Distrito Federal— La economía mexicana se encuentra inmersa en una situación adversa de magnitudes internacionales: desaceleración del flujo del comercio internacional, caída de los niveles de producción, aumento de desempleo y sistema financiero vulnerable, entre otros factores.
Sin embargo, el problema del escaso crecimiento de la economía mexicana data de varias díécadas y su origen no es coyuntural, sino estructural.
El Grupo Huatusco, un grupo plural de economistas con diferentes visiones, ha llegado a la conclusión de que “el Estado mexicano ha sido capturado por grupos de poder y buscadores de rentas y ha perdido su capacidad para conducir a la economía por una senda de crecimiento con equidadâ€.
En esta situación, en Míéxico son cada vez más frecuentes las interrogantes y los juicios que se hacen sobre la economía de mercado. Surgen tentaciones para adoptar esquemas proteccionistas y de mayor intervención gubernamental en los mercados, lo que conllevaría el riesgo de eliminar los avances que la política de competencia ha logrado en su todavía corta experiencia.
Algunos ejemplos de sectores en los que este tipo de tentaciones ha cobrado mayor fuerza en los tiempos recientes son telefonía, servicios bancarios al menudeo y productos de la canasta básica.
Es claro que en algunos mercados de estos sectores persisten distorsiones que inhiben su libre funcionamiento, lo que ha conducido a una competencia menos vigorosa de lo que sería deseable y, por lo tanto, a un resultado ineficiente, con precios altos, baja calidad y opciones escasas para los consumidores.
En realidad, no se trata de una decisión de Estado contra mercado, en virtud de que ambos son imprescindibles para que la economía pueda funcionar de manera eficiente.
No se puede argumentar que la intervención del Estado es innecesaria y se debe dejar todo al mercado, así como tampoco se puede sostener que el Estado debe tomar las decisiones sobre las principales variables del mercado y limitar la capacidad de elección de los agentes económicos.
Lo fundamental es entender cómo y en quíé medida debe intervenir el Estado, definir los parámetros de su actuación con el fin de maximizar el interíés público. El criterio de la intervención gubernamental debiera ser el de desmantelar barreras artificiales a la entrada, eliminar distorsiones y ventajas exclusivas, así como salvaguardar y promover la competencia.
¿Por quíé promover la competencia?
La competencia y las políticas que ayudan a apuntalarla son elementos básicos de las regulaciones modernas, y con mayor frecuencia es adoptada por diversos países como medio para lograr eficiencia y crecimiento económico sostenido.
La política de competencia puede ser una herramienta efectiva para que los consumidores se vean favorecidos por la liberalización económica y la apertura comercial.
Cuando hay competencia, el ingreso real de los consumidores de bienes y servicios es mayor y la distribución del ingreso es menos desigual.
Los datos son contundentes. Carlos Urzúa, acadíémico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ha estimado que más de 30 por ciento del gasto de los hogares en Míéxico se destina a mercados con problemas de competencia (refrescos, jugos y agua, cerveza, medicamentos, leche, electricidad, telefonía móvil).
En estos mercados, los consumidores pagamos alrededor de 40 por ciento más en nuestra canasta de consumo de lo que pagaríamos si hubiera competencia.
Asimismo, los monopolios no sólo deterioran la eficiencia económica y nos cuesta más tenerlos, sino que tambiíén pueden dañar la distribución del ingreso, cuyos efectos son aún más graves para los grupos de menor ingreso, por lo que en las regiones más pobres de nuestro país la píérdida de bienestar de los consumidores puede ser significativa.
Como ha dicho Isaac Katz, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de Míéxico, en nuestro país “pensar en el 2010 implica empezar a diseñar e instrumentar un marco institucional que alinee los incentivos individuales y de las empresas en el marco de una economía de mercado, con el objetivo de lograr tasas de crecimiento económico alto y sostenido, acompañadas de un aumento tambiíén sostenido de los salarios realesâ€.
Por otra parte, la competencia impulsa la competitividad de la economía, fomenta la inversión y el empleo y genera mayor crecimiento económico.
El año pasado, Míéxico pasó de la posición 52 a la 60 en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, podría observarse que buena parte de las variables que explican la caída en la competitividad de la economía nacional están relacionadas con la falta de competencia.
Si en estas variables lográramos ubicarnos en niveles de países comparables con Míéxico (Brasil, Chile, Corea, Turquía, Sudáfrica, entre otros), daríamos un salto de 20 posiciones en este índice.
Además, cuando existe competencia, los recursos públicos tienen un mayor impacto multiplicador. Por ejemplo, desde hace poco más de dos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió cambiar su mecanismo de asignación en la compra de medicamentos por uno en el que se promoviera mayor competencia, lo que ha significado ahorros de alrededor de 19 mil 600 millones de pesos.
El problema de la falta de competencia en Míéxico y su impacto sobre el crecimiento económico ha sido identificado no sólo por la Comisión Federal de Competencia (CFC), sino por diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como por instituciones de investigación nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Foro Económico Mundial. Asimismo, diversos participantes en el foro Míéxico ante la crisis: ¿Quíé hacer para crecer?, como Denisse Dresser, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Macario Schettino, lo han indicado con mucha claridad.
