El Gobierno será implacable a la hora de aprobar las fusiones que le presenten las entidades financieras en los próximos meses. No aceptará aquellas que puedan generar dudas al mercado sobre su viabilidad, aunque en un principio pudieran cumplir con los requisitos que marque la norma. De momento, una de las operaciones que más dudas provoca a los analistas es Bankia y su apuesta por pujar por Unnim u otra entidad más pequeña que ella.
El Gobierno no puede permitirse el lujo de que el mercado siga sospechando del sistema financiero español. Sabe que se juega mucho en las medidas que ha adoptado para reforzar la solvencia de la banca. "El mercado no perdonaría que en esta segunda oleada de fusiones hubiese dudas sobre ciertas operaciones. Ahora se requiere más contundencia en las fusiones de entidades que hace dos o tres años porque las exigencias del mercado son mayores. No puede fusionarse una entidad con otra cuya resultante no sea viable o levante sospechas", insistieron ayer fuentes del ministerio de Economía.
El Gobierno quiere evitar a toda costa que las entidades puedan formar parejas para su fusión solo para beneficiarse de un plazo más dilatado para acometer las provisiones extras, o que se puedan unir entidades que al final la resultante genere dudas al mercado.
De momento, una de las operaciones que generan más dudas es la posible compra de Unnim por parte de Bankia. Varias fuentes del mercado aseguran que, aunque un cambio de ley permite a las cajas con ayudas vía príéstamos del FROB puedan pujar por las firmas intervenidas, no son las operaciones que más conviene al sector si se quiere devolver la confianza del mercado.
Las entidades inmersas en procesos de fusión deberán presentar al Banco de España un plan inicial sobre su viabilidad económica antes del próximo 31 de marzo. Será la primera ventana que tendrá el Gobierno y el supervisor para saber si los proyectos que quiere acometer esa entidad reforzará su solvencia o no, aunque la prueba definitiva será el próximo 31 de mayo. En esa fecha las entidades inmersas en procesos de fusión deberán depositar en el organismo que preside Miguel íngel Fernández Ordóñez un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo, así como compromisos para ampliar o al menos mantener la concesión de críédito. El supervisor tendrá así un mes para contestar. La norma aprobada el 3 de febrero y publicada el sábado en el BOE fija en 12 meses a partir de la aprobación de una fusión el periodo que tiene la entidad resultante para sanearse y hacer frente a las nuevas provisiones para actualizar a precios de mercado sus activos inmobiliarios. Es decir, un año y medio, y no dos años como inicialmente comentó Economía.
El Gobierno prevíé mantener los esquemas de protección de activos (EPA) como ayudas por píérdidas que puedan aflorar en las entidades a subastar -Unnim, Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia-, como ya se hizo con Banco Sabadell cuando adquirió CAM. Fuentes de Economía reconocen, no obstante, que aún no se ha concretado definitivamente. Eso sí, estas ayudas vendrán del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que podrá emitir o pedir un príéstamo a la banca para financiarse.
Más plazo para Catalunya Caixa y Novagalicia
Al final Economía tendrá que respetar los plazos establecidos por el anterior Gobierno para que Catalunya Caixa y sobre todo Novagalicia salgan a subasta. Ambas entidades están controladas por el Estado y, a diferencia de Unnim o Banco de Valencia, contaban con un mayor plazo para ser subastadas, que vende a finales de septiembre. La dos firmas buscan aún inversores privados para que entren en su capital para sustituir al FROB.
Fuentes de Economía corregía así las dudas que se había generado la semana pasada, en la que se había interpretado que ambas entidades serían subastadas antes de junio. Las mismas fuentes aclaran que pese a que el objetivo es incentivar una segunda ronda de fusiones, "Catalunya Caixa y Novagalicia seguirán teniendo de plazo hasta finales de septiembre" para captar inversores.
La entidad gallega, de hecho, mantiene negociaciones con un inversor extranjero que podría adquirir el 90% del capital que tiene el Estado. Estos contactos son conocidos por el Gobierno y podrían concretarse en un mes y medio. De no ser así, Novagalicia saldría al mercado para que la adquiera el mejor postor. El nuevo real decreto de saneamiento del sistema financiero sí suprime para posteriores nacionalizaciones la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras o a terceros inversores propuestos por la entidad.
Mientras, el presidente de la entidad gallega, Josíé María Castellano, y su consejero delegado, Cíésar González Bueno, se mantendrán al frente de la firma pese a que las nuevas normas del Gobierno supondrán una rebaja de más del 65% de sus sueldos.
Rato afirma que Bankia pujará por Unnim
Bankia quiere participar en la segunda oleada de fusiones bancarias, pese a que ya ha recibido ayudas públicas y a que aparece como una de las entidades que deberá hacer los mayores esfuerzos de saneamiento. Su presidente, Rodrigo Rato, confirmó ayer en Ceuta que "está estudiando" la posibilidad de hacerse con Unnim, una de las entidades nacionalizadas y que será subastada por el Banco de España este mismo mes. Rato explicó que Bankia ya "ha hecho saber este interíés al Banco de España".
El pasado 13 de enero finalizó el periodo para la presentación de ofertas no vinculantes por Unnim. Además de Bankia han acudido a la subasta Santander, BBVA, Popular, Ibercaja y el fondo de capital riesgo JC Flowers.
La reciente reforma financiera aprobada por el Ejecutivo el viernes ha abierto la puerta para que Bankia pueda adquirir otra entidad, a pesar de haber recibido ayudas públicas procedentes del FROB 1. En la citada reforma se contempla que un proceso de fusión debe generar una entidad con un balance al menos un 20% superior al del banco de mayor tamaño, o del 10% en casos excepcionales. Esta excepción se ajustaría a Bankia, cuyo volumen de activos ronda los 300.000 millones de euros, y a Unnim, con 30.000 millones.
Con esta compra, Bankia conseguiría un año de plazo adicional para cumplir con los requisitos de provisiones marcados por el Gobierno en la reforma. Tambiíén tendría acceso a las nuevas ayudas del FROB para las entidades que se fusionen.
