El Consejo de Ministros podría aprobar hoy la liberalización de la venta de tabaco en las tiendas de conveniencia (las que abren más de 18 horas diarias durante todo el año). La medida, que ya fue planteada en la anterior reforma de la normativa para acabar circunscrita a las gasolineras, no gusta a estanqueros y productores, que ven en ella una ventana a la competencia desleal y al contrabando.
El Gobierno estudia un decreto ley, que podría aprobarse hoy, para abrir la comercialización del tabaco a las llamadas tiendas de conveniencia (aquellas de menos de 500 metros cuadrados que abran más de 18 horas 365 días al año). Hasta ahora, la normativa limitaba la distribución sin recargo de este producto especial a estancos y tiendas de conveniencia situadas en gasolineras.
A falta de conocer el articulado exacto del decreto, los estanqueros difundieron ayer un comunicado rechazando la medida. En su opinión, la liberalización de la venta de tabaco significaría el desplome del mercado, dado que daría el visto bueno a su distribución en pequeños establecimientos que tambiíén abren hasta tarde pero que no siempre cumplen con la normativa de las tiendas 24 horas (los chinos o bazares asiáticos).
"Si el mercado del tabaco ya es difícil de controlar, con esta medida ya sería incontrolable y la entrada de producto falsificado podría ser masiva", apuntó ayer la Unión de Asociaciones de Estanqueros. "Además, no comprendemos en quíé puede ayudar a la recaudación fiscal que se venda en tiendas de conveniencia", añade.
Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le restan importancia a quíé tipo de establecimientos queden facultados para la venta de tabaco, aunque aseguran que los mencionados chinos quedarán excluidos en el decreto ley. La diferencia es, según fuentes de los estanqueros citadas por Efe, capital, dado que calculan que el 90% del tabaco falsificado que se vende en España proviene de China.
La amenaza para los estancos es evidente. Según fuentes del sector, los puntos de venta con recargo (por ejemplo, bares y restaurantes) están obligados por ley a suministrarse de tabaco de alguno de los tres estancos más cercanos al establecimiento. De no comprobarse la procedencia del gíénero, pues, en las tiendas a las que se faculte para vender cigarrillos, el sector estanquero podría verse gravemente perjudicado.
Los productores tampoco tienen claro que la medida pueda beneficiar sus intereses. Desde Altadis, perteneciente al grupo Imperial Tobacco, consideran que la liberalización de la venta de tabaco puede ser contraproducente. "Como vendedores, lógicamente queremos que haya el mayor número posible de puntos de venta, pero si estos no son controlados podría proliferar la venta ilegal y el contrabando", opina un portavoz de la tabaquera líder de España. Lógicamente, la liberalización de la venta aumentará significativamente el número de puntos de venta, por lo que su inspección será mucho más difícil.
Impulso a la comercialización
La opinión de las grandes cadenas distribuidoras, favorables de una mayor "flexibilidad regulada" de la venta del tabaco, es similar. Desde Anged, la patronal que reúne a gigantes como Carrefour, Eroski o El Corte Inglíés, sostienen que la venta reglada de productos de fiscalidad especial, como el tabaco y el alcohol, debería abrirse a más establecimientos, puesto que redundaría incluso en una mayor recaudación de cara a las arcas públicas.
Uno de los grandes perjudicados, de hecho, por la actual normativa es El Corte Inglíés, que según Efe habría negociado con la Administración para flexibilizar la ley. La compañía que preside Isidoro ílvarez achaca la caída del 4,1% en la facturación en el último ejercicio de sus tiendas de conveniencia Opencor (cuenta con 187) a la retirada del tabaco de las estanterías, excepto en el caso de estar en gasolineras, y a la prohibición de la venta de alcohol en algunas Comunidades Autónomas a partir de las 22.00 horas.
Una regulación dada a ser modificada
Desde que el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, entró en La Moncloa en 2004, la lucha contra el tabaco ha sido una de las constantes de sus administraciones. El primer movimiento en la restricción de su uso, dirigido por la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, fue obligar a colgar el cartel de "Prohibido fumar" en los bares y restaurantes de más de 200 metros cuadrados, a excepción de las zonas habilitadas para ello. Los establecimientos más pequeños podían elegir si consentían o no el consumo de tabaco.
La situación cambió notablemente el 1 de enero de este mismo año. Desde ese día, está prohibido fumar en cualquier tipo de establecimiento privado, así como en determinados espacios públicos.
En cuanto a la distribución del producto, el Ministerio de Sanidad, que asegura desconocer la medida que pretende aprobar el Consejo de Ministros, vetó esa misma propuesta durante las negociaciones que culminaron en el establecimiento de los espacios libres de humo. Según fuentes conocedoras del proceso, el departamento que ahora dirige Leire Pajín solo transigió a permitir la venta en tiendas de conveniencia restringiíéndolas a las que estíén situadas junto a gasolineras.
