La familia Botín no sólo tenía su fortuna oculta en el HSBC de Suiza (unos 2.000 millones, según las estimaciones más precisas), sino que utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quiíén estaba detrás de sus cuentas. Así se desprende de la documentación de la famosa 'lista Falciani' a la que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y cuyo contenido completo publicará en exclusiva en España a partir del lunes. A pesar de esta clara voluntad de ocultación, ni Hacienda ni el juez Fernando Andreu consideraron que existiera delito fiscal despuíés de que los Botín regularizaran su situación con el pago de 211 millones.
Esta lista es una relación de clientes con cuentas opacas en el HSBC que Hervíé Falciani, entonces empleado del banco británico en Ginebra, grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009. Las autoridades galas, a su vez, reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de nuestro país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales (hay muchas cuentas inactivas o vacías) a los que ha tenido acceso esta investigación internacional. El Confidencial publicará a partir de mañana los nombres más destacados de los españoles que aparecen en esta lista.
La familia Botín -los hermanos Emilio y Jaime, así como todos sus hijos, entre ellos la actual presidenta del Santander, Ana Patricia- era el único apellido ilustre presente en la lista conocido hasta la fecha. El escándalo salió a la luz cuando el juez Andreu de la Audiencia Nacional (el mismo que instruye ahora el 'caso Bankia') imputó a todo el clan en junio de 2011 pese a que ya habían abonado los 211 millones para cubrir el dinero defraudado y pensaban que con eso ya quedaba regularizada su situación. Sin embargo, la Agencia Tributaria no tenía claro si esa cantidad era correcta, por lo que dio traslado a la Audiencia, y el magistrado a su vez abrió una investigación para averiguarlo.
Esta inseguridad de Hacienda se derivaba de "la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades de diversa índole...etc.), creadas al socaire de los hechos ahora regularizados, el no fácil seguimiento de íéstas a lo largo del tiempo así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el elevado número de contribuyentes comprendidos en las actuaciones", como señalaron en su día los informes de la Inspección de Hacienda citados en sus autos por Andreu.
Un entramado para esconder a los titulares
En efecto, la documentación aportada por Falciani demuestra que los Botín utilizaron una verdadera telaraña de sociedades para esconder al máximo quiíén era el propietario real del dinero, la mayoría de las cuales están domiciliadas en los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Virgenes Británicas del Caribe (concretamente la isla de Tórtola), que a su vez figuran a nombre de numerosos testaferros.
La sociedad más importante del entramado se llamaba North Star y es a nombre de quien figuraban los cinco números de cuenta que los autos del juez Andreu atribuyen a Emilio Botín, fallecido el pasado mes de septiembre. Esta firma estaba domiciliada en Panamá -aunque tiene varias direcciones en Suiza- y fue disuelta el 19 de mayo de 2011, es decir, un mes antes de la imputación de la familia. Detrás de esta firma hay varias sociedades más domiciliadas en ese país que pertenecían al citado Emilio y a su hermano Jaime. Según fuentes conocedoras de la situación, la opacidad de Panamá permitía a la familia jugar con la compraventa de acciones del propio Santander
Uno de los testaferros de North Star, Jonathan James Low, estaba detrás de más de 20 sociedades domiciliadas en diferentes paraísos fiscales, la mayoría en la citada Tórtola. Asimismo, existen varios trustees (depositarios) que tambiíén poseen sociedades en las Islas Vírgenes. Entre ellos destaca Swissindependent Trustee, del que cuelgan los holdings Cilantro Holdings y Camelia Finance, que a su vez vuelven a estar relacionadas con el citado Low.
La familia adujo entonces que ese patrimonio procedía del dinero que sacó de España el padre de Emilio y Jaime, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, en la Guerra Civil cuando fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida. Es de suponer que este dinero cambió en varias ocasiones de entidad, puesto que la primera cuenta relacionada con los Botín en el HSBC se abrió en 1986, según la documentación consultada.
Andreu archivó la querella pese a la ocultación
Todo este entramado tenía la evidente intención de dificultar al máximo descubrir la procedencia del dinero, lo cual, unido a la cantidad defraudada, podría haber sido constitutivo de delito fiscal (esta figura requiere superar 120.000 euros de cuota al año y la existencia de una "conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar el pago"). Sin embargo, en un auto de 22 de mayo de 2012, Andreu decretó el archivo de la querella contra la familia Botín, al considerar que los banqueros habían pagado las deudas que tenían pendientes con los 211 millones y que dicha regularización "ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto, adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa", según el peritaje realizado por los propios inspectores de Hacienda.
Para este archivo, aduce la excusa absolutoria del art 305.4 del Código Penal: "Dicho precepto establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas (...), antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización". En el caso de la lista Falciani, Hacienda tomó la decisión -muy políémica en su momento- de tramitar estos impagos mediante un requerimiento de la unidad de regulación en vez de mediante la inspección, con lo que no se habían iniciado las actuaciones a las que alude el juez y, por tanto, los Botín podían librarse del delito.
El propio Andreu dejaba claro que eso no significaba que los Botín no hubieran cometido un delito ni que hubieran regularizado por arrepentimiento: "La Ley no juzga comportamientos morales ni la aplicación de la excusa está en función de móviles altruistas". Y añade que "se trata de una causa de exención de la responsabilidad criminal ajena al contenido de injusto y, probablemente tambiíén, de culpabilidad del hecho. Afecta exclusivamente al elemento de la punibilidad, excluyíéndola por razones eminentemente políticocriminales: la reparación (post-delictum) del perjuicio irrogado mediante el pago de las deudas exigibles eludidas".
Dentro de este entramado se encontraba el famoso 8% de Bankinter que tenía Jaime Botín y que tuvo que aflorar cuando regularizó la situación con el fisco. Ocultar tamaño porcentaje de una cotizada se considera falta muy grave, por lo que la CNMV le impuso la mayor multa de su historia: 700.000 euros. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha anulado dicha sanción porque la lentitud de Economía y CNMV hizo que se superase el plazo legal para tramitarla. El supervisor del mercado ha anunciado que puede volver a multarle, pero de momento no lo ha hecho.
Eduardo Segovia
