EN ESPAí‘A HAY ACTUALMENTE CASI 4.000 ENTIDADES ESTATALES, AUTONí“MICAS Y LOCALES.
El agujero es colosal, y ronda ya el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda de las casi 4.000 empresas, fundaciones y consorcios de capital público, tanto las de ámbito estatal como las autonómicas y locales, se ha disparado un 167% desde que gobierna Josíé Luis Rodríguez Zapatero, pasando de los 19.444 millones de euros en 2004 a más de 52.000 millones en el segundo trimestre de este año.
Estos demoledores datos fueron exhibidos ayer por el PP en el Congreso como principal argumento para reclamar al Gobierno una profunda reestructuración del sector público empresarial y fundacional que permita reducir su fuerte endeudamiento y hacer más transparentes sus cuentas. Pero la proposición no de ley, defendida por la portavoz adjunta de los populares, Fátima Báñez, fue tumbada con los votos del PSOE y sus dos socios del último tramo de la legislatura, el PNV y Coalición Canaria.
Sólo en el ámbito estatal la deuda alcanzó en el segundo trimestre de 2010 los 27.300 millones de euros. Esta cifra representa un crecimiento del 184% en los últimos seis años. A finales de 2004, pocos meses despuíés de la llegada de Zapatero a La Moncloa, el endeudamiento de las empresas públicas dependientes del Estado ascendía a 9.600 millones de euros, según expuso Báñez desde la tribuna del hemiciclo.
"El uso masivo de estas entidades", afirmó la portavoz adjunta del PP, en alusión a las 3.940 empresas, fundaciones y consorcios de capital público que hay actualmente en España, "tiene como fin en algunos casos eludir las restricciones impuestas al endeudamiento por el Pacto de Estabilidad y las leyes de estabilidad presupuestaria, puesto que esos pasivos no computan dentro de lo que se denomina deuda pública". Y añadió: "Estamos, por tanto, ante un endeudamiento que podríamos llamar extrapresupuestario y creativo".
Aluvión de irregularidades
Esta proliferación de sociedades adscritas de una forma u otra a las diferentes administraciones, que escapan a los controles de la contabilidad pública, puede agravar a medio y largo plazo, a juicio del PP, la situación de las finanzas del Estado. Sólo en 2008, la Intervención General del Estado detectó irregularidades en las cuentas de más del 30% de las empresas y fundaciones públicas de ámbito estatal, según el PP, que reclama más "transparencia de la información sobre las cuentas del sector público empresarial y fundacional".
La proposición no de ley derrotada ayer en el Congreso exigía al Gobierno, entre otras demandas, que díé a conocer antes de tres meses un nuevo informe sobre el sector público empresarial, ya que el último data precisamente de 2008. Y que facilite una estimación periódica del montante total y desglosado de los compromisos fuera de balance de todas las administraciones, desde avales a contratos de obra con abono total del precio, pasando por arrendamientos financieros o concesiones de obra pública cubiertas por peajes blandos.
La diputada socialista María Josíé Vázquez, encargada de defender el no del PSOE a la proposición, reprochó al PP que trate de "sembrar dudas" sobre la transparencia de las cuentas públicas "con la que está cayendo". Y acusó a los populares de "manipular la información".
