La caída de ingresos y la falta de liquidez para hacer frente a las facturas pendientes ha disparado los críéditos a corto plazo de los ayuntamientos. Entre enero y marzo solicitaron 3.897 millones de euros, lo que supone un incremento del 60% respecto al anterior trimestre.
La prohibición de endeudarse a largo plazo a partir del 1 de enero de 2011 no ha pillado con el pie cambiado a los ayuntamientos. Antes de que el Ejecutivo aprobara el decreto de finales de mayo en el que no permitía a las entidades locales acudir al endeudamiento a más de doce meses, las entidades locales ya tomaron cartas en el asunto y variaron de forma radical la manera de financiar sus gastos pendientes.
De este modo, los municipios han paralizado la solicitud de príéstamos a largo plazo ante las dificultades para obtenerlos (la concesión de críéditos por parte de las entidades financieras está prácticamente bloqueada desde principio de 2009) y se han volcado en la solicitud de príéstamos a corto plazo (el plazo de devolución se limita a doce meses) para intentar financiar los gastos no cubiertos por el desplome de los ingresos.
En marzo, último dato disponible, la deuda de las entidades locales se elevó a máximos históricos (36.085 millones), de los que 33.646 eran príéstamos solicitados a bancos y cajas de ahorro. De ellos, cerca del 90% correspondió a críéditos a largo plazo, mientras que apenas un 10% se destinó a críéditos a menos de doce meses. Pero, al margen de los datos absolutos, la deuda local con los bancos mostró un brusco cambio de tendencia. Los críéditos a largo plazo cayeron por primera vez en un año, mientras que los de corto plazo crecieron en 1.500 millones en tan sólo tres meses, lo que representa un avance del 60% en tasa intertrimestral.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) confirman ese cambio de tendencia y admiten que íésta se ha agravado en los últimos meses por la merma de los ingresos, a la que se ha unido una factura adicional: 1.500 millones de euros que tendrán que devolver en los próximos cinco años. Esa cifra corresponde a las transferencias que las entidades locales recibieron de más en 2008, ya que el cálculo de ingresos estimado por el Estado fue demasiado optimista. En la misma situación se encuentran las comunidades autónomas, que tendrán que devolver 5.500 millones. En ambos casos, el Ministerio de Economía ha establecido un periodo de pago de cinco años, lo que supondrá una factura anual para las entidades locales de 300 millones.
El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Bustos, alerta de un posible colapso financiero durante el próximo año, por lo que solicita, al igual que lo han hecho un gran número de ayuntamientos, que se establezcan salvedades a la prohibición. Esa situación límite ya se ha producido en algunos municipios, como Xerez (Cádiz), que ha decretado la suspensión de pagos, o Rodá de Bara (Tarragona), que ha presentado un expediente de regulación de empleo ante la incapacidad para pagar las nóminas.
Y la excepción más importante que quieren que se introduzca es la de permitir el recurso al endeudamiento a los municipios más saneados. El presidente de la Federación Asturiana de Municipios, Juan Fernández Pereiro, defiende que los municipios con menor nivel de deuda no se pueden ver penalizados por aquellos que no han hecho los deberes. El otro gran caballo de batalla es que el Estado permita financiar, con cargo al endeudamiento, las inversiones plurianuales o aquellos proyectos cofinanciados con otras administraciones.
A la espera de optar a la línea de 3.000 millones del ICO
La FEMP espera que a primeros de septiembre el Ejecutivo cumpla con la enmienda introducida en la reforma de la Ley de Morosidad, en la que se comprometía a crear una línea ICO de 3.000 millones para que los municipios pudieran saldar las deudas con sus proveedores.
Ese plazo no se ha cumplido, ya que el texto fue publicado el pasado 7 de julio, aunque fuentes del Ejecutivo achacan ese retraso a la complejidad tíécnica de esa medida y a la coincidencia con agosto, mes en el que un gran número de trabajadores está de vacaciones.
La anterior línea del ICO para saldar la deuda municipal apenas tuvo aceptación entre los ayuntamientos y fuentes del ICO prevíén que pueda ocurrir algo similar en este caso, ante las dificultades de los consistorios, en especial de los más pequeños, para justificar de forma documental los gastos y los ingresos.
Desde la FEMP, sin embargo, prevíén que funcione mejor, ya que los impagos no se descontarán del dinero que les transfiere el Estado, si no que procederá del nuevo sistema de financiación local.
