El grupo español Marsans ha manifestado hoy su "total disconformidad" con el dictamen del congreso argentino que recomienda al Ejecutivo propiciar una ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria de vuelos domíésticos Austral y ha advertido de que, si prospera la expropiación, se encenderá "una luz roja" para la inversión española en Argentina.
Según Jorge Molina, uno de los representantes de Marsans en el directorio de Aerolíneas, los legisladores buscan la expropiación cuando se está "negociando una venta" cuyas condiciones fueron pactadas con el Gobierno en julio último y que para Marsans siguen vigentes aunque no hayan sido avaladas por el Parlamento argentino cuando aprobó en septiembre una ley de "rescate" de Aerolíneas.
Entre otros puntos, el acta de compraventa establece que en caso de discrepancias por el precio, las partes se comprometen a acatar la valoración que haga una consultora de prestigio internacional. Marsans rechazó aceptar un precio simbólico de un peso y una valuación del Tribunal de Tasación que considera nulo el valor de las compañías a raíz de que tienen un patrimonio neto negativo, según el balance de 2007. El Parlamento "hace un traje a la medida del Gobierno", ha asegurado el representante de Marsans, que se aferra a una auditoría que encargó al banco Críédit Suisse y que fijó el valor de las aerolíneas entre 330 y 546 millones de dólares.
Camino hacia la expropiación
En medios diplomáticos españoles han sorprendido las declaraciones del secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, en el sentido de que su Gobierno "hará cumplir la ley" y seguirá el camino hacia la expropiación. Dichos medios recordaron que el presidente del Gobierno español, Josíé Luís Rodríguez Zapatero, y la presidenta argentina Fernández han hablado en varias ocasiones del tema, y muy recientemente en la cumbre de El Salvador.
Para el gobierno español, insistieron las fuentes diplomáticas, existe un acuerdo firmado, precisamente, por Ricardo Jaime, en presencia del ministro de Planificación Julio de Vido y del embajador español, Rafael Estrella. "Esperamos que se cumpla", señalaron. Interrogados sobre si la expropiación acarrearía alguna consecuencia en las relaciones España-Argentina, aseguraron que la ruptura de cualquier acuerdo firmado por un gobierno "tiene siempre un coste, en un momento o en otro". No hubo comentarios sobre si la expropiación podría afectar a la visita oficial de la presidenta argentina a España, prevista para el próximo mes de febrero. "Falta mucho tiempo para eso".
Las mismas fuentes expresaron tambiíén su malestar por las manifestaciones del portavoz de Marsans Molina apelando a la intervención del Gobierno español. Molina afirmó ayer que la expropiación de la empresa debería ser considerada como "una luz roja" para los inversores españoles en Argentina. "El gobierno español habla con su propia voz", manifestó un portavoz diplomático.
