Cada español carga una pesada mochila de deuda pública. Procede del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los cabildos y consejo insulares, de las diputaciones, de los municipios y de las empresas públicas que todos estos organismos utilizan como administraciones paralelas.
Cada uno de los 47,1 millones de residentes en España el primero de enero tiene el dudoso honor de soportar una deuda per capita de 12.665 euros, que es lo que le corresponde de los 566.897 millones de euros que alcanzaba la deuda del Estado al terminar el mes de marzo de este año. Pero la cantidad no queda ahí, ni mucho menos.
Las comunidades autónomas aportaban a finales de 2010, últimos datos homogíéneos otros 115.455 millones de euros por cuenta de su administración, a los que hay que añadir otros 17.284 millones correspondientes a las deudas contraídas por sus empresas y organismos públicos. Es decir otra factura de 132.739 millones de euros.
Pero tampoco se quedan ahí las cosas, porque los ayuntamientos y demás corporaciones locales, provinciales e insulares tambiíén tienen sus cuentas pendientes, que ascienden a 35.442 millones de euros, que se elevan a su vez a 9.063 millones de euros. O sea que hay que añadirle otros 44.505 millones.
Las autonomías, al detalle
Como es lógico la deuda del Estado está prorrateada entre todos los residentes, pero sería injusto hacer el cálculo grueso con la deuda autonómica y la municipal, porque ambas pueden despacharse al por menor. Y lo que alumbra este cálculo es que puede haber una diferencia de deuda per capita muy amplia de una a otra comunidad. La mayor, se produce entre Cataluña y Murcia, los dos extremos superior e inferior, que se cifra en 3.895 euros.
La deuda contraída por la Junta de Andalucía asciende a 12.176 millones, a los que hay que sumar 602 millones procedentes de las empresas públicas. Cada uno de los 8,415 millones de residentes soporta una deuda de 1.518 euros.
Si hablamos de los residentes en Aragón, la deuda soportada asciende a 2.901 millones de euros, que se elevan a 3.354 si se añaden las empresas públicas. Esto supone que cada residente en esta comunidad tiene sobre sus espaldas 2.493 euros. Para el caso de que el residente viva en Asturias, la presión de la deuda del Principado será de 1.913 millones, de los que 279 proceden de las empresas públicas. Esto hace que cada ciudadano tenga sobre sí 1.769 euros.
Baleares es la segunda comunidad autónoma en deuda por habitante residente. El Gobierno de las islas tiene acumulados 4.742 millones de deuda (678 millones proceden de las empresas y organismos públicos). A cada persona que estíé empadronada allí le corresponden 4.264 euros. En el otro archipiíélago, Canarias, los residentes salen mejor librados, ya que el Gobierno insular tiene algo menos de deuda contraída, 3.542 millones de euros, pero la población residente supera los 2,12 millones, lo que hace que cada uno de los canarios sobrelleve una deuda autonómica de 1.666 euros.
Algo más elevada es la deuda que soporta cada habitante de Cantabria, exactamente 1.748 euros, lo que le corresponde de un total de 1.035 millones del Gobierno regional, de los que 124 millones son atribuibles a las empresas y organismos públicos.
El cambio político registrado en Castilla-La Mancha puede encontrar alguna explicación en el hecho de que esta comunidad haya elevado en 2010 su deuda de manera muy considerable, el 35%. El resultado es que la deuda se ha situado en 6.758 millones de euros, con 939 de ellos correspondientes a las empresas y organismos públicos. Esto hace que cada castellano-manchego residente soporte una deuda de 3.198 euros.
Sensiblemente inferior es la deuda por habitante que tienen los castellano-leoneses, cuyo Gobierno mantiene viva un cartera de 4.643 millones de euros (349 millones del sector público empresarial), lo que implica 1.817 euros per capita.
Los problemas de desequilibrio fiscal de Cataluña tienen como expresión para cada uno de sus ciudadanos ser los que mayor deuda pública autonómica soportan, 5.268 euros, consecuencia de una deuda de la Generalitat de 31.886 millones, a la que hay que añadir otros 7.811 millones de euros de los organismos y empresas públicas. Tampoco andan mal los valencianos, que llevan sobre los hombros de cada uno de ellos una deuda de 4.043 euros, consecuencia de los 17.600 millones que tiene emitidos la Generalitat, más 3.068 atribuibles al sector público empresarial.
