo les rentó 220.697 euros.
Respuesta de la Fundación Laboral de la Construcción
Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción emitió esta tarde un comunicado en el que consideró conveniente aclarar varias cuestiones. En primer lugar lamentó que se haya dado a conocer estas conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, sin que el estudio haya sido publicado en su integridad. "Esta fundación tuvo conocimiento el pasado mes de julio del anteproyecto del citado informe en la parte que le afectaba y presentó las oportunas alegaciones al mismo", subraya este organismo en un comunicado.
La fundación acusa al Tribunal de Cuentas de falta de rigor al manejar los conceptos de "subcontratación de la actividad subvencionada" y de "contratación de proveedores". Recuerda este organismo que la propia ley de subvenciones es bastante clara al definir quíé se considera subcontratación de actividades subvencionadas y diferenciarla de la contratación de servicios con proveedores. "Pero quizás se entienda mejor con un ejemplo: en una subvención para un plan de formación compuesto por diez cursos, se considera subcontratación el encargo a un tercero para la ejecución de uno o varios de esos cursos, pero no se considera subcontratación, por ejemplo, el alquiler de aulas a un proveedor o la compra de libros a otro", explica la nota.
El plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010, para el que se recibió una subvención de 41,6 millones de euros, estuvo compuesto por un total de 5.458 cursos. Para la ejecución de estos cursos la Fundación contrató servicios y materiales con más de 1.000 proveedores externos, por un importe de 32,8 millones de euros.
Tal y como recuerda en su informe el Tribunal de Cuentas, la Ley General de Subvenciones establece que el beneficiario de una subvención deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores cuando el gasto por adquisición de bienes de equipo o por prestación de servicios de consultoría o asistencia tíécnica supere los 12.000 euros, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
"En el caso del plan de oferta de la Fundación Laboral de la Construcción del año 2010, hubo proveedores que facturaron más de 12.000 euros, respecto de los cuales se aportó memoria justificativa de la contratación, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 43/2006. Estos proveedores suman una facturación total de 12,2 millones de euros, que es la cifra a la que parece referirse la nota de prensa, a falta de conocer el informe definitivo", sostiene la Fundación Laboral de la Construcción.
El propio Tribunal de Cuentas plantea en su nota de prensa estudiar “la idoneidad de mantener esa excepción recogida en la Ley General de Subvencionesâ€, lo que significa admitir que su utilización es perfectamente legal.
La Fundación Laboral de la Construcción quiso dejar claro con su comunicado que ha actuado siempre dentro de la legalidad y que ha intentado en todo momento utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, "lo que se puede inferir de la ejecución total del plan de formación subvencionado, con un total de 5.458 cursos y 86.411 alumnos certificados".
Por ello, la Fundación Laboral de la Construcción no puede admitir que en ese comunicado en el que se ve mencionada se utilicen expresiones como "desvío a empresas especializadas en formación -vía subcontratación- de la gestión de los fondos de formación".
"Desde la Fundación Laboral de la Construcción, nos parece impropia de una institución como el Tribunal de Cuentas esta forma de proceder, lanzando a los medios de comunicación una nota de prensa sobre un Informe de Fiscalización que aún no se ha hecho público ni se ha dado a conocer a las partes implicadas o afectadas por el mismo.
Empleo negocia con los agentes sociales mejoras en el sistema
La publicación de las primeras conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas tambiíén suscitó la reacción por parte del Gobierno. En una nota hecha pública por el Ministerio de Empleo, el Ejecutivo recuerda que "hoy contamos con un marco normativo distinto al existente en 2010".
Añade en su comunicado que las novedades introducidas anticipan la línea de recomendaciones que propone el informe de fiscalización, cuyo ámbito temporal es anterior a la Ley de la Reforma Laboral y la citada orden ministerial. Entre las novedades introducidas desde 2012, el departamento que dirige Fátima Báñez destaca:
La apertura a la competencia de la selección de proveedores de cursos de formación para trabajadores ocupados a los centros y entidades de formación debidamente acreditados. Ello supone un cambio de gran calado, en un sistema hasta ahora limitados a las organizaciones empresariales y sindicales.
Además, recuerda el Gobierno que se ha introducido la consideración de áreas prioritarias aquellas relativas a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos. Se persigue con la reforma adecuar la oferta formativa a esas áreas prioritarias.
Asimismo, ahora se establecen condiciones más estrictas para las posibles modificaciones que el beneficiario puede solicitar una vez concedida la financiación correspondiente. Y, por supuesto, dice el Gobierno que en el marco actual se limitan y suprimen determinadas partidas de gasto de difícil justificación. Por ello, Empleo asegura que el nuevo escenario ya supera algunas de las carencias que señala el Tribunal de Cuentas.
