Florentino Píérez quiere que, como sucedió con el Castor y como presuntamente ocurrirá con las autopistas de peaje, el Gobierno se haga cargo de otra infraestructura que está a punto de ir a concurso de acreedores. Así se deriva de la propuesta de rescate que ACS (ver cotización) y su socio francíés Eiffage han presentado al Ministerio de Fomento y a los acreedores para evitar que el próximo 31 de marzo entre en vía muerta la empresa que gestiona el AVE que une España con Francia.
A falta de quince días para que venza el plazo por el que TP Ferro tiene que hacer frente al pago de 428 millones a un grupo de acreedores, ACS e Eifage, los dueños de esta sociedad que gestiona los trenes de alta velocidad que unen Barcelona con París, han hecho una propuesta a los dos Gobiernos para que aporten capital con el fin de evitar que esta línea fíérrea que fue inaugurada en 2012 por el rey Felipe VI entre en impago.
El plan consiste en que el Ministerio de Fomento aporte 100 millones de euros a fondo perdido, así como un alargamiento del periodo de pago de los críéditos. En concreto, piden poder pagar la deuda en 2034, dentro de 19 años, un periodo que BBVA, CaixaBank, Bankia y los fondos que compraron la deuda que en su día vendió Banco Santander consideran “una tomadura de peloâ€. No obstante, la propuesta es mejor que la anterior, en la que ACS e Eiffage solicitaron una prórroga de 40 años –hasta 2055– para hacer frente a los 420 millones que deben pagar en dos semanas.
La situación es muy complicada porque la ministra de Fomento, Ana Pastor, se niega a hacer una nueva aportación de capital a TP Ferro, a la que el anterior Gobierno del PSOE ya ayudó en diciembre de 2009 por el retraso en la puesta en marcha de la línea fíérrea. En aquel momento, el Estado le dio un príéstamo participativo de 54,77 millones, le hizo otra aportación de 54,10 millones y le alargó la concesión por tres años, hasta febrero de 2057.
Pastor se opone frontalmente a inyectar dinero público en una concesión privada por el escándalo que supondría que el Gobierno volviese a salir al auxilio de una constructora. Una políémica que coincide en el tiempo con la última reclamación de la patronal del ladrillo, Seopan, que la semana pasada reclamó a Mariano Rajoy que solucionase de una vez por todas la crisis de las autopistas de peaje si no quería enfrentarse a litigios por hasta 8.000 millones de euros.
Sin trenes, sin viajeros
Como ha sucedido con las autovías de pago y las radiales que bordean Madrid, el problema de TP Ferro es que el tráfico de trenes es muy inferior al previsto cuando entre el PP y el PSOE le dieron la concesión a ACS. Frente a los 80 convoyes proyectados a la semana entre Barcelona y París, apenas circulan 10 de pasajeros y 24 de mercancías, una cifra irrisoria porque además en el caso de los primeros van con una ocupación muy baja. En definitiva, se trata de una concesión condenada a perder dinero durante muchos años.
Por este motivo, Florentino Píérez ya pidió al Gobierno que le compensara con el reequilibrio patrimonial de la línea, es decir, con una subvención que le resarciera por los números rojos diarios. En concreto, TP Ferro presentó una demanda en un tribunal internacional de arbitraje de Suiza en la que exigía al Estado una indemnización de 93 millones, que crece en 3,6 millones cada mes.
El tribunal helvíético con sede en Ginebra todavía no se ha pronunciado sobre esta petición, pero sí lo ha hecho sobre otra denuncia de ACS y su socio galo en la que reclamaban al Gobierno un cheque de 350 millones por sobrecostes de una obra que ascendió a 1.200 millones de euros. Cuatro de los cinco jueces consideraron que la constructora de Florentino Píérez no tenía derecho a reclamar nada porque los problemas tíécnicos que se encontró al desarrollar el proyecto los tenía que haber calculado mejor.
Pese a la situación tan avanzada de preconcurso, TP Ferro no ha movido ficha hasta hace apenas unas semanas para evitar rascar el bolsillo, ya que su compromiso de aportaciones dinerarias tambiíén acaba el 31 de marzo, según el contrato de la concesión. Por tanto, o los acreedores le dan una prórroga, comodín que ahora no se contempla, o Rajoy tendrá que rescatar la línea fíérrea con dinero público
Agustín Marco