Extremadura tiene una deuda de 1.747 millones de euros, con sólo 18 millones correspondientes al sector público. Cada residente tiene sobre sí 1.592 euros de deuda regional. Galicia ha aumentado su deuda en una proporción elevada en 2010, el 26,2%, con lo que se ha elevado hasta 6.162 millones de euros, a los que sumar otros 214 del sector público. Cada residente en Galicia soporta una deuda regional de 2.282 euros.
La Comunidad de Madrid totaliza deuda por 14.974 millones, de los que 1.482 proceden de organismos y empresas públicas. Esto eleva la deuda regional por cada residente hasta 2.310 euros. Del otro lado, Murcia representa la contención mayor en la deuda regional por habitante, 1.373 euros, que se corresponden por una circulación de títulos de 2.017 millones. Es el único caso en el que no hay deuda de las empresas y organismos públicos.
La Comunidad Foral de Navarra tiene circulando 2.048 millones de euros de deuda, de los que 323 millones son atribuibles a empresas y organismos. A cada residente en el Viejo Reino le tocan 3.195 euros. En el País Vasco la deuda global es más elevada, 5.613 millones, con un sector empresarial gravado con 697 millones. Cada habitante tiene sobre sus hombros una deuda de 2.579 euros.
Por último, La Rioja, que es la comunidad autónoma menos endeudada en tíérminos absolutos, 729 millones de euros, no lo es tanto si hacemos el reparto por habitante, ya que íéste se eleva a 2.263 euros.
Los ayuntamientos cuentan
Si el lector ha tomado libreta para hacer el cálculo de la deuda total que soporta todavía debe esperar a conocer la deuda del municipio en el que reside. En el cuadro adjunto observará las cantidades globales de los municipios que no están entre los de población superior a 500.000 habitantes, a los que adicionar los de las diputaciones provinciales, las diputaciones forales, los cabildos y consejos insulares y junto a ello, los 9.063 millones de euros que deben entre los 3.400 entes públicos de diversa naturaleza de titularidad municipal.
El más sacrificado será el residente en la capital del Reino, que con sus 6.453 millones de deuda hace responder a cada uno de sus residentes por 1.971 euros.
Los residentes en la ciudad de Málaga tampoco van mal servidos. La deuda municipal asciende a 743 millones de euros, con lo que cada malagueño empadronado carga con 1.306 euros. Los habitantes de Zaragoza capital tambiíén arrastran una deuda importante, 1.107 euros per capita. Por encima de los mil euros (1.099 exactamente) tienen que soportar todos y cada uno de los residente en la ciudad de Valencia.
El caso de Barcelona difiere mucho del de la comunidad catalana, ya que, mientras la Generalitat supera con creces a todas, como se ha señalado, el municipio barceloníés mantiene una deuda relativamente moderada, si es que se puede aplicar este calificativo a la acumulación de díéficit sucesivos. El municipio barceloníés tiene emitidos 1.202 millones de euros, lo que supone para cada residente en la capital catalana 742 euros de la deuda compartida.
Entre las grandes ciudades, Sevilla se anota la menor presión de deuda en valores absolutos y tambiíén por habitante. La ciudad anota 454 millones de euros de díébito emitido, lo que representa para cada uno de sus residentes 644 euros. El resto de las capitales de provincia acumulan deuda por 3.922 millones y otros 14.357 millones tienen de deuda los municipios no capitales de provincia, lo que hace que el total de la deuda municipal alcance 28.769 millones de euros.
Las corporaciones provinciales tienen deuda pendiente por otros 6.357 millones, de los que 3.333 corresponden a diputaciones provinciales de ríégimen común; 2.039 millones a las diputaciones forales del País Vasco y otros 986 millones a los consejos y cabildos insulares.
Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla tienen emitido por 316 millones de euros.
í‰ste es el estado de la cuestión. Ahora queda conocer si existen los millones en facturas sin pagar que algunos dicen que hay en los cajones de las administraciones territoriales o si los Gobiernos autonómicos y locales han dicho la verdad a sus ciudadanos antes de someterse a las urnas.
