Autonomías y ayuntamientos llenan España de impuestos sobre el agua
Publicado en Expansión por C. Cuesta/ E. S. Mazo
Los municipios y las comunidades cuadran sus ingresos con impuestos medioambientales ante el retraso de la reforma de la financiación territorial y de la normativa sobre ‘eco impuestos’. Es la antesala del alza del coste total.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos no han frenado su deseo de regular impuestos verdes. Pese al retraso en el prometido alumbramiento de la normativa de eco impuestos y el parón sufrido en la pasada legislatura en la reforma de la financiación local y autonómica, los poderes territoriales han hecho uso de su potestad para regular todo un catálogo de impuestos: sobre el saneamiento del agua, por evacuación de aguas pluviales, por depuración, alcantarillado o suministro.
El resultado, según un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales y elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza, –al que ha tenido acceso EXPANSIí“N–, es una prolija combinación de impuestos sobre el agua, donde se entremezclan los de ámbito nacional con los regionales y municipales. Así, el Estado mantiene en todo el territorio el canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, una tasa que se paga por su ocupación, utilización y aprovechamiento. Su tipo puede rondar el 5% del beneficio obtenido gracias a esa utilización.
Tambiíén exige el canon de control de vertidos. Su cobro equivale al resultado de multiplicar o,o12 euros (para el agua urbana) ó 0,030 (para industrial) por un coeficiente que evalúa la naturaleza, características y contaminación del vertido. El canon de regulación del agua o la tarifa de utilización de agua (por obras públicas que benefician a determinados sujetos en particular) tambiíén se encuentran en esta lista.
Los entes territoriales tambiíén contribuyen a alargar esta lista. Las entidades locales están ya aplicando tasas y precios públicos (otro tipo de recargo fiscal) por servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, distribución de agua o vigilancia de alcantarillas particulares. Todas ellas con cobros dispares dependiendo del municipio que las haya aplicado.
El catálogo se completa con los cobros que exigen las comunidades. El más generalizado es el canon de saneamiento, con el que intentan incentivar el ahorro y gravar el vertido de aguas residuales –competencia que venían realizando los municipios–.
Durante este año lo aplican ya un total de once autonomías, con muy diferentes míétodos para el cálculo de la cuota del tributo, que puede superar los 35 euros por persona y año en la tarifa domíéstica. Por una parte, entre los usos domíésticos, hay Gobiernos regionales que establecen incluso un consumo mínimo por abonado y mes, como Asturias y Cataluña, si bien lo común es fijar simplemente una cuota fija y otra variable.
En los usos industriales, los criterios son más variopintos: unas optan, por ejemplo, por aplicar al consumo de agua el precio por metro cúbico establecido, es decir, sin tener siquiera en cuenta el grado de contaminación del vertido; otras sí corrigen esa fórmula con un coeficiente corrector en función de la carga contaminante; y otras muchas optan por mezclar criterios. No obstante, ninguno de estos míétodos, solos o combinados, impide que en muchos casos los incentivos a la reducción de emisiones contaminantes sean “reducidosâ€, según admite el informe.
Cuenta atrás para las subidas en la tarifa final
Europa aprieta. La Directiva Marco comunitaria del Agua obligará a España a que el precio del recurso se corresponda con su verdadero coste a partir de 2010. Esto supondrá una fuerte subida en España, donde ahora la diferencia entre lo que pagan los consumidores y el precio real del bien difiere, según los cálculos más optimistas de los expertos, en cerca de un 30%. En ese montante, por tanto, subirá el recibo del agua durante los próximos tres años, para que los usuarios pasen a hacerse cargo de los costes ambientales del suministro.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende que en España un metro cúbico de agua cuesta cerca de un euro, 3,5 veces menos que en Francia y cuatro menos que en Dinamarca. Así, el Gobierno debe dar ahora el paso definitivo para elevar el precio del agua, una medida que llega en el peor de los momentos: la crisis económica que azota ahora a todo el escenario nacional y que está deteriorando progresivamente el poder adquisitivo de los consumidores. En la pasada legislatura, las labores del Ministerio fueron dirigidas sólo a comenzar a establecer sistemas de incentivo del ahorro, para lo que pensó en tarifas diferenciadas por bloques de consumo.
Ahora bien, son muchos los que dudan de esas políticas, dado que el precio del agua de consumo urbano es fijado por cada Ayuntamiento. Los municipios son quienes tienen capacidad de decidir cómo distribuir los costes entre los diferentes usuarios. Es en este escenario en el que, casualmente, España se sitúa en el grupo de países que más tributos aplican al agua en la Unión Europea. Así, tanto la extracción, como el uso y vertidos y la contaminación están sometidos a cargas fiscales, situación similar en este caso a la de Francia o Alemania pero muy distinta de grandes economías como Reino Unido, donde sólo
