Grecia va a reestructurar sus deudas, y va a hacerlo antes de mediados de 2013. Este es el mensaje enviado por el último sondeo de Reuters entre 55 economistas de toda Europa. De ellos, 46 ven una reestructuración en los próximos dos años, mientras que 4 veían esa reestructuración en los próximos tres meses.
Esta encuesta lo que pone de manifiesto es que los inversores no creen ni a Grecia, ni a la Unión Europea, ya que el pasado noviembre la UE declaró que la reestructuración de deuda de cualquier país miembro no se podría hacer efectiva antes de mediados de 2013.
Pero casi nadie cree que Grecia pueda durar tanto. Theodore Pelagidis, economista griego y autor del reciente libro “El colapso de la economía griegaâ€, afirma que “detrás de las cortinas, se está buscando una reestructuración. La simple realidad es que no podemos pagar nuestra deudaâ€.
En este supuesto, una reestructuración de deuda en Grecia, tendría profundas implicaciones para el resto de la zona euro y pondría en peligro su supervivencia, afirma el analista Paul Hannon de WSJ. Añade:
Mientras antes se produzca la reestructuración, mayor será el dolor de los bancos de la zona euro. Pero cuanto más tarde se produzca, los contribuyentes serán más conscientes de los esfuerzos que tienen que realizar para salvar la economía de otro país miembro, lo cual será una importante prueba de cohesión.
Según pasa el tiempo, las deudas del gobierno griego, irlandíés y portuguíés, se están transfiriendo del sector privado al sector público. Los inversores privados no están dispuestos a financiar a estos gobiernos, así que tras la maduración de la deuda, el FMI y la UE están tomando su lugar. Su cuota en la deuda de estos países cada vez es mayor.
Pero si uno de estos tres gobiernos buscara una reestructuración a partir de 2013, se enfrentaría a dos alternativas muy desagradables: Por un lado si no pagara su deuda a sus acreedores privados se cerrarían los mercados financieros en los próximos años, o tendría que pedir a otro país miembro de la eurozona una quita por su deuda. Esto último sería políticamente difícil de aceptar por los contribuyentes de países como Alemania, Francia, Finlandia o cualquiera de los otros países que estíén suministrando fondos a travíés del plan de rescate.
En 2013 por ejemplo, la deuda griega supondrá un insostenible 170% del PIB. La mitad de esa deuda estará contraída con la UE y el FMI, y el FMI tiene un estatus de acreedor preferente, por lo que deberá ser pagado el primero.
Para volver a un equilibrio, el gobierno griego tendría que hacer un impago de su deuda de la mitad de su cuantía total. Para ese fin Grecia podría dejar de pagar toda su deuda con el sector privado, pero los mercados financieros se le cerrarían durante muchos años, lo cual no sería viable. La alternativa sería la reestructuración de parte de su deuda a otras naciones de la UE, con el consiguiente malestar entre los contribuyentes de esos países.
El antecedente más cercano es la reestructuración de deuda del gobierno de Polonia a mediados de la díécada de 1990, con una reducción de la cuantía de alrededor del 45%, aproximadamente el mismo porcentaje concedido a Alemania en 1953.
En ambos casos, las deudas fueron legadas por regímenes anteriores, y hubo una comprensión por parte de los acreedores en este hecho.
Las deudas de Polonia fueron contraídas por un gobierno comunista no elegido por el pueblo, que trataba de compensar las deficiencias de sus políticas económicas con príéstamos del exterior para pagar los alimentos. En Alemania había una situación similar tras la Segunda Guerra Mundial. Las naciones acreedoras eran de la opinión de que una repetición de los tíérminos punitivos del Tratado de Versalles simplemente conduciría a Alemania a otra guerra, y que sería mejor si el nuevo gobierno, elegido democráticamente, fuera apoyado económicamente tanto como fuera posible.
Pero esta simpatía por estos dos países, y por el fin de sus respectivos regímenes, no es probable que se de con Grecia, Irlanda y Portugal. Habrá poca comprensión de esta crisis fiscal, como producto, al menos en parte, de fallos en las estructuras financieras de la zona euro. Sin ese reconocimiento, cualquier intento de reestructurar la deuda a partir de 2013 sería tan impopular que ningún líder de un país acreedor pudiera estar de acuerdo con ella. El gobierno deudor tendría entonces que suspender pagos de forma unilateral, y la respuesta sería un nivel de indignación que podría dar lugar a una salida forzada de la zona euro.
