Desde el Ministerio anticipan que la regulación se centrará tan sólo en las grandes figuras políticas, por la excesiva carga de trabajo que supondría inspeccionar a alcaldes y concejales.
El Gobierno estudia dar marcha atrás en sus planes de aumentar la vigilancia sobre alcaldes y concejales ante presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
Esta medida se enmarca dentro del anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales en el que está trabajando el Ejecutivo y que ya ha sido sometido a audiencia pública –que adelantó EXPANSIí“N el pasado 27 de abril–. Una vez se debatan las observaciones recibidas, esta regulación tendrá que ser votada por el Parlamento.
Inicialmente, la intención del Gobierno era que todos los cargos políticos españoles de relevancia fueran investigados con minuciosidad. Hasta ahora tan sólo se inspeccionaba a los mandatarios con cargos de relevancia en el extranjero. Así, ahora, una vez que entre en vigor la ley, los políticos nacionales, salvo presumiblemente alcaldes y concejales, tambiíén tendrán que responder por sus movimientos de capital.
Así lo aseguró ayer Raquel Cabeza, consejera tíécnica de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía y Hacienda, durante unas jornadas de banca privada. Para la consejera tíécnica, los políticos, en gran medida, “ofrecen un riesgo objetivo de blanqueo de capitalesâ€.
Cabeza explica que la posible decisión de retirar a alcaldes y concejales del texto de la ley prevención de blanqueo de capitales se debe a la enorme carga de trabajo que supondría vigilar a todos estos cargos públicos y a sus familias. “Son difíciles de controlar, pero tambiíén los más problemáticosâ€, señala la consejera tíécnica.
Junto con la inclusión de los políticos entre los colectivos en los que más pone el foco la ley, Cabeza destaca la consideración del fraude fiscal como una forma de blanqueo de capitales. “Desde el momento en que unos fondos que deberían ser entregados a la Agencia Tributaria pero se defraudan, los mismos adquieren la presunción de blanqueo de capitalesâ€, explica Cabeza.
Otra de las novedades de esta ley es que se ampliará su ámbito a todos aquellos delitos tipificados en el código con una pena superior a un año, por los tres años que marcaba la anterior regulación.
Tambiíén se incluye en el anteproyecto todo lo referente a blanqueos relacionados con el terrorismo.
Sanciones
Todo tipo de personas jurídicas están obligadas a seguir una serie de requisitos para luchar contra el blanqueo de capitales. Entre ellas figuran las entidades de críédito, las empresas de servicios de inversión, las aseguradoras, las gestoras, los notarios, los abogados, los casinos de juegos y los promotores inmobiliarios, entre otros.
Entre las exigencias a las que tienen que hacer frente estas entidades están la de identificar a todos sus clientes; guardar toda la información reunida durante al menos diez años; formar a sus empleados; y comunicar todas las anomalías que encuentren.
El Gobierno baraja diferentes multas para las entidades que no cumplan con su cometido. En el caso de las graves, las más frecuentes, la empresa puede tener que llegar a pagar el 1% de sus recursos propios o el doble del importe afectado por la operación, junto con una amonestación que puede ser pública o privada.
Para los incumplimientos muy graves, en los que despuíés de recibir un aviso la entidad se niega a colaborar con los organismos públicos, el Ejecutivo puede exigir el pago de hasta el 5% de los recursos propios de la entidad, además de la revocación de la licencia de la entidad o una amonestación pública.
“Las sanciones de carácter reputacional son las que más preocupan a las entidades, por encima de las económicasâ€, asegura Cabeza.
Un reto para la banca privada
Junto con los políticos, la banca privada es otro de los sectores que pretende vigilar con más eficacia la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales. Los banqueros privados trabajan con grandes patrimonios de los que realizan una planificación financiera integral, por lo que tienen acceso preferente a sus principales variables.
Aun así, una de las ventajas que ofrece la banca privada a sus clientes es la discrecionalidad, que se podría ver rota por esta regulación. Durante el año pasado, la entidad suiza Vontobel fue investigada por presunta evasión fiscal. Según aseguró ayer Raquel Cabeza, esta inspección extraordinaria se debió a la falta de documentación de algunos de sus clientes.
