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Autor Tema: El Gobierno auditará el gasto de las oficinas autonómicas del Inem  (Leído 280 veces)

Eguzki

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Además de esta medida de vigilancia, Trabajo les impondrá que desarrollen un “plan de choque” para atender a jóvenes y desempleados de larga duración.
El anuncio sorpresa del plan anticrisis que acaba de lanzar el presidente Zapatero verá hoy la luz en el Consejo de Ministros. Uno de los ingredientes del nuevo paquete de medidas pasa por meter mano en la gestión de las polí­ticas activas de empleo, una macrohucha que en 2011 contará con un presupuesto de más 7.000 millones de euros. Según el borrador al que ha tenido acceso EXPANSIí“N, el Gobierno someterá a un examen periódico a las comunidades autónomas para “medir el número de personas desempleadas que atienden” sus Servicios Públicos de Empleo (oficinas del Inem) y evaluará si la formación que reciben los parados les sirve realmente para encontrar un empleo.

Esta vuelta de tuerca se enmarca dentro del objetivo de una “estrategia española de empleo”, a la que, por cierto, ayer se refirió de pasada la secretaria de Estado, Mari Luz Rodrí­guez, durante la clausura de unas jornadas de la Fundación Empleo y Sociedad. Pero lo que no desveló la secretaria es que anualmente se fijarán unos “objetivos” homogíéneos entre todos los territorios, un ejercicio de transparencia sin precedentes y que, probablemente, creará cierto nerviosismo entre las administraciones autonómicas.

Y es que desde que comenzó la transferencia de las polí­ticas activas de empleo en 2001, las comunidades están acostumbradas a gastar estos fondos sin necesidad de someter a un exhaustivo control los resultados de sus actividades. El propio Ministerio de Trabajo admite el desconocimiento de los íéxitos o fracasos de sus programas. Sólo un dato: este año, el ámbito autonómico manejará 405 millones para la formación de ocupados y otros 854 millones para programas entre desempleados, según datos de la Fundación Tripartita (el organismo público que asigna las partidas de gasto).

Lo que no despeja el informe es quiíén se encargará de evaluar la “calidad y eficacia” de los servicios que prestan las oficinas del Inem y los “criterios de reparto” de los ciclos formativos que aprueben, un hueco que, presumiblemente, no estará exento de políémicas.

Respecto al papel “colaborador” de las agencias privadas de empleo, el informe revela pocas cosas. Tan sólo enví­a este mensaje a navegantes: las ETT deberán afanarse por recolocar a todo tipo de parados, independientemente de su perfil.

Es una advertencia al sector redundante, porque la reforma laboral ya preve que estos agentes deberán en el futuro procurar un empleo a todo tipo de desempleados, no sólo a los más formados y, por tanto, con mayores opciones de entrar en el mercado laboral. No obstante, al cierre de esta edición las negociaciones estaban abiertas y no se descartaban cambios en el borrador.

Otro de los flecos que quiere coser Trabajo es el abanico de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, unos incentivos que se han ido ensanchando con los años, de modo que son pocos los colectivos a los que no llegan. El Gobierno quiere poner coto a estas ayudas, ya que valora que se está abaratando de modo artificial el coste de contratación. Esta revisión supone un duro golpe para el tejido empresarial, ya que en 2010 se han destinado 3.000 millones a este fin, según datos de la Tripartita.

Los jóvenes, primero
Finalmente, la ambición de Zapatero de atender mejor a los parados no tendrá un alcance universal. Al menos en el corto plazo. El Gobierno quiere que en 2011 la red pública del Inem atienda primero a los parados jóvenes con díéficit de formación, procedentes de la construcción, mujeres o individuos que llevan más de un año en el paro. En 2012, la prioridad se extenderá a los mayores de 45 y ya en 2013 el trato personalizado se universalizará para toda la población desempleada. Este paso, admite el Gobierno, deberá acompañarse de más personal en los Servicios Públicos de Empleo.

Valeriano Gómez no da por perdido el ‘cheque parado’
- El pulso entre Moncloa y Trabajo por la conservación de los 426 euros para parados que hayan agotado su prestación no está en absoluto zanjado. Y el borrador que hoy lleva Valeriano Gómez al Consejo de Ministros, salvo sorpresa de última hora, es una prueba de ello.

- El informe asegura que “las previsiones existentes [de empleo] obligan a considerar la aprobación de nuevas prórrogas” del subsidio.

- En concreto, justifica que “mediante un esfuerzo de gasto relativamente bajo” (el programa ha absorbido “menos de 1.600 millones de euros desde su puesta en marcha” en julio de 2010) se han atendido “ a casi un millón de parados distintos”.

- A ello se une que hay un proyecto de ley paralizado en el Congreso que contempla dar una ayuda similar ,eso sí­, a la que sólo accederán quienes cumplan seriamente programas formativos. Los 1.500 orientadores anunciados están llamados a dedicarse a eso: a vigilar su formación.


La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamarí­a, anunció ayer que su grupo preguntará por ví­a parlamentaria al Gobierno cuáles son las razones por las que el presidente, Josíé Luis Rodrí­guez Zapatero, no acude a la próxima Cumbre Iberoamericana. Sáenz de Santamarí­a, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, adelantó la presentación de una serie de preguntas al Ejecutivo con el fin de saber quíé ha llevado a Zapatero a ausentarse del cónclave que en unos dí­as se celebrará en Mar de Plata (Argentina).

La idea del PP abunda en las crí­ticas que ayer profirió el lí­der del partido, Mariano Rajoy, a esa decisión del presidente, al que instó a explicar muy bien por quíé por primera vez dejaba sólo al Rey como máximo representante de la delegación española en una Cumbre Iberoamericana.

Sáenz de Santamarí­a, con todo, destacó que su ausencia en ese foro “pone en evidencia la improvisación del Ejecutivo”. Respecto a las medidas que anunció ayer Zapatero, la portavoz del PP pidió al presidente que presente un plan global contra la crisis que incluya reformas estructurales, y “no un plan de apaños” como el que incluye la rebaja fiscal a pymes, que verán que se amplí­a su base imponible.