En este sentido, es urgente que el Estado mexicano asuma el liderazgo en dos vertientes principales: por un lado, debe promover un marco regulatorio eficiente, así como fortalecer su actuación reguladora en los mercados mediante órganos reguladores con un diseño institucional que garantice su autonomía, coherencia y transparencia; por el otro, debe fortalecer los mecanismos que regulan el comportamiento anticompetitivo de los agentes económicos.
Dado el impacto horizontal en la actividad económica que tienen los sectores regulados (telecomunicaciones, transporte, energía y servicios financieros), resulta crucial promover reformas procompetitivas a su marco regulatorio para mejorar el desempeño de la economía en su conjunto en tíérminos de mayor eficiencia.
Es necesario pasar de un marco regulatorio con altos costos de transacción para su funcionamiento, a un marco regulatorio procompetitivo que elimine distorsiones, estructuras de mercado anticompetitivas, barreras artificiales a la entrada y que sea tutelado por instituciones reguladoras sólidas que hagan cumplir las reglas del juego y que se aseguren de que todos los jugadores compitan orientados a la eficiencia, a la innovación y a la productividad.
La CFC ha trabajado con el Congreso en diversas opiniones, abarcando un amplio rango de temas, tales como: convergencia tecnológica, sistema de ahorro para el retiro, servicios bancarios al menudeo, aeropuertos, entre otros.
Se han tenido logros importantes en tíérminos de reformas procompetitivas a leyes sectoriales, así como medidas para agilizar el comercio exterior de mercancías, lo cual sin duda fortalece la eficiencia de la economía.
Sin embargo, todavía persisten espacios de oportunidad para seguir avanzando y consolidar la competencia en los mercados de los sectores regulados.
Mayor competencia en estos sectores redundará en una economía competitiva y atractiva para la inversión, lo que a su vez generará crecimiento y creación de empleos.
Asimismo, deben promoverse instituciones reguladoras cada vez más fuertes e independientes, que estíén separadas de las decisiones políticas y cuyas resoluciones se apeguen estrictamente a consideraciones tíécnicas y económicas. Evidentemente, al mismo tiempo es necesario fortalecer la rendición de cuentas de estos reguladores ante la sociedad.
En lo que se refiere específicamente a la Comisión Federal de Competencia, existen tres puntos centrales para fortalecerla: mayores sanciones económicas; sanciones penales para casos de prácticas monopólicas absolutas; y la posibilidad de que los consumidores reclamen daños y perjuicios.
En 2006 el Congreso de la Unión aprobó reformas que implicaron un avance importante en la consolidación de la política de competencia en nuestro país; no obstante, aún es necesario fortalecer la CFC, sobre todo en lo relativo a sus capacidades de sanción.
En primer lugar, el monto máximo vigente de las sanciones económicas por violaciones a la ley de competencia se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales, por lo que no tienen un efecto correctivo y disuasivo real.
De acuerdo con las mejores prácticas internacionales y legislaciones de competencia de países como Brasil, India, Costa Rica y Australia, las multas económicas están basadas en el porcentaje de ventas totales anuales de la empresa, que puede alcanzar incluso el 10%.
En segundo lugar, la práctica internacional tambiíén contempla sanciones penales para las conductas más lesivas al proceso de competencia y libre concurrencia, que son los acuerdos o colusiones entre competidores para fijar o manipular precios, segmentar mercados, restringir la oferta o coordinar posturas en licitaciones o subastas, debido a que estas prácticas tienen efectos directos negativos sobre la eficiencia de los mercados y el bienestar de la población. Este es el caso de países como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Sudáfrica.
En tercer lugar, se necesitan medios efectivos para que los consumidores y empresas afectadas por una práctica monopólica puedan reclamar daños y perjuicios a los agentes económicos que las hayan cometido.
En estos tres ámbitos ya existen propuestas de reformas que están en discusión en distintas comisiones del Congreso de la Unión. La aprobación de estas medidas consolidaría la política de competencia, lo que permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad, la inversión y el empleo, y conduciría a la economía mexicana por una senda de crecimiento más elevado y sostenido.
En otras palabras, se trata de reformas que anteponen el interíés público a cualquier interíés particular.
Míéxico tiene empresarios muy talentosos, capaces de competir de manera exitosa en los mercados internacionales. Así lo han demostrado. Promover y fortalecer la política de competencia en nuestro país no busca interferir en sus decisiones de negocio, sino asegurar que todos los agentes económicos jueguen en una cancha pareja, donde otros nuevos agentes, igual de exitosos, tengan más oportunidades económicas.
El Estado tiene la responsabilidad de velar por mercados más eficientes, y la mejor manera de hacerlo es promoviendo una mayor competencia, que conduzca a mejores precios, mayor oferta y mejor servicio, en beneficio de los consumidores en lo individual, pero tambiíén de la competitividad del país.
Cuidar la competencia es cuidar a los consumidores mexicanos, empresas y personas, es proteger el interíés público por encima de cualquier interíés particular. Esa es la responsabilidad de todos los órganos del Estado. Sólo a travíés de la aplicación de una sólida política de competencia se minimizarán los costos de la crisis actual y se sentarán las bases para que la economía crezca nuevamente en el menor tiempo posible.
Presidente de la Comisión Federal de Competencia
