Los Presupuestos Generales de 2010 recogen un aumento medio del 4% en la cuantía de las pensiones mínimas. Esto se traduce en un incremento de aproximadamente unos 30 euros para cada jubilado. Para cumplir sus promesas electorales, Zapatero deberá aumentarlas un 18% más entre 2011 y 2012. Unos 124 euros adicionales en sólo dos años.
La herencia que dejarán los Presupuestos Generales de 2010 se alarga, al menos, hasta el final de la legislatura. No son pocos los malabares que el Gobierno deberá hacer: reducir el creciente díéficit, sacar partido al aumento de impuestos y no descuidar el gasto social. Sin embargo, los compromisos a los que ha llegado el presidente Josíé Luis Rodríguez Zapatero prometen complicar aún más los futuros ejercicios presupuestarios. No sólo la moderación salarial de los funcionarios deberá ser compensada de golpe en 2012. La leve calma con la que se ha incrementado hasta ahora las pensiones es tan sólo la que precede a la tempestad de los próximos años.
Zapatero aseguró en 2008 que si resultaba reelegido elevaría un 26% las pensiones mínimas durante la segunda legislatura. Si bien es cierto que durante su mandato la cuantía de estas rentas ha vivido el mayor aumento de su historia, el objetivo marcado en las últimas elecciones queda aún lejos. Los pensionistas jubilados con cargas familiares deberán llegar a percibir 850 euros mensuales, frente a los actuales 696 euros. Así, la comprensible reducción del incremento del gasto en 2010 (un 1% las universales y un 2% las mínimas) sólo aplaza y acumula el aumento pendiente.
"Las pensiones mínimas habrán crecido entre un 5% y un 13% a finales de 2010", explica Carmen López, secretaria de Política Social de UGT. De cumplirse el contenido de los Presupuestos Generales durante 2010, el Gobierno deberá aumentar luego una media del 18% estas rentas en los dos años siguientes. Teniendo en cuenta que según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el alza programada para el próximo ejercicio (algo superior al 4% de media por persona) tendrá un coste de 550 millones de euros, el resto de la legislatura soportará un incremento del gasto en pensiones de más de 2.000 millones adicionales.
Así, un jubilado de 65 años con cónyuge a su cargo (hoy existen 285.460 personas en este supuesto) recibirá 725 euros al mes el año que viene. Unos 35 euros más que en 2009, creciendo sus ingresos un 4,17%. En los dos ejercicios siguientes el ritmo de subidas deberá acelerarse, hasta que perciba 124,8 euros mensuales más.
Mesa de trabajo
Las centrales sindicales conocen las serias dificultades que afronta el Ejecutivo en su lucha por salir a flote de la crisis económica y paliar la destrucción de empleo. Por eso, aceptan sin hacer demasiado ruido la moderación que destilan los Presupuestos Generales de 2010 en materia de pensiones. No obstante, a cambio han pactado la creación de un grupo de trabajo en el que participan CC OO y UGT, que junto con los tíécnicos del Ejecutivo están marcando la hoja de ruta de los dos próximos años.
De la labor de esta mesa nacerá la articulación de los incrementos que el Gobierno tiene pendientes en materia de pensiones. A íéstos, hay que sumarles un aumento del gasto en los llamados complementos a mínimos. Se trata de las aportaciones compensatorias que se añaden a los pensionistas que no han cotizado lo suficiente como para percibir la cuantía mínima. El coste, que ronda los 6.000 millones de euros -y subirá según crezcan las pensiones más bajas- debería sufragarse vía impuestos. Sin embargo, tradicionalmente se ha cubierto con cotizaciones sociales. La Comisión del Pacto de Toledo acordó que la situación se revertiera y que en 2010 el Estado aportara ya 2.700 millones del total. De nuevo, los incrementos realizados -a razón de 300 millones más por año- van dejando un poso difícil de tragar. Al tíérmino de la legislatura, el país deberá asumir el pago de otros 3.300 millones.
Funcionarios, compensaciones y otras cuentas pendientes
El calendario que el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, tiene para postergar los pagos a los que se ha comprometido tiene un horizonte limitado. Por el momento, acaba en 2012. Para entonces ha dejado el incremento de las pensiones mínimas, la cobertura con impuestos de algunas partidas que siguen sufragándose con cotizaciones y la compensación a los funcionarios. Con ellos, el Ejecutivo ha pactado una senda salarial de aumentos moderados (un 0,3% en 2010) hasta el último año de legislatura, cuando recuperarán el poder adquisitivo perdido. Guardar estos desembolsos debajo de la alfombra conlleva un riesgo. Se pretende asumirlos cuando España seguirá inmersa en la crisis, según prevíé el FMI. Además, si se hace frente a estas compensaciones cuando está programado, su pago precederá a las próximas elecciones. Periodo delicado, íéste, para incumplir las promesas que se han hecho al electorado o para desembolsar dinero a grandes colectivos (como los funcionarios y jubilados), ya que le convertirá en objeto de crítica de la oposición.
